Enrique Fernando Santiago Romero
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR · Spain
“Presidenta, señoras y señores diputados, el 17 de junio aprobamos la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para varios colectivos de mutualistas: abogados y abogadas, procuradoras y arquitectas.”
“Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para hacer realidad nuestra propuesta de que los recursos necesarios para corregir esta injusticia fueran aportados íntegramente por las mutualidades. La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo.”
“Vamos a permitir que los mutualistas decidan lo que consideren mejor al eliminarse la obligación de compatibilizar la pensión de la mutualidad ―si la tuvieran― y la pensión de Seguridad Social para quienes sí tuvieran esta última garantizada.”
“Nuestra posición siempre ha sido que los mutualistas pasivos pasasen al RETA para acabar con esa condena a vivir con pensiones de miseria, pero tenían que ser las mutualidades las que se hicieran cargo del pago a cada mutualista pasivo de la diferencia entre el importe de su mísera pensión de jubilación y la mínima que en cada momento est…”
“Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de «rendimientos por otros conceptos».”
“Hoy recuperamos la obligación de que, en tres meses, se apruebe el reglamento de desarrollo; la obligación de computar cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el régimen general, es decir, el uno por uno para aquellos que hayan -- 97 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de ju…”
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“Por ejemplo, el caso Cuarteles, que lo incluyen, ocurrió durante el Gobierno de Rajoy, es responsabilidad del Ministerio del Interior del Partido Popular, y ustedes todavía tienen que pedir perdón por los recursos del Ministerio del Interior utilizados para destruir las pruebas de su corrupción, para perseguir con la Policía a quienes consideraban enemigos de la dirección de su partido o por proponer a un corrupto como Cotino al frente de la Policía Nacional (aplausos) para tapar escándalos como la Gürtel, Fórmula 1 o el robo que hicieron aprovechando la visita del Papa a Valencia. El exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Martínez enfrentan acusaciones de quince años de cárcel.”
“Doce de los catorce ministros de Aznar han estado imputados, implicados o cobrando sobresueldos, y Matas, Rato o Zaplana han sido condenados y encarcelados. En julio condenaron al Partido Popular por financiación B en Valencia, tienen pendiente el juicio del caso Púnica y esperan sentencia por el caso Lezo. En total, 6 000 000 millones de euros en B. Que el PP sea el partido más corrupto de Europa no obsta para que seamos implacables con la corrupción en otros partidos, porque el respeto a la clase trabajadora nos obliga a ello. Sobre el caso KoldoAldama, claro que se debe investigar a fondo y cesar a cualquier acusado de corrupción, también si afecta al PSOE, pero eso no justifica las barbaridades de esta moción.”
“Es decir, degradan la democracia con el mismo discurso autoritario e intolerante de la ultraderecha. Claro que la corrupción es un grave problema, porque desvía al bolsillo de corruptos el dinero necesario para gasto social, pero ningún partido debería degradar la justicia registrando panfletos a los que llaman querellas. Una rigurosa querella de Izquierda Unida obligó a investigar el caso Bárcenas, con 7,5 millones en comisiones por contratos públicos repartidos entre dirigentes del Partido Popular, incluido el enigmático M. Rajoy. (Aplausos). El tesorero Bárcenas fue condenado a treinta años de prisión. La sentencia declaró la responsabilidad del Partido Popular por corrupción, y en el caso Gürtel el Partido Popular fue otra vez condenado por corrupción.”
“Su pareja ingresó, con un par de llamadas, 2 000 000 millones de euros, cuando un trabajador con el SMI tardaría ciento veinticinco años en ganar ese dinero. El PP lo que quiere es acabar con este Gobierno para poder hacer negocios con las privatizaciones y los contratos públicos y seguir cobrando sobres y comisiones en B. «Nuestra obligación es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance», dice el señor Tellado, y los medios son la mentira y la desestabilización. La moción es digna de Goebbels. Tacha de ilegítimo a un Gobierno investido por el Parlamento, tilda de corruptos acuerdos de la mayoría parlamentaria y critica que los presupuestos se aprueben fuera de plazo, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó tres presupuestos fuera de plazo.”
