Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) · Spain
“Las mayorías no se improvisan, se construyen. Y, señor ministro, esta sigue siendo su principal tarea pendiente. Gure jarrera koherentea izan da eta hala izaten jarraituko du. Horregatik, gaur ere bide orri bide orri honen alde bozkatuko dugu. Akordioak eraikitzea eta herritarren interesak lehenestea, baita gure egiteko nagusia.”
“Izan ere, babes ekonomiko, industrial eta sozialik onena ere etxeak, enpresak eta zerbitzu publikoak geldiaraziko lituzkeen itzalaldi bat berriro gerta ez dadin bermatzea da, eta hornidura elektriko egonkorra, lehiakorra eta eskuragarria ziurtatzea.”
“Se puede votar a favor de la senda y, llegado el momento, rechazar unas cuentas que no se comparten; pero al menos así no se deja a las Administraciones ―incluidas aquellas en las que esos mismos grupos gobiernan― en una -- 149 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de 2026 situación peor, con menos margen fiscal y menos capa…”
“¿Y si hubiera incorporado algunas de las propuestas que luego ha dicho que está dispuesto a explorar? Actuando así, lo que parece que está transmitiendo el Gobierno es una estrategia equivocada.”
“Porque el descenso del precio de los carburantes compensó ese efecto y evitó un mayor impacto sobre la inflación. También se ha dicho que este decreto recupera el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, pero tampoco aquí se está contando toda la verdad, -- 17 of 158 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de julio de…”
“Hoy, sin embargo, este texto no incurre en este problema y creo que es justo decirlo. Es un decreto, a nuestro juicio, continuista y prudente, que prorroga medidas ya vigentes, ajusta otras a la evolución económica y aclara previsiones del decreto de marzo.”
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“Sin embargo, el real decreto solo contempla el tipo de trabajo remunerado, dejando fuera este otro esfuerzo, el cuidado, que sí reúne los criterios de penosidad, fatiga, desgaste físico y emocional, que justifican un coeficiente reductor. Es decir, la actividad es penosa, pero no laboralmente penosa a efectos de coeficiente reductor. El año pasado, mi grupo ya le planteó esta cuestión y usted se comprometió a dar una respuesta lo antes posible. Pero esa respuesta, ministra, todavía no ha llegado. Por eso, le preguntamos: ¿qué procedimiento ha previsto el Gobierno para incorporar la jubilación anticipada de las personas trabajadoras y, a su vez, cuidadoras de grandes dependientes?”
“No descansa, no tiene vacaciones y está agotado por esas horas invisibles de cuidados que la sociedad necesita, pero no reconoce. Y aunque Josean realiza este cuidado, normalmente son las mujeres quienes asumen esta carga, lo que evidencia, además, una desigualdad de género clara en la vida laboral y personal de quienes cuidan. Reconocemos que se han dado pasos importantes para mejorar las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, pero esto no es suficiente. Estas personas necesitan poder jubilarse antes por motivos de salud, porque la sobrecarga física y emocional de estos cuidados tiene un impacto real y acumulativo en su bienestar.”
“Estas personas trabajan muchas veces en empleos que no son físicamente duros, en oficinas, comercios o servicios, pero cuando termina su jornada laboral, empieza la segunda, la más exigente: el cuidado constante de un hijo o de una hija, de un cónyuge o de un progenitor con gran dependencia. Y esa situación, además, dificulta enormemente encontrar y mantener un empleo estable, y les hace casi imposible poder promocionar en su trabajo. La carga de los cuidados, por lo tanto, limita sus oportunidades laborales, su desarrollo profesional y su bienestar personal. Pienso en Josean, un hombre de 58 años que trabaja con jornada continua hasta el mediodía y dedica todas las tardes, noches y fines de semana al cuidado de su hijo de treinta años, con gran dependencia.”
“Gracias, presidenta. Ministra, el pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres. Un avance importante, sin duda. Pero, una vez más, el decreto deja fuera una realidad que también es profundamente penosa y socialmente necesaria: la de las personas cuidadoras no profesionales familiares de grandes dependientes, que compatibilizan su trabajo remunerado con el cuidado diario de quienes más lo necesitan.”
