Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) · Spain
“Las mayorías no se improvisan, se construyen. Y, señor ministro, esta sigue siendo su principal tarea pendiente. Gure jarrera koherentea izan da eta hala izaten jarraituko du. Horregatik, gaur ere bide orri bide orri honen alde bozkatuko dugu. Akordioak eraikitzea eta herritarren interesak lehenestea, baita gure egiteko nagusia.”
“Izan ere, babes ekonomiko, industrial eta sozialik onena ere etxeak, enpresak eta zerbitzu publikoak geldiaraziko lituzkeen itzalaldi bat berriro gerta ez dadin bermatzea da, eta hornidura elektriko egonkorra, lehiakorra eta eskuragarria ziurtatzea.”
“Se puede votar a favor de la senda y, llegado el momento, rechazar unas cuentas que no se comparten; pero al menos así no se deja a las Administraciones ―incluidas aquellas en las que esos mismos grupos gobiernan― en una -- 149 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de 2026 situación peor, con menos margen fiscal y menos capa…”
“¿Y si hubiera incorporado algunas de las propuestas que luego ha dicho que está dispuesto a explorar? Actuando así, lo que parece que está transmitiendo el Gobierno es una estrategia equivocada.”
“Porque el descenso del precio de los carburantes compensó ese efecto y evitó un mayor impacto sobre la inflación. También se ha dicho que este decreto recupera el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, pero tampoco aquí se está contando toda la verdad, -- 17 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de…”
“Hoy, sin embargo, este texto no incurre en este problema y creo que es justo decirlo. Es un decreto, a nuestro juicio, continuista y prudente, que prorroga medidas ya vigentes, ajusta otras a la evolución económica y aclara previsiones del decreto de marzo.”
The complete record
Every one of 1,345 lines we hold for Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 27.
“No se obliga a nadie a vender a pérdidas; se evita que haya subidas desproporcionadas en momentos críticos. Este decreto, además, se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 tras lo sucedido con la dana en Valencia, cuando vimos cómo determinados servicios con precios automatizados podían multiplicar sus tarifas en cuestión de minutos. Aquella modificación legal prohibió expresamente subidas abusivas en situaciones de emergencia, de protección civil, precisamente porque en estos contextos la persona consumidora actúa desde la urgencia, desde el riesgo o desde la necesidad. Una reforma que fue el primer paso para frenar prácticas que, aunque minoritarias, generaron una enorme sensación de indefensión. El decreto ley que hoy debatimos amplía y completa ese marco.”
“-- 67 of 85 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 26 de febrero de 2026 En estos momentos, señorías, no hablamos de teoría económica; hablamos de personas que están asustadas, que no saben dónde dormirán esa noche o cómo llegarán a un hospital; personas que no pueden permitirse que un algoritmo decida que su necesidad vale el doble o el triple que unas horas antes. Por eso esta norma no fija precios de manera permanente ni interviene el mercado en condiciones normales. Lo que establece es algo razonable: mientras dure la emergencia, el precio no podrá superar el que se aplicaba antes de comenzar esta situación excepcional. Y aun así se permite subirlo si hay un aumento real de costes o si es necesario introducir nuevos servicios que ayuden a aliviar la situación.”
“Cuando ocurre algo así, miles de personas necesitan lo mismo al mismo tiempo: un transporte alternativo, un alojamiento, un servicio básico. Y cuando la demanda se dispara y la oferta se reduce, los precios pueden subir de forma brusca. A veces es la propia lógica del mercado; pero en una emergencia, la gente no compra por comodidad, sino porque no tiene otra opción. Quien debe desplazarse por motivos médicos, laborales o porque ha sido evacuado, no puede esperar a que el mercado se reequilibre, necesita una respuesta inmediata.”
“Gracias, señora presidenta. El debate que hoy abordamos parte de una idea sencilla, pero esencial: en una emergencia grave los precios de bienes y servicios básicos no pueden dispararse. Creo que ese es el objetivo del Real Decreto Ley 4/2026. Señorías de VOX, no acabo de entender un turno en contra a no ser que sea por protagonismo. Es difícil de entender cuando se jactan ustedes de defender a familias y trabajadores. Es muy curioso el concepto de defensa que tienen ustedes. Cuando llega una emergencia, les dicen: «Que pague quien pueda». Cada vez afrontamos más situaciones extraordinarias: temporales de gran intensidad, inundaciones, incendios, incidentes que paralizan infraestructuras estratégicas.”