“Presidente, señorías, no entiendo cómo el PP insiste en hablar de corrupción cuando no puede dar lecciones de ética a nadie. Se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de que beneficia a trabajadores y a la economía. Se oponen a reducir la precariedad o la jornada laboral e impiden que los ricos paguen impuestos, sabiendo que sin impuestos es imposible mantener servicios esenciales para los trabajadores. Por cada euro en impuestos que la derecha dice rebajar a un trabajador son más de 100 los que no pagan los poderosos; 100 euros que dejan de financiar la enseñanza o la sanidad pública, y eso sí que es corrupción, como también es corrupción impedir que familias o jóvenes tengan viviendas dignas. Según la señora Ayuso, limitar el precio de la vivienda no funciona y es un atentado contra la propiedad.”
“No vamos a apoyar los puntos 1, 2 y 3 de esta PNL, que no sirven para nada y lo único que hacen es utilizar a los agentes de los cuerpos de seguridad y además alejan el reconocimiento de los derechos sindicales a la Policía y la Guardia Civil, que es lo que necesitan. Muchas gracias. (Aplausos).”
“Y a los y a las policías y guardias se lo decimos claramente: solo la actividad sindical y la negociación colectiva habitual y continuada les va a permitir alcanzar y mantener la equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales del Estado, o igualar las cuantías de las pensiones de jubilación de las distintas policías, o aprobar los imprescindibles coeficientes reductores de Seguridad Social para garantizar la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las mismas condiciones que al resto de los trabajadores de otros cuerpos policiales. Por eso, en SUMAR apoyamos todas estas propuestas y trabajaremos para garantizarlas por ley.”
“Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución, la Guardia Civil tiene derecho a sindicarse y a realizar actividad sindical, y pedimos a toda la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular —al que le importan dos narices los derechos de estos señores y señoras, como hemos visto en la intervención de la señora Vázquez (aplausos)— pero también al Grupo Parlamentario Socialista, que se comprometan a reconocer los derechos sindicales plenos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.”
“Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros ―la media, que las hay más bajas―. Como siempre hemos defendido en esta Cámara, en democracia los sindicatos policiales deben tener capacidad de negociación colectiva.”
“Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el presupuesto y restaría soberanía al Estado.”
“Se necesitó desalojar al PP del Gobierno para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y, simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces. Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos).”
“En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos). En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más.”
“Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos policiales y otras -- 43 of 73 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 15 de octubre de 2024 medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias.”
“En definitiva, más seguridad humana, menos demagogia punitiva y gastémonos el dinero en lo que hace falta, en garantizar el futuro digno de las clases trabajadoras de este país. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).”
“Yo sé que a las derechas todo lo que sea seguridad que no pase por gasto policial y militar les resulta ajeno, pero hagan un esfuerzo, piensen en seguridad humana, en garantizar que las mayorías sociales y las clases trabajadoras cuenten con condiciones decentes de vida, que cuenten con sistemas -- 32 of 69 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 17 de septiembre de 2024 limpios, con empleo y salarios dignos, con reducción de la jornada laboral, que se dificulten las posibilidades de despido. Seguridad es también tener una vivienda digna, es acabar con la turistificación en la economía (aplausos) y la gentrificación en ciudades como Barcelona. Seguridad es garantizar servicios básicos, educación y sanidad de calidad, o garantizar pensiones dignas.”
“Y lo dejo claro: estamos gastando los impuestos que pagan los trabajadores en prisiones, en lugar de emplear el dinero de los impuestos que pagan los trabajadores en bienestar social. (Aplausos). Las políticas punitivas derrochan dinero, y lo que hace falta es gastar en seguridad humana. Para acabar con la multirreincidencia, con la reincidencia, demos seguridad humana. Es un nuevo concepto de seguridad.”
“En nuestro país, a las personas les preocupa, en primer lugar, el paro, los problemas económicos, las desigualdades, incluidas las de género, las diferencias de clase, la pobreza, la vivienda, el empleo o la sanidad, y solo en el puesto veintiuno está la preocupación por la inseguridad ciudadana. Además, España tiene una tasa de criminalidad baja, mucho más baja que el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Bélgica, pero España es el sexto país de Europa con más presos y cuenta con una elevada proporción de internos por habitante. Es decir, con cuarenta millones de habitantes menos que Alemania y once millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos que estos países.”
“Delitos más graves cometidos por personas con más capacidad económica o por empresas con gran capacidad económica, que afectan mucho más a la sociedad, como delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos societarios, sobre facturación, en perjuicio de consumidores, etcétera, todos esos delitos tienen penas inferiores a los seis años y, en la mayoría de los casos, inferiores a los tres años. No pueden ustedes agravar los hurtos como delitos más graves que los delitos contra los intereses generales cometidos por gente con muchísimos recursos o por empresas. (Aplausos). Realmente nosotros creemos que hay que combatir estas situaciones de inseguridad; pero la inseguridad no se combate realmente llenando las cárceles de gente. El CIS del pasado mes de julio daba una priorización de problemas de la gente.”
