Engracia Rivera Arias
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR · Spain
“Regular y atajar el abuso en la temporalidad en el conjunto de las Administraciones públicas sigue siendo una tarea ineludible para esta Cámara; que exista una búsqueda real de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas para nosotras es un paso en el camino correcto para reparar la situación en la que se encuentran tantos y…”
“La reforma parece alcanzar ese objetivo: sin desnaturalizar la jubilación parcial ni el contrato de relevo, introduce las adaptaciones imprescindibles para evitar que el contrato de relevo y la jubilación parcial queden privados de eficacia práctica en nuestras Administraciones públicas.”
“Esta reforma es fruto del acuerdo del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las organizaciones sindicales, que llevan desde 2024 reivindicando una solución adaptada a la función pública; pero también responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y de las entidades locales que necesitan herramientas adecu…”
“Apostar por ella es apostar por unos servicios públicos más fuertes, más eficientes y mejor preparados para afrontar los retos que vienen en las próximas décadas teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas públicas en nuestro país.”
“No podemos ignorar que su efectiva implantación exigirá resolver cuestiones de mucha complejidad, como la articulación del régimen adecuado para el personal que está en clases pasivas.”
“Buenas tardes, presidenta, diputados. Hoy, este real decreto ley que venimos a convalidar supone la recuperación práctica y real de un derecho para miles y miles de empleadas y empleados públicos de este país.”
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“Seguiremos trabajando para acabar con el abuso de la temporalidad, para recuperar plenamente los derechos de jubilación de todos los empleados públicos, y para garantizar que ningún empleado o empleada pública vea limitados sus derechos por el mero hecho de prestar servicios a la ciudadanía. Por todo ello, nuestro voto hoy será favorable a la convalidación de este real decreto ley. (Aplausos).”
“No podemos ignorar que su efectiva implantación exigirá resolver cuestiones de mucha complejidad, como la articulación del régimen adecuado para el personal que está en clases pasivas. Cuando estos desafíos encuentren esa respuesta normativa necesaria, podremos afirmar que la jubilación parcial dispone de un régimen plenamente coherente para el conjunto del empleo público sin discriminaciones. Dignificar el empleo público es también dignificar los servicios públicos. Recuperar derechos para quienes los sostienen cada día es la mejor manera de fortalecer el estado social y democrático que nuestra ciudadanía merece. Hoy damos un paso importante, pero no debe ser el último.”
“Regular y atajar el abuso en la temporalidad en el conjunto de las Administraciones públicas sigue siendo una tarea ineludible para esta Cámara; que exista una búsqueda real de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas para nosotras es un paso en el camino correcto para reparar la situación en la que se encuentran tantos y tantas empleadas públicas que continúan, hoy en día, padeciendo ese abuso, pero también configurar unas Administraciones públicas con unas tasas de temporalidad situadas en mínimos es imprescindible para el correcto funcionamiento de los servicios públicos. La ley de función pública, actualmente en tramitación, tiene que incluir una solución al abuso de temporalidad, pero también debe abordar la recuperación del derecho a la jubilación parcial del personal funcionario, eliminado en el año 2012.”
“Hoy vamos a poner solución a dos deudas pendientes con las empleadas y empleados públicos: por un lado, la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el personal laboral, y, por otro, la revisión de los complementos de insularidad de las Illes Balears. Pero todavía tenemos importantes desafíos por delante.”
“Apostar por ella es apostar por unos servicios públicos más fuertes, más eficientes y mejor preparados para afrontar los retos que vienen en las próximas décadas teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas públicas en nuestro país. El nefasto Gobierno del señor Rajoy derogó el artículo 67.1.d) del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante un Real Decreto Ley, el 20/2012, y con ello le cerró el acceso a la jubilación parcial al personal funcionario. Aquella decisión supuso un retroceso incomprensible e inaceptable, solo entendible desde la óptica neoliberal que ha considerado siempre el empleo público como un gasto y no como una inversión imprescindible para garantizar derechos y servicios públicos de calidad. (Aplausos).”