“La clave no es elegir suficiencia o sostenibilidad, sino garantizar ambas, proteger el poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, reforzar los ingresos del sistema para asegurar su equilibrio a medio y largo plazo. Por responsabilidad, justicia social y por la seguridad económica de millones de personas, nuestro grupo votará a favor del decreto ley presentado. Muchas gracias.”
“Gainera, barne eskariari eta jarduera ekonomikoari eusten laguntzen du. Gakoa ez da nahikotasunaren edo jasangarritasunaren artean aukeratzea, biak bermatzea baizik pentsioen erosteko ahalmena babestea eta, aldi berean, sistemaren diru-sarrerak indartzea, epe ertain eta luzera oreka ziurtatzeko. Erantzukizunagatik, justizia sozialagatik eta milaka pertsonaren segurtasun ekonomikoagatik, gure taldeak aurkeztutako lege-dekretuaren alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Mantener la actualización conforme al IPC aporta estabilidad social, reduce el riesgo de pobreza entre las personas mayores y refuerza la confianza de quienes hoy trabajan y cotizan; además, contribuye a sostener la demanda interna y la actividad económica.”
“No olvidemos un hecho clave, solo cuando necesitaron los votos del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del 2018, aceptaron la condición de volver a la revalorización conforme al IPC y de retrasar aquella entrada en vigor de aquel factor de sostenibilidad. Reconocemos que vincular las pensiones al IPC supone un esfuerzo para el sistema y para las cuentas públicas, ignorarlo sería irresponsable. También lo sería olvidar que no actualizar las pensiones conforme al coste de la vida equivale a aplicar recortes silenciosos año tras año, como ya ocurrió con el índice de 2013. Pentsioen eguneratzeari kontsumoko prezioen indizearen arabera eusteak gizarte egonkortasuna ematen du, adinekoen pobrezia-arriskua murrizten du eta, gaur egun, lan egiten eta kotizatzen dutenen konfiantza indartzen du.”
“Hoy actuaremos con responsabilidad y corregiremos la no convalidación del decreto anterior apoyando una norma que protege el poder adquisitivo de millones de pensionistas. Es necesario buscar acuerdos, evitando estrategias de todo o nada que solo dificultan el consenso parlamentario. También conviene recordar algunas cosas. Escuchamos al Partido Popular exigir decretos exclusivos sobre pensiones y presentarse también como grandes defensores de la subida conforme al IPC. Cuesta creer también esa convicción cuando fue precisamente del Partido Popular el artífice del índice de revalorización de 2013, un mecanismo que limitaba todas las subidas y que provocó pérdidas acumuladas de poder adquisitivo para millones de pensionistas.”
“Gaur, arduraz jokatuko dugu eta aurreko dekretuaren ezetza zuzenduko dugu, milioika pentsiodunen erosteko ahalmena babesten duen arau bat babestuz. Baina garrantzitsua da gertatutakotik ikastea. Izan ere, funtsezko neurriak hasieratik tramitatu behar dira, akordioak bilatuz eta dena edo ezer estrategiak saihestuz, horiek adostasuna oztopatzen baitute. -- 46 of 85 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 26 de febrero de 2026 Hoy, con este decreto limpio y específico, queda aún más claro que sí se podía haber evitado esa trinchera y se podía haber presentado una norma consensuada sin forzar a esta Cámara a elegir entre todo o nada, que sí podían haber protegido las pensiones sin convertirlas en un instrumento de presión y que, por lo tanto, esta incertidumbre era evitable.”
“En aquel momento yo creo que no buscaban el consenso, sino el pulso, una dinámica que no construye mayorías, sino que las tensiona; que no protege aquello que dice querer proteger, sino que además se utilizaron o trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de presión política. Esta forma de actuar no aporta estabilidad ni fortalece la confianza entre los grupos, al contrario, la erosiona. Gaur, dekretu garbi eta espezifiko honekin are argiago geratzen da arau adostu bat aurkeztu ahal izan zela, Ganbera hau dena edo ezer ez aukeratzea behartu barik. Pentsioak babestu zitezkeela, presio- tresna bihurtu barik. Eta pentsio honen eguneratzearen inguruan sortutako ziurgabetasun bera saihesgarria zala.”