“Ya recuerdan ustedes que cuando se aprobó la reforma de multirreincidencia del Partido Popular en el año 2015, muy similar a la de ustedes, la tuvo que anular porque la consideraba desproporcionada, porque decía que las penas máximas de tres meses de multa no pueden convertirse en penas de hasta tres o seis años de prisión, porque eso va contra los valores del Estado de derecho y se convierten en penas absolutamente desproporcionadas. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, que consideró que un Estado de derecho no puede permitirse saltos punitivos tan altos como los que ustedes están proponiendo en este momento.”
“Lo que están proponiendo es incrementar penas, en algunos casos hasta los tres años. Ustedes están proponiendo que por el hurto de un reloj electrónico en una tienda se pueda imponer una pena de hasta tres años de cárcel, eliminar el requisito de valor superior a 400 euros para apreciar la multirreincidencia o que los ayuntamientos se dediquen a perseguir los delitos, como si los ayuntamientos tuvieran pocas competencias que ejercer y pudieran ponerse ahora a ocupar el papel de la fiscalía. Es decir, ¿por qué no atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo?”
“La Unión de Agricultores y Ganaderos explicó claramente que los hurtos en explotaciones agrarias (la señora Madrenas i Mir hace gestos negativos) — sí, lo dicen ustedes en su exposición de motivos— han crecido desde la pandemia; pero la solución no es incrementar las sanciones o los agravantes, sino incrementar la vigilancia de la policía para prevenir estos robos en zonas rurales. En todo caso, una propuesta muy similar a esta ya la trajo el Partido Popular a la Cámara y fue tomada en consideración el pasado mes de junio. Lo que pretende Junts ahora con este discurso es claramente combatir el discurso de esa alianza fascista independentista de la Alianza Catalana; pero no se combate el fascismo entrando en una espiral populista que también los acerca al Partido Popular. (Aplausos).”
“Pero, fíjense, esa tasa de congestión judicial es inferior en la jurisdicción penal en Cataluña que en el resto de jurisdicciones. Es decir, el problema de congestión no es por este tipo de delitos, sino por las cuestiones civiles, por el atasco civil. En España, la tasa de congestión en los tribunales ha ido bajando en general, y ahora mismo, a pesar de que ha ido bajando, la tasa en España es de un 3,94 y de un 3,08 % en Cataluña. Es decir, en Cataluña hay menos congestión judicial que en el resto de España. Asimismo, ustedes justifican su propuesta en un incremento de los hurtos en las explotaciones agrícolas desde la pandemia. Es verdad que es una realidad social que ocurre, pero es distinta. Aquí creo que hay que atender a los expertos, a las organizaciones agrarias.”
“Es decir, tras la reforma de 2015 del Código Penal, los hurtos se incrementaron un 50 % en España. Después de la reforma del año 2022 de este Gobierno de izquierdas, una reforma que fue acompañada de medidas de empleo y de atención social, -- 31 of 69 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 17 de septiembre de 2024 han descendido los delitos contra el patrimonio y los hurtos, y tengan ustedes en cuenta que esa reforma de 2022 apenas ha tenido tiempo de aplicarse por los tribunales. Conclusión: cuando las reformas penales van acompañadas de empleo y medidas sociales, se reduce la criminalidad (aplausos) y se garantiza la seguridad humana. También justifican su propuesta en un supuesto colapso de la justicia en Cataluña, como en el resto del Estado.”
“Muchas gracias. Presidente, señorías, esta propuesta que traemos aquí, ahora de Junts, es una propuesta que no se basa en datos fiables, y eso es lo primero que hay que resaltar. Evidentemente, los hurtos son un problema social que afecta a muchos barrios céntricos, muchos barrios turísticos, y es verdad que sus responsables suelen estar situados en los márgenes de la sociedad, en situaciones de exclusión social, pero los datos que nos han presentado no son correctos. Es verdad que en el año 2023 hubo un 6 % de incremento de la criminalidad en Cataluña; pero en el año 2021, antes de la reforma aprobada en 2022, el incremento de la criminalidad fue de un 36 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2024, esos delitos contra el patrimonio se han reducido un 2,3 % y en un 4 % los hurtos.”