“Solo desde el diálogo, la responsabilidad y el equilibrio podremos avanzar hacia una jornada más corta, sí, pero también más justa, sólida y humana. Y desde esta convicción, señorías, reflexionaremos con responsabilidad sobre la mejor forma de seguir avanzando en esta reforma, porque no se trata solo de votar, sino también de acertar.”
“Adostasun zabalago bat lortzen saiatuz, enplegua sortzen dabenen eta lana egiten dabenen kezka legitimoak txertatuz eta langileei eta enpresei bermeak eskainiz, horrela lortuko baitugu erreforma sendo bat. El proyecto de reducción tiene que retornar a las 37,5 horas. Tiene que ser una prioridad a través de un gran consenso, un amplio consenso, para incorporar también las inquietudes legítimas de quienes sufren estas consecuencias y ofreciendo todas las garantías a todas las partes. Y es así como podremos obtener un consenso sólido. Queremos una política laboral que una, no que divida. Creemos en el diálogo social como la herramienta que ha permitido y permite avanzar en derechos, sin poner tampoco en riesgo los equilibrios que sostienen el empleo.”
“Las medidas sociales, si de verdad queremos que funcionen, deben ser consensuadas y, desde luego, planificadas. Reducir la jornada laboral no puede ser un gesto político ni un titular de prensa, debe ser una transformación profunda del modelo de trabajo y solo puede hacerse desde el diálogo y el acuerdo. Por eso, ahora, más que acumular nuevas propuestas, necesitamos retomar el camino del diálogo social, volver a sentar a sindicatos, quizá a empresarios, a los autónomos, y a construir un acuerdo bueno para todas las partes; un acuerdo que modernice la jornada laboral, sí, pero también con equilibrio y con responsabilidad. La prioridad debe ser retomar el proyecto de las 37,5 horas, pero esta vez intentando un consenso más amplio. Lanaldi murrizketaren proiektua Hamazazpi koma bost ordura itzultzea izan behar da lehentasuna.”
“Solo hay que ir a los pueblos y ver cómo cada vez más comercios bajan la persiana. Ellos también forman parte del sistema laboral, y sin ellos, señorías, no hay empleo que proteger. Por eso, si una propuesta más moderada, como la de 37,5 horas, ya fracasó por falta de consenso y por el impacto que podía tener en estas pymes, ¿cómo pretendemos ahora aprobar una reducción aún mayor, de 35 horas, sin haber reconstruido el diálogo social ni el diálogo parlamentario? Creo que no hay que confundir voluntad con, quizá, improvisación. Todos compartimos el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Todos queremos más tiempo para la familia, para el descanso, para vivir. Por eso ―y esto es clave―, las buenas intenciones no bastan.”
“Y creo que tenían motivos para preocuparse, porque, señorías, cuando hablamos de reducción de jornada laboral, no hablamos de grandes corporaciones con beneficios millonarios que, precisamente, ya tienen esa reducción de jornada o la pueden aplicar sin mayores complicaciones, sino que hablamos de talleres, de comercios, de pequeñas empresas familiares, de autónomos que, cada mes, hacen malabares para pagar las nóminas, las cotizaciones, los alquileres y facturas. Conviene decirlo, la preocupación y el miedo, en contextos aún de incertidumbre, son libres. El miedo a no llegar a fin de mes, a quizá no poder contratar a otra persona, a tener que cerrar antes de tiempo. Eso es real, y no podemos ignorarlo. Hablamos de sectores que, precisamente, no se están forrando.”
“-- 8 of 74 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 14 de octubre de 2025 Hace apenas unos meses, y lo recordarán aquí, señorías, este Congreso ya debatió una reducción de jornada de 37,5 horas semanales impulsada, además, por el Gobierno. Fue una propuesta nacida, al menos, del diálogo con los sindicatos. Sin embargo, no salió adelante, y conviene recordarlo: no se aprobó porque no contó con los apoyos suficientes en esta Cámara. Varios grupos parlamentarios no la respaldaron, precisamente, por el impacto que podía tener en las pequeñas y medianas empresas, en los autónomos, en los hosteleros y en los sectores que mayoritariamente sostienen el empleo en este país.”