“Lo hizo pese a saber que en este Parlamento no había una mayoría y que para aprobar cualquier medida importante es imprescindible el acuerdo entre quienes apoyamos la investidura. Eso exige diálogo, cesiones y voluntad de entendimiento, no posiciones maximalistas. Sin embargo, el decreto que hoy debatimos demuestra que sí era posible traer desde el principio una norma clara, específica y consensuable. Por tanto, permítanme decirles, señorías del Gobierno, que su estrategia inicial respondió quizá más a una lógica de trinchera permanente que a una voluntad real de acuerdo.”
“Son decisiones que permiten que la Seguridad Social siga siendo viable hoy y también en el futuro. Además, se adoptan medidas coherentes también con la justicia contributiva que compartimos, como la cotización adicional para bomberos forestales y agentes medioambientales, para financiar de manera responsable los coeficientes reductores de la jubilación anticipada asociados a profesiones especialmente duras y de riesgo. Ahora bien, conviene recordar también cómo hemos llegado hasta aquí. El Gobierno decidió incluir estas medidas en un decreto ómnibus con disposiciones heterogéneas y controvertidas, aun sabiendo que no tenía la mayoría necesaria para convalidarlo. Esa decisión puso en riesgo la actualización de las pensiones y generó una incertidumbre que podría haberse evitado.”
“Gracias, presidente. Hoy debatimos la convalidación del real decreto ley de revalorización de las pensiones para 2026, una norma necesaria y socialmente imprescindible. Esta medida garantiza que las pensiones suban conforme al IPC, de modo que millones de personas mayores no pierdan poder adquisitivo en un contexto todavía de incertidumbre. Revalorizar las pensiones no es solo una decisión presupuestaria, es un compromiso con quienes han trabajado durante décadas y han sostenido nuestro sistema productivo; es proteger especialmente a quienes cobran pensiones mínimas, muchas de ellas mujeres, y asegurar que las personas mayores puedan mantener unas condiciones de vida dignas. El decreto también incorpora medidas que refuerzan la sostenibilidad del sistema, aumento de bases de cotización, mecanismo de equilibrio intergeneracional.”
“Mañana decaerán ayudas necesarias porque decidieron empaquetarlas todas bajo el mismo envoltorio, en lugar de tramitarlas por separado y garantizar al menos la continuidad de gran parte de ellas. ¿Cuál es su alternativa? Cuéntenos cuál es la próxima ocurrencia; la población espera políticas útiles. ¿Dónde están esas políticas y dónde están ustedes? La gente está a la espera.”
“Parece que hoy va a volver a fracasar. Lo intentaron con el anterior decreto y no lograron sostenerlo; se les ha ofrecido una alternativa, pero tampoco parece que hayan sido capaces de reunir una mayoría suficiente. ¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellas? Nos dejan ahora ante un vacío. Mañana, estas ayudas necesarias van a decaer porque decidieron empaquetarlas todas bajo un mismo envoltorio cuando podrían haberlas tramitado por separado y garantizar al menos la continuidad de gran parte de ellas. ¿Cuál es su alternativa? Cuéntenos el plan C, porque, mientras en esta Cámara vemos atónitos cómo la hipérbole vuela de un lado para el otro, la ciudadanía espera políticas útiles. ¿Dónde están? Aurreko dekretuan saiatu zineten, baina ezin izan zenuten eutsi.”
“Cuando esto ocurre, la política social deja de ser pública y pasa a financiarse de forma forzosa. Esto no es justicia social, esto es desplazar la responsabilidad. Nosotros no hemos venido aquí a enfrentar vulnerables contra vulnerables. Decimos algo mucho más simple: la política social debe proteger sin estigmatizar y equilibrar sin deformar la realidad. Pedir equilibrio no es ponerse del lado de nadie contra nadie; pedir equilibrio es reconocer que la vulnerabilidad, como he dicho ya, está a ambos lados del contrato. Si cualquier llamada al equilibrio se convierte en un ataque ideológico, entonces el problema, perdonen, no es el argumento, es la falta de voluntad para escuchar. Señorías del Gobierno, este decreto contiene otras medidas muy importantes: descuento del bono social, garantía de suministro eléctrico, etcétera.”