“La reforma parece alcanzar ese objetivo: sin desnaturalizar la jubilación parcial ni el contrato de relevo, introduce las adaptaciones imprescindibles para evitar que el contrato de relevo y la jubilación parcial queden privados de eficacia práctica en nuestras Administraciones públicas. Sin embargo, permanece abierta la cuestión de la jubilación parcial del personal funcionario. Conviene recordar que la jubilación parcial no es únicamente un derecho laboral ―que también―, es, por supuesto, una herramienta útil y -- 46 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de 2026 necesaria para nuestras Administraciones públicas: permite planificar el relevo generacional, facilitar la transmisión del conocimiento acumulado durante décadas de servicio público y mejorar la organización de las plantillas.”
“Esta reforma es fruto del acuerdo del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las organizaciones sindicales, que llevan desde 2024 reivindicando una solución adaptada a la función pública; pero también responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y de las entidades locales que necesitan herramientas adecuadas para gestionar sus plantillas y planificar las necesidades de los servicios públicos. Este decreto ley no configura una modalidad específica de jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas, ni altera los elementos esenciales de esa institución, que es el contrato de relevo. Su aportación consiste en adaptar el cumplimiento de los requisitos del contrato de relevo a las singularidades que presenta el empleo público.”
“Buenas tardes, presidenta, diputados. Hoy, este real decreto ley que venimos a convalidar supone la recuperación práctica y real de un derecho para miles y miles de empleadas y empleados públicos de este país. El Real Decreto Ley 11/2024 es cierto que mejoró aspectos de la jubilación parcial en el ámbito privado, pero generó un bloqueo para las empleadas laborales de las Administraciones públicas al exigir unos requisitos incompatibles con los establecidos para el acceso a la función pública.”
“Un Estado que aspira a llamarse democrático y de derecho no puede permitir que nadie sea obligado a dejar de ser quien es, no puede tolerar prácticas destinadas a borrar la diversidad humana bajo la falsa promesa de una normalidad impuesta. En una democracia, la diferencia no se corrige, se respeta; la diversidad no se castiga, se protege, y la libertad no consiste en parecerse a los demás, sino en poder vivir plenamente siendo una misma. Por todo ello, apoyaremos esta moción y seguiremos trabajando para que en nuestro país nadie vuelva a ser sometido a estas prácticas y para que ninguna persona tenga que pedir perdón por existir. Muchas gracias. (Aplausos).”
“La dignidad no se protege únicamente con sentencias judiciales, se protege con recursos públicos, con acompañamiento psicológico, con educación en diversidad, con campañas de prevención y con redes de apoyo que permitan a las víctimas reconstruir sus vidas. (Aplausos). Señorías, esta moción es necesaria porque apunta en la dirección correcta, exige una estrategia estatal integral y reconoce que el desarrollo de la Ley 4/2023 debe ir mucho más allá de la respuesta penal. Nos recuerda que la igualdad formal necesita instrumentos concretos para convertirse en igualdad real. (Aplausos). Conviene no perder de vista lo esencial. Este debate no va de identidades, no va de creencias religiosas, no va de opiniones personales, va de derechos humanos.”
“En muchos -- 65 of 84 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de junio de 2026 casos son jóvenes que viven atrapados en entornos familiares o religiosos profundamente opresivos; jóvenes que temen denunciar porque hacerlo puede significar perder su hogar, sus vínculos o su sustento económico. Por eso, igual que hemos hecho en la ponencia y en la Comisión de Igualdad, seguiremos apoyando las enmiendas transaccionales que siguen vivas, presentadas conjuntamente por varios grupos, y consideramos imprescindible garantizar recursos habitacionales seguros y ayudas económicas inmediatas para las víctimas, porque nadie debería verse obligado a elegir entre su identidad y un techo bajo el que vivir.”