“Gracias, presidenta. Arratsalde on. Hoy debatimos una proposición de ley que propone reducir la jornada laboral máxima a 35 horas semanales. Y cuando hablamos de tiempo de trabajo, efectivamente no hablamos solo de horas, sino que hablamos de cómo queremos vivir, de cómo conciliamos, de cómo garantizamos el bienestar de las personas trabajadoras. Hablamos, en definitiva, de qué modelo de sociedad queremos construir. Y es un debate importante, sin duda, pero también debe ser un debate serio y responsable, porque no se trata de ver quién promete más en menos tiempo, sino de construir soluciones que sean posibles, sostenibles y duraderas.”
“Ustedes insisten en la necesidad de ir más allá de lo recogido en ese decreto, que calificaron de fake, pero lo cierto es que esas mismas propuestas pueden debatirse e incorporarse durante la tramitación del decreto como proyecto de ley, si es que este es convalidado por el Congreso. Este procedimiento parlamentario permite introducir enmiendas, negociar su alcance e incluso introducir medidas más firmes, porque la política exterior, sobre todo en contextos tan delicados, se construye con pasos graduales y con amplios consensos, no con gestos absolutos. Muchas gracias.”
“Gracias, presidente. Intervengo de forma breve. Mi grupo no va a entrar a debatir esta moción, que pretende endurecer el embargo de armas a Israel, reforzar las inspecciones para impedir el paso de material bélico por territorio nacional y vetar empresas vinculadas a la industria armamentística, y no lo haremos porque este debate ya se produjo ayer durante la convalidación del Real Decreto Ley 10/2025, de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Creo que traen ustedes hoy, señorías de Podemos, un debate paralelo, más político que practico, una estrategia para visibilizar una postura más contundente frente a la política exterior del Gobierno, marcar distancias con SUMAR y forzar un posicionamiento del resto de los grupos parlamentarios, aprovechando la atención mediática que ha generado ese decreto.”
“Mi grupo seguirá defendiendo el derecho a una vivienda digna, pero también el respeto a nuestras competencias y al marco europeo. No nos vamos a oponer a lo que se solicita en esta iniciativa. Por coherencia, primero, porque muchas de las medidas que se proponen ya las aplicamos en Euskadi, donde tenemos competencia en materia fiscal, tenemos el Concierto Económico; y segundo, también porque creemos que la política de vivienda, desde luego, requiere más oferta, más rigor y menos improvisación. Como he dicho, no votaremos en contra de esta iniciativa.”
“Pero conviene advertir que, sin una agilización real de la Ley de Suelo, estas medidas podrían quedarse en papel mojado, ya que los procesos para transformar el suelo en urbanizable se han vuelto más lentos y complejos. Aquí ya se intentó reformar esa ley para simplificar trámites y dar seguridad jurídica, pero su tramitación fue rechazada en este Congreso. Esta es la paradoja. También pedimos más vivienda, pero se bloquean las reformas que permiten construirla. Esa es la realidad. Mientras seguimos acumulando diagnósticos y buenas intenciones, las reformas que podrían agilizar la construcción se bloquean en sede parlamentaria. La oferta solo aumentará si existe suelo disponible, seguridad jurídica y agilidad administrativa. Sin esto, ni las mejores intenciones, ni los mayores recursos bastarán.”
“En cuanto a la propuesta de prohibir la compraventa de vivienda por parte de no residentes, debemos actuar con prudencia porque, en el marco de la Unión Europea, no se puede restringir la libre circulación de capitales ni discriminar por nacionalidad o residencia sin una causa muy justificada. Esta medida sin más matizaciones podría prohibir la compra a ciudadanos europeos, trabajadores desplazados o familias que viven parte del año aquí, una medida que podría generar inseguridad jurídica y que habría que matizar. Solicitan también garantizar recursos suficientes a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para aumentar el parque de vivienda, una propuesta que podemos compartir.”