“Si alquilar implica un riesgo indefinido o incertidumbre permanente, el mercado reacciona retirando oferta o endureciendo condiciones, no porque los propietarios sean enemigos sociales, sino porque nadie asume voluntariamente un riesgo ilimitado. ¿Acaso alguno de los que estamos aquí no lo hacemos? Ninguno firma un contrato sin garantías, ninguno acepta obligaciones sin límites, ninguno renuncia a su propia seguridad jurídica y, sin embargo, se pretende que otros lo hagan por imposición. Son las Administraciones quienes tienen que garantizar una alternativa habitacional y eso no está ocurriendo. Lo están señalando ya varias audiencias provinciales que dicen que, cuando la Administración no amplía el parque público ni ofrece soluciones en un plazo razonable, no se puede trasladar ese incumplimiento al propietario privado.”
“Todos sabemos que, en determinados municipios, cuando llega el momento, se ha desalojado; todos sabemos que, cuando se promueve vivienda, no siempre se prioriza el alquiler público y que se hace en demasiadas ocasiones vivienda libre o tasada. Es la distancia que existe entre el discurso y los hechos. Esa distancia tiene un nombre: hipocresía. Hipocresía es negar la vulnerabilidad de un pequeño propietario porque incomoda el relato; hipocresía es practicar una humanidad selectiva: compasión para unos, sospecha automática para otros; hipocresía es no reformar la legislación -- 26 of 85 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 26 de febrero de 2026 urbanística, no liberar suelo, no simplificar trámites y no eliminar la burocracia que paraliza durante años la construcción de vivienda. La realidad es tozuda.”
“Si decir esto o llegar a este acuerdo, como algunos nos han acusado, es querer desahuciar a familias vulnerables, permítanme poner las cosas en su sitio. El PNV no defiende esto, no lo ha hecho y, honestamente, creo que nadie defiende eso. Solo hemos trasladado la obligación de socorro de pequeños propietarios a la Administración. Fíjense qué crimen que lo público ejerza lo público. Lo que resulta llamativo es que quienes reparten carnés de moralidad olvidan que la ética no se proclama, se practica. No basta con exigir pureza en términos morales si allí donde se gobierna se actúa en ocasiones de forma diferente.”
“Una persona mayor que depende del alquiler para completar su pensión o un autónomo que invirtió sus ahorros en una segunda vivienda que puede sufrir un revés económico pueden quedar expuestos. Ignorar estas realidades no es hacer justicia social, es reducir un problema complejo a una consigna ideológica. La realidad es mucho más compleja y, precisamente por eso, también más humana. La vulnerabilidad no entiende de etiquetas. Puede estar en el inquilino que no llega a fin de mes, y también puede estar en el propietario que necesita esa renta para sostener su economía. Está a ambos lados del contrato, a ambos lados de la puerta. Reconocerlo permite abordar el problema con equilibrio, sin prejuicios y sin convertir a una de las partes en culpable por definición. Esto es lo que hemos intentado hacer con nuestro acuerdo.”
“Lo planteamos así porque esa exclusión podía reunir apoyos suficientes, mientras que cualquier otro paso adicional no contaba con los votos necesarios; pero también con un propósito adicional: ganar tiempo para trabajar en medidas que garanticen la seguridad jurídica a los propietarios y, al mismo tiempo, una alternativa habitacional eficaz, efectiva y ágil para las personas vulnerables. Calificar este acuerdo de criminal o afirmar que da asco, como algunos han hecho, no es hacer política; es utilizar un lenguaje bélico, impropio de quien se dice ser pacifista. Es el lenguaje de quien necesita enemigos para sostener un relato; un relato que parte de una premisa profundamente injusta: que quien es propietario, por el simple hecho de serlo, no puede ser vulnerable. Esto es falso.”
“Llevamos seis años prorrogando la moratoria y, precisamente por esto, decimos que no se puede seguir estirando una medida excepcional como si fuera permanente; aun así, la hemos votado cada vez que se ha traído para no perjudicar a quienes necesitan ayuda. Hemos aceptado hoy una prórroga matizada, porque la aritmética actual obliga a negociar y a construir acuerdos de mínimos. Eso es exactamente lo que hemos hecho: introducir un matiz de justicia para que el resto de las medidas no se viniera abajo. Este acuerdo incorpora un mínimo equilibrio: excluir de la moratoria a los pequeños propietarios con una o dos viviendas. No es la solución definitiva, no resuelve el problema estructural y no lo hemos presentado tampoco como tal. Es un parche, sí, pero necesario para corregir una injusticia evidente que afecta a pequeños propietarios.”
