Enrique Fernando Santiago Romero
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR · Spain
“Presidenta, señoras y señores diputados, el 17 de junio aprobamos la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para varios colectivos de mutualistas: abogados y abogadas, procuradoras y arquitectas.”
“Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para hacer realidad nuestra propuesta de que los recursos necesarios para corregir esta injusticia fueran aportados íntegramente por las mutualidades. La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo.”
“Vamos a permitir que los mutualistas decidan lo que consideren mejor al eliminarse la obligación de compatibilizar la pensión de la mutualidad ―si la tuvieran― y la pensión de Seguridad Social para quienes sí tuvieran esta última garantizada.”
“Nuestra posición siempre ha sido que los mutualistas pasivos pasasen al RETA para acabar con esa condena a vivir con pensiones de miseria, pero tenían que ser las mutualidades las que se hicieran cargo del pago a cada mutualista pasivo de la diferencia entre el importe de su mísera pensión de jubilación y la mínima que en cada momento est…”
“Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de «rendimientos por otros conceptos».”
“Hoy recuperamos la obligación de que, en tres meses, se apruebe el reglamento de desarrollo; la obligación de computar cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el régimen general, es decir, el uno por uno para aquellos que hayan -- 97 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de ju…”
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“Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos). La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia.”
“La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la -- 17 of 20 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 4 de julio de 2024 urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional.”
“Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos —ya lo dijimos— que el diablo está en los detalles.”
“Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular.”
“Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos). Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia.”
“Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional.”
“Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces. Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país.”
“A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019. En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años.”
“Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores.”
“Como cualquier institución de un Estado de derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Por eso proponemos un gran acuerdo —y acabo, presidente— para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas, que soportan investigaciones judiciales sin fundamento que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político. Votaremos en contra. (Aplausos).”
“Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial. Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativistas de elección de órganos.”
“Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla. La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia.”
“En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria.”
“No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia.”
“Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz. El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan.”
“El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, -- 14 of 77 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 25 de junio de 2024 sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos).”
“Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia. La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta.”
“Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar.”
“Pedimos una reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria para abordar todos estos problemas. Muchas gracias. (Aplausos).”
“Eso sí que multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud; a los problemas de salud mental, demasiado frecuentes en los internos. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a una persona con un problema de salud mental en una prisión y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento? También es necesaria la incorporación del principio de igualdad de trato y no discriminación, porque hay que garantizar que toda la actividad parlamentaria y todo el tratamiento cumple con la Ley Orgánica 3/27, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos.”
“¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas. El traspaso de la sanidad a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley desde hace años. La pregunta es: ¿por qué catorce de las diecisiete comunidades autónomas no han dado este paso? Esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en prisiones.”
“Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los -- 14 of 74 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 18 de junio de 2024 internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas.”
“Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas.”
“A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar. Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien.”
“Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo.”
“A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad. En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas.”
“Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios.”
“Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones.”
“No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia. Votaremos en contra. (Aplausos).”
“La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.—Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas. -- 30 of 70 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de junio de 2024 ¿Pero el problema cuál es? —y acabo—: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e Italia 15 millones más.”
“Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente?”
“Es decir, es exactamente el mismo agravamiento que tiró el Supremo. El Supremo dijo en el año 2017 que era desproporcionado incrementar una pena de uno a tres meses de multa hasta un arco que puede llegar hasta los tres años de prisión, y ustedes ahora lo introducen en el caso de las estafas inferiores a 400 euros. Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022.”
“Eso es un término jurídico bastante impreciso, y le formulo un supuesto: una Nintendo de un niño pequeño contiene información y, por tanto, ¿el robo de varias Nintendo también lo vamos a agravar con la multirreincidencia, con una pena de uno a tres años de cárcel? (Aplausos). Esto va a afectar a infracciones cometidas entre gente joven. Es verdad que, probablemente, si son menores de edad no se les vaya a aplicar la misma pena, pero sí se les va a aplicar el tipo penal, y a los mayores de dieciocho años sí se les van a aplicar, claro que sí, los tres años por robar Nintendos. Y luego está el caso de la estafa inferior a 400 euros, que son delitos leves. Ustedes también las incrementan. Ahora mismo la condena es de uno a tres meses, y ustedes están contemplando la posibilidad — la introducen aquí— de condenas de hasta tres años de prisión.”