“Por eso, apoyamos avanzar hacia una reforma del Código Penal que permita considerar estas prácticas como delitos contra la integridad moral de las personas, porque nadie debería lucrarse, organizar o promover mecanismos destinados a destruir la autoestima y la identidad de otras personas con total impunidad. (Aplausos). Ahora bien, señorías, SUMAR también quiere decir algo muy claro: el Código Penal por sí solo no resolverá este problema; la respuesta no puede limitarse al castigo. La persecución penal debe ir acompañada necesariamente de la prevención, la protección y la reparación, porque las víctimas de estas prácticas no son una estadística.”
“Las consecuencias son la ansiedad, la depresión, el sentimiento de culpa, el aislamiento social y, en demasiadas ocasiones, la ideación suicida. Por eso, compartimos plenamente el diagnóstico de esta moción. Estamos ante una forma de violencia estructural que vulnera la dignidad humana y ataca derechos fundamentales. Es cierto que la Ley 4/2023 supuso un avance histórico. Por primera vez se prohibieron estas prácticas en todo el territorio nacional y se estableció un principio esencial: no puede existir consentimiento válido cuando media la coacción, la presión emocional o la manipulación. Pero también debemos reconocer que el marco administrativo vigente no ha sido suficiente para erradicar completamente estas conductas.”
“Emitieron comunicados conjuntos rechazando estas supuestas terapias y advirtiendo de que no solo carecían de cualquier base científica, sino que constituían formas de intrusismo profesional, maltrato psicológico y graves riesgos para la salud mental de quienes la sufrían. En concreto, tortura, se llama tortura. (Aplausos). Hoy existe un amplísimo consenso científico, sanitario y social sobre esta cuestión. Las terapias de conversión parten de una mentira, la idea de que existen identidades, orientaciones o expresiones de género que deben ser corregidas. Cuando una política pública, una institución o una organización se construye sobre una mentira, las consecuencias siempre recaen sobre personas reales que tienen derechos.”
“Bajo esa lógica profundamente represiva, muchas personas fueron sometidas a métodos psiquiátricos crueles, como el electroshock o terapias de aversión, que pretendían corregir aquello que nunca necesitó corrección alguna. Con la llegada de la democracia y posteriormente con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades de la OMS, estas prácticas no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Durante los años ochenta y noventa se desplazaron al ámbito privado y pseudocientífico, impulsadas con frecuencia por sectores ultrarreligiosos y ultraconservadores, que se negaban a aceptar la diversidad afectivosexual y de género como una realidad legítima de nuestras sociedades. Ya en las primeras décadas de este siglo, las principales organizaciones profesionales de la salud mental en nuestro país fueron contundentes.”
“Señora presidenta, señorías, hoy debatimos una cuestión que interpela directamente a la cualidad democrática de nuestro país y a nuestro compromiso con los derechos humanos. Hablamos de las mal llamadas terapias de conversión, prácticas que durante décadas han causado sufrimiento, exclusión y violencia sobre miles de personas por el simple hecho de ser quienes son. La historia de estas prácticas en España es también la historia de una discriminación institucionalizada que creíamos haber dejado atrás. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, en plena dictadura franquista, la homosexualidad era considerada al mismo tiempo una enfermedad y un delito.”
“No garantiza la imparcialidad necesaria para el nombramiento de las personas que van a representar a nuestro país en los tribunales internacionales. Por ello, van a tener nuestro voto en contra. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie). -- 18 of 85 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 16 de junio de 2026”
“Y todo esto en un país donde uno de los problemas principales de la lucha contra la violencia de género es la infradenuncia, entre otras cosas por falta de confianza en el sistema, y parece justificado. (Aplausos). A la vista está que el Consejo General del Poder Judicial tiene muchísimo trabajo que hacer en formación en perspectiva de género y que no lo está haciendo, y tampoco está aplicando medidas disciplinarias. Pero el Partido Popular quiere darle más competencias mientras hacen dejación de las que ya tienen. En definitiva, no creemos que su propuesta concreta de ampliar competencias pueda servir para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, porque adolece de los mismos fallos que el que pretenden sustituir.”