“Señorías, hoy debatimos un decreto que incluye medidas en vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Su convalidación no está garantizada porque se ha vuelto a plantear un todo o nada que divide el arco parlamentario, concretamente en lo relativo a la moratoria de desahucios. Desde el primer día hemos sido claros. No compartimos seguir prorrogando una suspensión que nació como excepcional. No porque no haya que proteger a las personas vulnerables ―eso es incuestionable―, sino porque no se puede eternizar una medida nacida en pandemia sin abordar el problema real: la falta de oferta de vivienda y el fracaso del sector público para cumplir su función.”
“Gracias, vicepresidenta, pero se sigue sin revisar esos contratos, y nosotros lo que hemos pedido es una versión muy tasada, muy limitada y muy restrictiva, como dice la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que no creemos que se pueda hacer es defender una subida del salario mínimo interprofesional y al mismo tiempo mantener unas reglas diseñadas entonces por el PP para congelar precios en plena etapa de recortes, en plena austeridad, en un contexto...”
“Vicepresidenta, esto no va de proteger márgenes empresariales, va de proteger servicios públicos esenciales y empleos, porque cuando una obligación legal sobrevenida incrementa los costes y no se permite adaptar el contrato, quienes acaban pagando las consecuencias son las personas trabajadoras, las entidades sociales y la ciudadanía que recibe esos servicios. Por eso, le preguntamos: ¿prevé el Gobierno algún mecanismo para garantizar que el impacto de la subida del salario mínimo en estas empresas que prestan servicios en el sector público no comprometa ni los derechos de las personas trabajadoras ni la calidad de la prestación de estos servicios? Muchas gracias. -- 16 of 62 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 25 de febrero de 2026”
“Por eso, presentamos una enmienda para contratos intensivos en mano de obra con límites cuantitativos, que el Gobierno vetó bloqueando la única vía legal o real para adaptar estos contratos ante subidas salariales obligatorias. Pero, mientras esto ocurría, ustedes plantearon una deducción fiscal a las empresas vía sociedades, para convencer a la CEOE de aceptar la subida del salario mínimo, reconociendo, por tanto, que existe un impacto económico; una deducción que no resuelve el problema estructural de estos contratos y que no permite ajustar precios ante nuevas subidas del salario mínimo.”
“¿Y qué ocurre entonces? Que se reduce el margen para mejorar el servicio, se dificulta avanzar en mejores condiciones laborales, y hay licitaciones que quedan desiertas y empresas que renuncian porque el contrato deja de ser viable. Esto afecta a sectores donde trabajan mayoritariamente mujeres y a empresas que trabajan con personas en exclusión social. Una empresa en el mercado privado puede renegociar precios para absorber un incremento salarial obligatorio. Una empresa que presta un servicio público no puede hacerlo. Cuando se presenta una licitación, no sabe si el salario mínimo va a subir ni cuánto. Y si sube, no puede actualizar el precio del contrato, aunque la subida sea posterior a la adjudicación.”
“Gracias, presidenta. La subida del salario mínimo interprofesional es una buena noticia, mejora los salarios más bajos y combate la precariedad. Pero hay un efecto del que casi nada se habla. Muchos servicios públicos del día a día ―la limpieza de los colegios, los hospitales, las ayudas a domicilio, la atención social o la jardinería― no los presta directamente la Administración; los prestan empresas privadas, empresas de inserción y entidades sociales a través de contratos públicos. En estos contratos la mayor parte de los costes son los salarios, y cuando sube el salario mínimo, estas empresas tienen que pagar más a los trabajadores, como no puede ser de otra manera. El problema es que la ley no permite actualizar el precio del contrato para cubrir esa subida salarial, aunque los sueldos representen más de la mitad del presupuesto.”
“Cuando hay fondos públicos implicados y comunidades enteras que dependen de un centro productivo, el interés general exige reglas claras. Muchas gracias.”