“Eso está bien, lo reducen, dos años menos de lo que propusieron en 2015, pero ¿por qué proscriben en esta misma reforma, al hacer esta reducción, la aceptación del cumplimiento de la condena en este caso de hurtos? ¿Porque ustedes prohíben en esta reforma que a una persona que está en la cárcel por hurto se le pueda suspender la condena después de haber cumplido una parte proporcional? Eso no tiene ninguna explicación más que ese tipo de castigo que ustedes buscan siempre contra los más pobres; es decir, cosas que a un infractor de un delito, por ejemplo fiscal, no se le tiene por qué limitar, resulta que ustedes en este caso de multirreincidencia sí lo limitan. ¿La realidad cuál es? Que ahora incorporan el agravamiento de las penas por hurtos de teléfonos móviles, pero también de dispositivos que contengan información.”
“¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos). La adaptación del Código Penal a lo establecido por el Supremo la hizo el Gobierno de coalición en el año 2022. Y es verdad que se añadió una nueva redacción sobre la multirreincidencia que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos pareció exorbitada, pero la votamos porque reducía ese supuesto de hasta tres años de prisión a dieciocho meses. Ustedes entonces se abstuvieron y es verdad que ahora traen una reducción de ese supuesto de reincidencia de hurtos leves, de delitos leves ―lo que antes eran las faltas―, de los dieciocho meses máximo que estaba en la reforma de 2022 hasta un máximo de un año.”
“Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman ‘robagallinas’. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios.”
“A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015. Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y -- 29 of 70 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de junio de 2024 recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos.”
“Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada. Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza.”
“…y permite cualquier tipo de intervención, incluida la militar, para impedir la detención por esta corte de criminales internacionales. Votaremos a favor de esta PNL. Muchas gracias. (Aplausos).”
“El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional…”
“Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que -- 36 of 71 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 28 de mayo de 2024 la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina.”
“Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos.”
“El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social. De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho.”
“Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza.”
“El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación.”
“Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable.”
“Señor presidente, señoras y señores diputados, es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna. En caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Van ya dos mil días de secuestro del Poder Judicial. (Rumores).”
“En vez de preocuparse por este riesgo de guerra y combatirlo, se dedican a deslegitimar las instituciones democráticas. (Aplausos). En España, la principal amenaza al Estado de derecho y a la convivencia constitucional es un Partido Popular, una derecha dispuesta a acabar con la democracia con tal de gobernar. (Aplausos).”
“Debilitan el Estado de derecho las resoluciones del Consejo sobre leyes inexistentes, por aquello de «el -- 67 of 72 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 9 de abril de 2024 que pueda hacer, que haga», aunque se politice y degrade la institución; debilita el Estado de derecho la difusión en los cuarteles de cartas que utilizan la ley de amnistía como excusa para pedir un golpe de Estado para socorrer España; debilita el Estado de derecho que las autoridades judiciales de Almería, Córdoba o de Sevilla, entre otras, convoquen manifestaciones de jueces y fiscales con toga, abandonando su obligación de neutralidad política. Señores del Grupo Popular, Europa se enfrenta a un evidente riesgo de guerra generalizado por primera vez en ochenta años.”
“Evidentemente, el expresidente del Consejo tuvo que dimitir ante el bloqueo de esta renovación y han renunciado media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo en los últimos meses. ¿Acaso busca el Partido Popular el colapso de la Justicia para que sea más difícil investigar sus corruptelas, como la que afecta a la pareja de la señora Ayuso? Lo que debilita el Estado de derecho son interferencias permanentes. Por ejemplo, debilita el Estado de derecho el acoso a sedes de partidos políticos por todo tipo de ultras que desprecian la Constitución.”