“Un consejo que, además, destaca por la ausencia de procedimientos disciplinarios que acaben en sanción, a pesar de las barbaridades que hacen o dicen algunos jueces y algunas juezas en nuestro país. Para muestra, un botón. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el señor Maman, en el marco de una charla que versaba sobre los criterios de competencia en materia penal y civil, dedicó parte de su disertación a hablar, con otras palabras, del síndrome de alienación parental, que no tiene base científica y es un posicionamiento ideológico que deriva la presión del denunciado a la víctima de violencia que ha denunciado. Se dedicó también a minimizar la violencia machista y a decir que las mujeres no quieren la custodia compartida porque quieren quedarse la casa y el dinero.”
“Ahora bien, a lo mejor la intención del Partido Popular en esta propuesta no es seguir las recomendaciones del Consejo de Europa sobre imparcialidad, porque lo que proponen es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y atribuir la competencia de la designación al Consejo General del Poder Judicial, un órgano que, desde que entró en funcionamiento hasta la fecha, ha realizado casi un 80 % de sus nombramientos entre sectores abiertamente conservadores de la judicatura. Permitan que no nos merezca ninguna confianza un Consejo General del Poder Judicial que no respeta la diversidad del país (aplausos) y al que se le pretende atribuir la competencia de elegir todos los jueces y juezas que corresponde designar por nuestro país en tribunales internacionales.”
“A nuestro entender, la composición que garantice estas exigencias debe reconocer la presencia del Poder Judicial, pero también representación de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, las universidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos, colegios profesionales y, por supuesto, la sociedad civil. (Aplausos). Eso sería lo más acorde a lo que exigen las instituciones europeas para garantizar que el órgano de selección tenga capacidad técnica-jurídica y absoluta imparcialidad.”
“Parece que el Partido Popular está muy preocupado por la falta de transparencia y por la excesiva presencia del Poder Ejecutivo en el procedimiento de selección actualmente regulado y cree que no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comité de Ministros. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero, claro, si el verdadero objetivo es garantizar la transparencia y que las mejores profesionales representen a nuestro país en tribunales internacionales, la última resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa arroja muchísima luz sobre cómo debe estar compuesto el órgano de recomendación de candidatas: deben acreditar conocimientos técnicos, procedencia diversa, trayectoria profesional acreditada y estar libres de influencias indebidas. Esos son los requisitos.”
“En concreto, en las líneas maestras sobre la selección de candidatas para el puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprobadas por el Comité de -- 17 of 85 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 16 de junio de 2026 Ministros el 28 de marzo de 2012 en el apartado IV.1, que ya ha sido nombrado, se indica claramente lo siguiente: «El órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Sus miembros deben poseer, en conjunto, suficientes conocimientos técnicos e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas, aunque podrán solicitar información pertinente de fuentes externas».”
“Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy, el Grupo Popular trae a esta Cámara la toma en consideración de una proposición para modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La justificación de esta propuesta se sitúa en lo establecido por el Consejo de Europa en su Resolución 2648, del pasado 26 de abril, en la que la Asamblea Parlamentaria adoptó una serie de recomendaciones sobre cómo deben escogerse por los Estados miembros las candidatas a ocupar un puesto en algún tribunal internacional. La Asamblea Parlamentaria del Consejo subraya que, aunque los Estados disponen de cierto margen para organizar sus procedimientos de selección, deben aplicar plenamente las directrices del Comité de Ministros y las resoluciones pertinentes de la Asamblea.”
“¿Quieren trasladar el caos de su Administración y de la sanidad andaluza a las oficinas del Estado? Sin olvidar que muchas de esas personas que atienden las ventanillas andaluzas ―y también de otras comunidades― son empleadas en abuso de temporalidad que siguen esperando a fecha de hoy una solución a la precariedad e inestabilidad que padecen. Por tanto, busquemos una solución y busquemos sistemas alternativos de gestión que garanticen la eficiencia, pero también el respeto a los derechos de la ciudadanía. (Aplausos).”