“Bat gatoz bere funtsezko helburuarekin: enpleguaren babesa indartzea Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo justifikatu gabeko deslokalizazioaren aurrean, eta gardentasuna eta erantzukizuna bermatzea produkzio-unitateen transmisioan. Funts publikoak tartean daudenean eta komunitate osoak produkzio zentro baten mende daudenean, interes orokorrak arau argiak eskatzen baititu. Eskerrik asko. Nuestro grupo votará a favor de esta proposición de ley. Lo hacemos porque compartimos su objetivo esencial: reforzar la protección del empleo frente a deslocalizaciones injustificadas fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, y garantizar también la transparencia y la responsabilidad en la transmisión de unidades productivas.”
“Una regulación excesivamente rígida puede incentivar estrategias de elusión o fragmentaciones empresariales previas a la aplicación de la norma. Proteger el empleo y garantizar la responsabilidad cuando hay recursos públicos en juego es un objetivo legítimo y compartido, pero también la legislación exige equilibrio, seguridad jurídica y coherencia institucional. Nuestro voto favorable es un voto responsable. Apoyamos el objetivo de la norma, pero exigimos una mejora técnica que permita que esas medidas sean eficaces, proporcionadas y sostenibles en el tiempo. Gure taldeak lege proposamen honen alde bozkatuko du.”
“Proporcionalidad, porque hay que limitar determinadas medidas laborales cuando se produce un traslado fuera de la Unión Europea, pero exige también un equilibrio riguroso entre la protección de empleo y la libertad de empresa. Impacto en operaciones empresariales legítimas, porque el régimen de responsabilidad subsidiaria solidaria del vendedor puede tener efectos disuasorios: si quien vende sigue respondiendo por decisiones futuras que ya no controla, puede optar por no vender y cerrar, lo que iría en contra del objetivo de mantener la actividad. Coordinación normativa para evitar duplicidades y garantizar una correcta articulación con las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas y efectos no deseados.”
“La Unión Europea ya condiciona determinadas ayudas al mantenimiento de la actividad y existen experiencias previas en nuestro propio país. Territorios como Vizcaya cuentan desde hace años con mecanismos de reintegro de ayudas en caso de deslocalizaciones, y mencionarlo es útil para entender que esta iniciativa se limita a actuar, además, en el ámbito de los traslados fuera de la Unión Europea. Precisamente por eso también hay que legislar con precisión. Aquí aparecen los riesgos que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es la inseguridad jurídica, porque conceptos quizá como la vinculación directa o indirecta entre decisiones laborales y una deslocalización pueden generar interpretaciones dispares y quizá aumentar la litigiosidad si no se define con claridad.”
“Transparencia en la venta de unidades productivas: la obligación de abrir un periodo de consultas, compartir información relevante y presentar un plan de viabilidad introduce una lógica preventiva que -- 10 of 68 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 24 de febrero de 2026 puede evitar operaciones opacas e incluso cierres encubiertos. Y participación de la representación de las personas trabajadoras en procesos que afectan directamente a su futuro, porque creemos que es una garantía democrática y un instrumento para anticipar riesgos. Ahora bien, votar a favor no significa ignorar los riesgos, y es importante expresarlos con honestidad. En este debate se ha presentado la deslocalización como si estuviéramos ante un vacío legal absoluto, pero no es así.”
“Además, el propio proyecto de ley de industria aprobado por el Gobierno también incorpora medidas para evitar que ayudas públicas terminen financiando deslocalizaciones fuera de la zona euro. Esto es simplemente para reforzar la autonomía estratégica y proteger la base productiva. Valoramos especialmente tres elementos del texto. Coherencia entre ayudas públicas y mantenimiento del empleo, porque si una empresa ha recibido apoyo mediante ERTE o mecanismos similares y posteriormente traslada su actividad a países terceros se exigen responsabilidades. No se limita la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea, se actúa donde aquí sí hay margen regulatorio.”
“Hay que decir que Francia y Alemania, las dos mayores economías industriales de Europa, llevan años actuando en esta misma dirección. Francia lo hace mediante mecanismos como la ley Florange, que obliga a buscar compradores antes de cerrar plantas rentables y condiciona fuertemente las ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Alemania, por su parte, combina incentivos industriales, compromisos de permanencia asociados a subvenciones y una fuerte participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gobernanza empresarial. Ambos países comparten la idea de que, cuando hay empleo, tejido productivo y recursos públicos en juego, el Estado no puede ser un espectador pasivo. Creo que esta proposición de ley se sitúa en esta misma lógica.”