“Señores del Grupo Popular, si van a seguir bloqueando una solución para Ceuta y Canarias, les ofrecemos que el acuerdo para conseguir el traslado de menores a la Península se haga sobre las propuestas de los señores Vivas y Clavijo ―ambos de Gobiernos en los que participa el Partido Popular―, pero ni siquiera en esos términos lo aceptarán, porque la situación de los niños desamparados, españoles o extranjeros, al PP no le importa nada. Muchas gracias.”
“Los tres puntos innegociables del señor Clavijo, convertidos luego en cuatro puntos innegociables por el señor Tellado, habían sido aceptados. Primero, la creación de un grupo de trabajo sobre infancia migrante no acompañada. Segundo, la propuesta sensata del señor Vivas, presidente de Ceuta, de cesión de guardia y custodia de menores a entidades del tercer sector en la Península mientras la tutela la siguen teniendo Ceuta y Canarias. Tercero, el Gobierno asegura la financiación para el traslado de niños y niñas, y la atención durante al menos un año tras el traslado. Y, cuarto, un mismo sistema de protección en toda España con la declaración de alarma migratoria cuando sea procedente.”
“En 2024 solo se ha aceptado el traslado de 347 menores desde Canarias, pero aún no se ha hecho ningún traslado. El 85 % de las plazas ofertadas en otras comunidades autónomas no se han cubierto, no se han cumplido los acuerdos voluntarios de 2022, 2023 y 2024, pero sí han cobrado la -- 15 of 67 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 27 de agosto de 2024 financiación transferida por el Estado para la acogida no realizada. Que lo sepa toda España: la derecha está haciendo negocio de este incumplimiento. (Rumores). Segundo hecho. El 23 de julio podríamos haber acabado con esta situación, pero el Partido Popular impidió la reforma de la ley de extranjería, a pesar de que habían aceptadas por el Gobierno todas sus exigencias.”
“Quien tiene que comparecer para explicar su bloqueo a solucionar la situación en Canarias y Ceuta es el señor Feijóo, y debería dar orden ya de acabar con la utilización política por parte del PP y VOX de estos niños desprotegidos. El Partido Popular es el responsable directo de la situación que se sufre hoy en Canarias y Ceuta, y lo digo por los siguientes datos. Desde los gobiernos de comunidades autónomas, el Partido Popular lleva años bloqueando los traslados de estos menores a la Península. En 2022 se pactó la ínfima cifra de 378 traslados y solo se realizaron 228 en todo el año. En el año 2023 se pactaron 373 y solo se acogió a 67 en el resto de comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, se ofreció a acoger la hiperbólica cifra de 34 menores, pero finalmente no acogió a ninguno.”
“Cuanto peor para Canarias y Ceuta, mejor para los intereses del Partido Popular. Y vaya por delante el agradecimiento de este grupo parlamentario, de SUMAR, a los gobiernos de Canarias y Ceuta, a los presidentes Clavijo y Vivas, por su sensatez, por su empatía con las niñas y niños desprotegidos y por el respeto a los derechos humanos que han mostrado. Nuestro reconocimiento a las sociedades canaria y caballa por la solidaridad con la que han recibido a más de la mitad de los niños que llegan a España. ¿Fuerza el Partido Popular la sobrepasada capacidad de acogida de niños y niñas en Canarias y Ceuta para retomar la propuesta del señor Tellado de enviar a la Armada a acabar con los cayucos? (Rumores).”
“Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino. Las islas Canarias son el 1,5 % del territorio nacional y en él reside menos del 5 % de la población, pero tutela aproximadamente a 5200 niños y adolescentes, y Ceuta acoge a 400 menores más. Es decir, mientras que el 98,5 % del territorio nacional acoge a 5000 menores, en el 1,5 % ―Ceuta y Canarias― se acoge a 5600. Esta situación se habría corregido con la reforma de la ley de extranjería, pero lo han impedido los destructivos intereses políticos del Partido Popular y de VOX (aplausos), en alianza en esta ocasión con los independentistas de Junts.”
“Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos.”
“Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).”
“Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de -- 138 of 142 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de 2024 regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país.”
“Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.”
“La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos).”
“Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge. ¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia.”
“Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas ―exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE― van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio.”
“La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial.”
“Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España ―en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023― y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos.”
“Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. -- 16 of 49 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de julio de 2024 Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).”
“Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero —este, desgraciadamente, ya fallecido—, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo. Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años.”
“El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales.”
“Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata.”
“España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.”
“No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores.”
“-- 15 of 49 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de julio de 2024 A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas.”
“Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.”
“Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.”
“No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).”
“Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces ―como a cualquier profesional de este país― y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos).”