“Casi nunca hay citas disponibles ya sea para trámites administrativos o para algo tan vital como el acceso a la atención primaria en la sanidad. La Junta de Andalucía ha diseñado aplicaciones, pero las andaluzas se encuentran siempre con la misma respuesta desesperante en la pantalla: No hay citas disponibles. ¿Cuál es la alternativa del Gobierno andaluz? Expulsa a la gente de las aplicaciones y la obliga a hacer cola en las puertas de los centros de salud desde las seis de la mañana. Vayan a cualquier pueblo de la geografía andaluza. Al amanecer encontrarán a personas enfermas, a madres y a padres, a nuestros mayores de pie en la calle helados en invierno y asfixiados en verano solo para disputarse las citas de urgencias que están disponibles día a día. ¿Ese es el modelo que quieren trasladar a la Administración General del Estado?”
“Ciertamente, hay servicios que no están cumpliendo esos estándares mínimos ―negarlo es estar ciego―, pero también hay lugares donde se ha implementado de forma correcta y el resultado ha sido que se han reducido los tiempos de espera y se ha aumentado el tiempo de atención personalizada a cada administrado. Es decir, el sistema bien implementado funciona, funciona en todo su conjunto. No solo garantiza la eficiencia del servicio, sino que garantiza la atención a la ciudadanía. Ya que el portavoz del Grupo Popular decía «echen a un lado, que venimos nosotras», yo quiero terminar hablando de Andalucía. Allí también está implantada la cita previa en una versión todavía más innovadora con los derechos de la ciudadanía.”
“Se trata de fortalecer lo público, de que las Administraciones cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para poder prestar servicios públicos con estándares de calidad y eficiencia adecuados y garantizar que la prestación se realice desde el ámbito público. Está claro que hay que revisar la capacidad habilitada para citas de cada Administración pública, revisar periódicamente los catálogos de trámites que exigen cita previa para detectar aquellos para los que no es necesaria la cita previa y ser excluidos y, por supuesto, establecer las exclusiones subjetivas necesarias para poder cumplir con los derechos de toda la ciudadanía.”
“La eliminación generalizada que propone el Partido Popular no solo no resolvería los problemas existentes, sino que podría generar desorganización, colas kilométricas y desigualdades en el acceso a los servicios públicos. La clave no está en eliminar el sistema de cita previa o volver al caos de obligar a la gente a hacer colas de horas para ser atendidas en una oficina. Imaginen un 2 de mayo, con colas dando la vuelta, en las puertas de las delegaciones de Hacienda para hacer la declaración. Imaginen eso un momento. ¿Eso qué eficacia y qué eficiencia es? Ninguna. (Aplausos).”
“En enero de 2002 el número de efectivos de la AGE, excluyendo Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal al servicio de la Administración de Justicia, era de casi 299 000; en enero de 2012 el total ascendía a algo más de 285 000; en enero de 2019 era de 231 000; y en enero del 2025, 242 000. Más de 56 000 empleadas públicas menos entre 2002 y 2025. -- 65 of 92 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 26 de mayo de 2026 El PP pone el punto de mira en el sistema de cita previa, pero ni el mejor sistema informático del mundo funcionará si no hay empleadas públicas al otro lado. (Aplausos). Esta es la herencia de las políticas de austeridad y tasas de reposición cero del Partido Popular a su paso por el Gobierno central.”
“Del examen de la normativa se puede llegar a la conclusión de que ningún sistema de gestión de atención personal a la ciudadanía es en sí mismo acorde o contrario a una norma, sino que será necesario analizar las características y resultados de ese sistema para verificar si sirve o no a los principios, derechos y obligaciones contemplados por la normativa vigente. Esa normativa exige hacer efectivo el derecho a obtener información y asistencia por parte de la ciudadanía, pero dicho servicio debe realizarse de manera eficaz, ágil y eficiente. (Aplausos). Para evaluar también hay que tener en cuenta la realidad objetiva de la Administración General del Estado y esa realidad es la limitación de recursos materiales y humanos existente, y los números no pueden engañar.”
“La cita previa como sistema de gestión de la atención a la ciudadanía no está contemplada de forma explícita en ninguna norma como tampoco existe una sola norma que explícitamente la prohíba porque no es más que una herramienta de gestión que las Administraciones están obligadas a configurar en su extensión, forma y límites siempre equilibrando la coexistencia de los principios de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos con la efectividad de derechos y garantías de la ciudadanía. Como ha dicho de manera reiterada el Tribunal Supremo, si bien el interés general pertenece a la ciudadanía, es la Administración la que lo debe gestionar encontrando la adecuada ponderación entre medios y necesidades.”