“Gracias, presidenta. Arratsalde on. Hoy debatimos una iniciativa que aborda principalmente cómo garantizar que la modernización e incluso la internacionalización empresarial no se traduzca en desprotección laboral, desarraigo industrial o utilización indebida de recursos públicos. Y lo hacemos ante una realidad que conocemos bien: procesos de deslocalización hacia países terceros que han dejado comarcas sin empleo y operaciones de venta que en ocasiones han servido para eludir responsabilidades laborales, sí, pero también pueden responder a factores regulatorios que impactan directamente en la estructura de costes que, si no vienen acompañados de instrumentos de adaptación suficiente, el riesgo de desplazamiento productivo existe, y esto también debería formar parte de este debate. En este debate tampoco hay un vacío.”
“Kontua ez da kreditu azkarra egotea eragoztea, kontua da pertsonen premia ekonomikoa finantza esplotaziorako aukera bihurtzea eragoztea. Esandakoagatik, aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko. Votar a favor de esta iniciativa es votar a favor de la seguridad jurídica, a favor de quienes más lo necesitan y a favor de un mercado financiero más transparente y equilibrado. No se trata de impedir la posibilidad de obtener un crédito rápido, se trata de evitar que la urgencia económica de las personas se convierta en una oportunidad de explotación financiera. Por todo lo dicho, votaremos a favor. Muchas gracias.”
“Estas medidas no solo protegen a los ciudadanos, sino que también favorecen la competencia leal entre entidades financieras que sí cumplen las normas y operan con responsabilidad. Votar a favor de esta iniciativa es votar por la seguridad jurídica, por la protección de quienes más lo necesitan y por un mercado financiero más transparente y equilibrado. No se trata de impedir que exista crédito rápido, se trata de impedir que la urgencia económica de las personas se convierta en una oportunidad para la explotación financiera. -- 48 of 67 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 17 de febrero de 2026 Ekimen honen alde bozkatzea segurtasun juridikoaren alde bozkatzea da, gehien behar dutenen babesaren alde eta merkatu finantzario gardenago eta orekatuago baten alde.”
“Nos encontramos en un momento decisivo en el que el Parlamento debe acompañar, reforzar y completar ese proceso legislativo ―abierto ya, como hemos dicho, por el Gobierno― impulsando medidas adicionales que aseguren una aplicación efectiva, rápida y plenamente protectora para los consumidores y evitando que durante la tramitación normativa persistan situaciones de abuso que afecten especialmente a los ciudadanos más vulnerables. La iniciativa que hoy se presenta propone medidas razonables y, desde luego, necesarias. Define criterios objetivos para identificar préstamos abusivos, establecer mecanismos de registro y supervisión de las entidades prestamistas, reforzar la información contractual, limitar prácticas publicitarias engañosas y dotar a las autoridades de instrumentos eficaces para evitar fraudes y abusos.”
“Este anteproyecto prevé medidas relevantes, como el establecimiento de límites a los intereses abusivos, la obligación de que todas las entidades prestamistas cuenten con autorización y supervisión del Banco de España, el refuerzo de la evaluación de solvencia previa a la concesión de crédito, mayores exigencias de transparencia en la información precontractual y contractual, así como restricciones a determinadas prácticas comerciales y publicitarias que pueden inducir a error al consumidor. Además, la futura norma ampliará el ámbito de regulación a productos como los microcréditos y otros instrumentos de financiación rápida, que hasta ahora han operado, en ocasiones, en zonas grises del sistema regulatorio. Precisamente por ello, esta iniciativa parlamentaria resulta plenamente coherente, necesaria y, diría yo, complementaria.”
“Señorías de VOX, o no se enteran o no se quieren enterar, porque, tal y como ha dicho el portavoz socialista, el Gobierno ya ha iniciado recientemente la tramitación de un anteproyecto de ley de crédito al consumo destinado a reforzar la protección de los deudores y prevenir situaciones de sobreendeudamiento, cuyo encaje está bajo la Directiva 2023/2225, como ya he dicho.”
“Así, la Unión Europea aprobó ya la Directiva 2023/2225, sobre crédito al consumo, para reforzar la protección de los consumidores, en la que exige comunicaciones claras, justas y no engañosas, refuerza la obligación de evaluar la solvencia antes de conceder crédito, impulsa medidas para evitar prácticas que empujen al sobreendeudamiento y promueve que existan servicios independientes de asesoramiento. Es decir, Europa marca el camino: crédito responsable, transparencia real y protección efectiva del consumidor.”