“Presidenta. Buenas tardes, señorías. El Grupo Popular nos trae una PNL en la que en sus puntos de acuerdo propone, en primer lugar, eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial; en segundo lugar, garantizar la atención presencial a cualquier ciudadano que lo solicite con o sin cita previa, y, en tercer y último lugar, la adopción de medidas organizativas para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.”
“Pero, si el negacionismo de quienes desprecian los derechos de las mujeres o la memoria de las represaliadas no les impide a algunos ser diputados y diputadas en este Congreso y decidir el futuro de este país, no pretendan imponer controles de moralidad y ética a las personas docentes y trabajadoras que cuidan de nuestras hijas. (Aplausos). La autoridad moral no se trocea. No se puede pedir pureza ética para un empleo público o para solicitar una subvención mientras que en el Congreso se sientan quienes humillan a las víctimas del machismo y del franquismo y quienes defienden y apoyan la guerra. La democracia y una sociedad sana no necesitan de listas negras ni de más punitivismo; necesitan coherencia, respeto a los derechos fundamentales de las personas y, sobre todo, menos hipocresía. Muchas gracias. (Aplausos).”
“Humillar a las víctimas es sentarse en este hemiciclo y negar la existencia de la violencia machista que deja huérfanos a menores. Se lo recuerdo y se lo refresco: a fecha de hoy llevamos trece mujeres asesinadas en 2026, y el contador asciende a 1356 desde el año 2003; mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Humillar a las víctimas es negar la represión de una dictadura franquista, sí, que tiene aún a miles de personas inocentes abandonadas en las cunetas. Humillar a las víctimas también es justificar guerras y negar genocidios. Esa ideología negacionista, retrógrada y cruel se pasea por este Congreso con total impunidad, legisla, y no son inhabilitados para ejercer cargo público por su falta de idoneidad moral; y la tienen.”
“La proposición habla de la moralidad que debe tener el personal docente o el monitor o monitora escolar de tiempo libre, y resulta paradójico que al proponente le preocupe… (rumores.―La señora Rivera Arias se gira hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y muestra su camiseta en la que pone: «Cállese señoro». Y dice: Eso). …tanto la autoridad ética y moral de personas que ya cumplieron sus penas, cuando al mismo tiempo le preocupa tan poco la autoridad ética y moral de algunos que se sientan en este Congreso, en Parlamentos autonómicos y otras instituciones, con los que a menudo el proponente comparte criterio de voto y posicionamiento ideológico, porque, si hablamos de humillación a las víctimas, hay que hablar de todas las víctimas.”
“La paz no se construye sobre el olvido y el abandono de las víctimas, pero tampoco puede perseguir la venganza, que es lo que pretende su proposición. No vamos a olvidar a las víctimas del terrorismo ni el dolor de sus familiares, pero imponer estigmas de por vida a quien ya ha saldado su deuda con la ley es venganza -- 13 of 69 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 17 de marzo de 2026 y punitivismo: no es justicia. (Aplausos). Y, para la construcción de una sociedad democrática, así como para la construcción de la paz social, las personas demócratas no nos podemos apoyar sobre la venganza, sino sobre la capacidad de transformar a las personas y reinsertarlas.”
“Y recuerdo al proponente y a sus previsibles apoyos que el derecho a la reinserción no es simplemente un ideal político-ético que oponer a sus posiciones punitivistas que inspiran esta proposición, sino un principio jurídico reconocido por nuestro sistema constitucional y, además, reforzado por el derecho europeo. (Aplausos). No se pueden igualar situaciones diferentes. En cualquier caso, para justificar esta medida vuelven a hablar de ETA, que está desarticulada desde hace casi quince años. Señor Catalán, ETA no existe. Convénzase: no existe. Rafael Alberti, insigne diputado de esta Cámara y poeta del pueblo, nos enseñó desde el exilio que la democracia es, ante todo, una mano abierta. Decía que la paz no es el olvido, pero tampoco un castigo.”
“Y nosotras nos preguntamos: ¿Quién define esa ética y esa moral? ¿Un tribunal? ¿Un partido político? Al introducir estos criterios subjetivos para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones y limitar el acceso al empleo público y a recursos públicos, están abriendo una puerta al abismo. Hoy pretende ser una herramienta supuestamente contra el terrorismo, pero mañana otro Gobierno podría alegar esa falta de idoneidad moral para purgar a empleadas públicas por sus ideas, y el Estado de Derecho existe para proteger también a quien no nos gusta cómo piensa.”
“Esta proposición pretende que dicha inhabilitación sea permanente, automática y que se regule a través del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley General de Subvenciones, saltándose el control del Poder Judicial. En su exposición de motivos ya manifiesta claramente la pretensión de añadir un requisito de autoridad ética y moral al empleo público y la percepción de subvenciones públicas. Pero la Constitución, en su artículo 25.2, es muy clara: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y la reinserción social. Si una persona ha cumplido su condena, ha saldado su deuda. Crear una inhabilitación de por vida es propio de regímenes para los que la democracia no es precisamente una inspiración. Esta proposición se sustenta en una supuesta falta de autoridad ética y moral.”
“La proposición de ley que se presenta para su toma en consideración propone inhabilitar para ejercer la función pública o percibir subvenciones cuando esto conlleve trabajar con menores a cualquier condenado por el capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal. A nuestro entender, esta es una medida arbitraria, que no distingue la gravedad del hecho ni la peligrosidad real para los menores y mete en el mismo saco a un comando operativo terrorista, a un rapero condenado por la letra de una canción o a una joven por un chiste. Las modificaciones propuestas pueden considerarse manifiestamente desproporcionadas y que van en contra de la reinserción social a la que están orientadas las penas, al tiempo que obvia convenientemente que ya existe la inhabilitación especial para empleo público en el Código Penal.”
“Buenas tardes, señorías. (La señora diputada enseña su camiseta en la que pone: Cállese señoro). Quiero comenzar declarando el respeto más profundo y absoluto por las víctimas del terrorismo, por el dolor de las familias que ETA destrozó, por la herida abierta por el 11M y todas las víctimas del terrorismo yihadista. La memoria, la dignidad y la justicia son pilares de nuestra democracia. Deslegitimar la violencia es un deber ético, porque la democracia siempre es superior al terror, y por eso debemos defenderla con sus mejores herramientas: la ley y la proporcionalidad. Pero es ahí donde esta propuesta falla, en su encaje democrático.”
“No hay transformación digital sin personal formado; no hay políticas de cuidados sin profesionales estables y pagadas dignamente; no hay transición ecológica sin equipos públicos que evalúen, planifiquen y regulen; no hay democracia sólida sin instituciones dotadas de recursos humanos suficientes. Por eso defendemos este real decreto ley hoy como un paso necesario e imprescindible en esa consolidación y defensa de los servicios públicos, porque para nosotras defender a las empleadas públicas es defender a la mayoría social, es defender a quienes garantizan que este país funcione incluso en los peores momentos; desgraciadamente, bien lo comprobamos en pandemia. También es enviar un mensaje claro a las nuevas generaciones: el servicio público es un espacio de dignidad, profesionalidad y derechos.”
“Cuando en algunos sectores se cuestiona el gasto público en empleo o cuando se presentan las mejoras salariales como un coste o como un privilegio, lo que en realidad están poniendo en cuestión es el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a la atención social, a la seguridad, a la justicia, a las políticas de igualdad o a los cuidados. Desprestigiar a las empleadas públicas es el primer paso para debilitar nuestros servicios públicos. Frente a ese discurso, nuestra posición siempre va a ser firme. Invertir en empleo público no es un gasto, es una garantía de igualdad, cohesión y justicia social. (Aplausos).”