“Este fenómeno no es anecdótico, afecta a muchas personas que, como he dicho, ante situaciones de urgencia económica recurren a estos préstamos sin disponer de información suficiente, sin evaluación real de su solvencia y, en ocasiones, frente a entidades que ni siquiera están adecuadamente registradas ni supervisadas. El resultado es conocido: espirales de endeudamiento, prácticas de recobro agresivas y, en los casos más graves, situaciones de fraude masivo que dejan a cientos de ciudadanas y ciudadanos indefensos. Y no lo decimos solo aquí, Europa ya ha reconocido la magnitud de este problema.”
“Señorías, hoy debatimos una iniciativa que no trata únicamente de regulación financiera, sino de protección efectiva de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables y también de justicia social. En los últimos años hemos asistido a la proliferación de empresas que ofrecen créditos rápidos de pequeño importe con condiciones que, en muchos casos, alcanzan niveles claramente abusivos y con tasas de interés que multiplican de forma desproporcionada el capital prestado. Detrás de estos créditos abusivos no hay simples operaciones financieras, sino familias en situación de desesperación económica que, buscando una solución urgente, acaban atrapadas en mecanismos que en demasiadas ocasiones se convierten en estafas financieras.”
“No basta si no actuamos contra la morosidad, si no reducimos la carga administrativa, si no facilitamos el acceso a financiación, si no adaptamos la fiscalidad a los ingresos irregulares y si no damos estabilidad a quienes sostienen la economía real. La protección social resulta imprescindible, pero no es suficiente, porque, además, detrás de cada autónomo hay una historia, hay una familia y un proyecto de vida y también hay un país que no puede permitir perderlo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. -- 128 of 132 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de febrero de 2026”
“Estamos, por tanto, ante una moción ambiciosa, con trece puntos, aunque somos conscientes de que aún quedan aspectos que habrá que seguir desarrollando, y entendemos que avanza en la buena dirección y supone un paso muy importante para mejorar la protección de millones de trabajadores autónomos. Por todo ello, nosotros votaremos a favor, porque esta moción busca dar un paso adelante para un colectivo que lleva demasiado tiempo caminando solo. Sin embargo, también quiero decir algo más, y es que esto no basta, no basta con mejorar la protección social si no abordamos la realidad económica que asfixia cada día a miles de autónomos.”
“Por eso, creemos, señorías de Esquerra, que esta moción es necesaria, porque propone un sistema de cotización progresivo y justo, porque plantea un cese de actividad que funcione de verdad, porque introduce un subsidio para mayores de 52 años, porque equipara prestaciones de enfermedad y maternidad, porque corrige la doble cotización, porque intenta combatir el fraude de los falsos autónomos, porque puede dar seguridad a los TRADE y porque incorpora medidas de representación largamente esperadas. En definitiva, porque reconoce que la protección social no puede depender del tamaño de un negocio, sino de tu condición de trabajador o trabajadora.”
“Y esto no puede ser, así que bienvenida esa inspección. Señorías, este no es un problema sectorial, es un problema de país, porque un país que no protege a quienes emprenden, a quienes arriesgan, a quienes generan actividad económica es un país que está debilitando su propio futuro. Como ha dicho hoy la diputada Aina Vidal, de SUMAR, la protección social es una inversión, a lo que yo añadiría que no solo es una inversión a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ya que tiene una parte solidaria, porque sostiene el sistema, y una parte aseguradora.”
“Y esto no es un fallo técnico, es una injusticia estructural. Y no es la única, porque, mientras que un trabajador asalariado enferma y recibe una prestación, un autónomo que enferma sigue pagando cuota; y, mientras que un asalariado tiene derecho a conciliación, un autónomo muchas veces debe elegir entre cuidar o trabajar; o, mientras que un asalariado tiene un desempleo real, un autónomo se enfrenta a un laberinto burocrático que casi nunca termina bien. Y tampoco olvidemos a quienes están en pluriactividad, pagando dos veces por los mismos riesgos, a quienes trabajan como TRADE, sin garantías reales, o a quienes son los falsos autónomos porque alguien decidió que era más barato precarizar que contratarlos. En mi caso, sobre todo lo hemos visto con muchas actividades profesionales, incluso con repartidores.”