“Ninguna subida salarial va a compensar la incertidumbre que tienen cientos de miles de personas en este país que llevan años, incluso décadas, encadenando temporalidad. (Aplausos). Tampoco hay que olvidar otro reto que ya se ha dicho, el del relevo generacional. En los próximos cinco años una parte significativa de nuestras plantillas se jubilará. Si no actuamos ya, si no planificamos ya la reposición de efectivos, la formación, la digitalización y la atracción de talento público, estaremos poniendo en riesgo la continuidad misma del sistema y, por tanto, la calidad de los servicios públicos.”
“Defender a nuestras empleadas públicas significa algo muy simple, que el salario que cobren en una comunidad no dependa de la suerte presupuestaria o de la voluntad política del momento (aplausos), que las condiciones laborales deben ser justas y dignas para todas y que las mejoras salariales no se pueden convertir en una moneda de cambio, pues son un reconocimiento estable al valor de lo público, del servicio público. Además del salario, también voy a mencionar un reto enorme que tiene la función pública en este país y que tiene el señor ministro por delante para torear ―hago un símil taurino, aunque sea antitaurina―: la estabilización y la reducción real de la temporalidad.”
“Ya lo he dicho, España todavía arrastra déficits crónicos en recursos humanos en sectores esenciales; tenemos centros educativos que sobreviven gracias al sobresfuerzo de los claustros, centros de salud donde la presión asistencial es insostenible y Administraciones con plantillas con medias de edad cercanas a la jubilación y sin capacidad de reposición suficiente. Por eso, cuando este real decreto ley plantea el calendario de abono de los atrasos, que se pueden distribuir hasta 2028 o abonarse íntegramente en diciembre de 2025, según cada Administración y su negociación con los representantes de las trabajadoras, también está señalando algo de fondo: no todas las Administraciones están igual de preparadas ni tienen el mismo músculo financiero y, por tanto, abre la puerta a una desigualdad que creemos que hay que corregir.”
“En 1983 nos inventamos los moscosos -- 27 of 113 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de diciembre de 2025 para no actualizar los salarios, dimos días de asuntos propios a la gente. En 1993 los salarios de los funcionarios y las funcionarias fueron congelados. En 1997 el señor Mariano Rajoy volvió a congelar los salarios públicos. En 2010 fueron reducidos. Es decir, las empleadas públicas han respondido siempre y han estado a la altura de las necesidades de nuestro país. Ya es hora de que se les reconozcan todos esos esfuerzos, esas sobrecargas que han padecido y esas pérdidas adquisitivas padecidas desde que entró la democracia en nuestro país, en 1978. Siempre lo han hecho con profesionalidad, también con un enorme coste.”
“Yo aquí, señor ministro, le quiero decir que hay que cumplir los acuerdos, es muy importante, y creo que vamos en la senda correcta. Hay que terminar de cumplir los acuerdos de 2022 y continuar cumpliendo los recién alcanzados, que, desde nuestro punto de vista, son muy importantes. Hoy debemos decir algo más importante aún, a nuestro parecer, y es que el debate sobre los salarios públicos no puede ser reducido a ese ajuste pendiente según haya o no presupuestos y que la mejora salarial debe ser el pilar estructural de la defensa de los servicios públicos, no una nota a pie de página en tiempos de estabilidad. Los servicios públicos funcionan gracias a plantillas que han soportado recortes, temporalidad, congelaciones salariales y sobrecargas estructurales.”
“Por eso, cuando debatimos medidas que afectan a condiciones laborales y salariales no estamos discutiendo un detalle técnico o un ajuste contable, estamos tomando decisiones que determinan la calidad de nuestro estado social. Hay que decirlo con claridad: no habrá servicios públicos fuertes si no hay empleadas públicas con derechos, con condiciones dignas y con salarios que reconozcan su labor. (Aplausos). En este contexto llega el Real Decreto Ley 14/2025, que hoy estamos viendo, que regula esos incrementos salariales para 2025 y 2026. Son medidas que nacen de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y que, ante este escenario de prórroga presupuestaria, permiten garantizar la mejora retributiva comprometida.”