“Creemos que esa es la vía que funciona, aunque todo es mejorable, por supuesto, y tenemos que mejorar y mucho. Planificación, colaboración y equilibrio entre incentivos fiscales y responsabilidad pública y políticas públicas mantenidas en el tiempo. -- 62 of 86 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 7 de octubre de 2025 Sabemos que otras comunidades, como Cataluña, no cuentan con la misma autonomía fiscal que en Euskadi, pero, aun así, sí disponen de cierto margen para aplicar medidas parciales fiscales. Los ayuntamientos pueden establecer recargos a la vivienda vacía y los Gobiernos autonómicos pueden incorporar deducciones en el tramo autonómico del IRPF, especialmente para jóvenes, alquiler asequible o rehabilitación. Por tanto, si hay voluntad política, también hay algo de margen de acción, aunque sea pequeño.”
“Tres años después, los resultados están a la vista: los precios no han bajado, no se moviliza vivienda vacía y la oferta sigue siendo insuficiente. No se puede pretender tampoco, como solicitan en su iniciativa, resolver en tres años un problema estructural que, en el fondo, es un problema de oferta y no solo de regulación. En Euskadi creemos que nuestra experiencia demuestra que la clave está, por un lado, en aumentar la oferta ―somos la comunidad que más vivienda protegida ha construido en el Estado― y, por otro, en movilizar vivienda hacia el alquiler social a través de programas como, por ejemplo, Alokabide, que gestionan vivienda pública y privada en alquiler protegido, da seguridad a los propietarios, precios asequibles para los inquilinos y una gestión cercana y más profesional.”
“Esto demuestra que el problema no se soluciona solo con nuevas leyes o con más control, sino aumentando la oferta real, dando seguridad jurídica al arrendador y reforzando la gestión pública del alquiler. El texto que hoy debatimos vuelve a hablar de impulsar una agenda legislativa en materia de vivienda para regular, entre otras cosas, los alquileres de temporada. Pero conviene recordar que fueron precisamente quienes hoy presentan también esta propuesta los que apoyaron una ley estatal de vivienda, aun cuando la competencia es autonómica. Fíjense, ya entonces advirtió mi grupo que aquella ley no regulaba los alquileres de temporada ni los pisos turísticos, dejando fuera una de las principales vías de distorsión del mercado del alquiler.”
“No se ha movilizado más vivienda, ni aplicando el recargo, ni tampoco con la nueva ley estatal de vivienda apoyada por ese grupo político en este Congreso. A lo mejor nos pueden decir que es porque todavía no se han declarado formalmente zonas tensionadas o porque no se han aplicado todas las normas derivadas de esta figura. Lo cierto es que, aunque se declarase mi municipio como zona tensionada, la medida podría tener poco efecto porque lo que se regula son los contratos de vivienda habitual, cuando en la práctica lo que predomina en mi municipio son los alquileres de temporada, y esos precisamente no están regulados por la ley de vivienda. Esa es la realidad que vemos cada día sobre el terreno.”
“No hemos creado un régimen fiscal más favorable para este tipo de sociedades que acumulan vivienda. Hemos apostado con más o menos acierto por la función social del parque inmobiliario y por la vivienda como bien de uso y no como instrumento financiero. Hablar de vivienda no es hablar de teoría, sino de realidades. Yo misma fui concejal de Hacienda en el ayuntamiento de mi pueblo, en Lekeitio, donde aplicamos ya en el 2016 el recargo a las viviendas vacías y dimos ayudas al alquiler para movilizar el parque disponible. Sin embargo, tengo que decir que no conseguimos aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Hoy ese mismo ayuntamiento está gobernado también por Bildu y las medidas se mantienen, pero los resultados son los mismos.”
“Gracias, presidente. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Hablamos de un derecho básico, pero también de un ámbito donde se cruzan competencias, responsabilidades y, a veces, demasiadas promesas que no se traducen en resultados reales. En Euskadi desde hace años hemos convertido la fiscalidad en una herramienta más de la política de vivienda. Las diputaciones forales han aprobado el marco normativo que permite a los ayuntamientos aplicar recargos de IBI a las viviendas vacías. A esto se suman las deducciones al alquiler joven y asequible, incentivos a la rehabilitación y eficiencia energética, y límites de renta para orientar las ayudas hacia quienes más lo necesitan. Además, hace mucho que también superamos el modelo especulativo de las socimi.”
“Por otro lado, nos han sorprendido algunos de los términos que se han usado en la redacción de la ley. Parece una iniciativa redactada por un partido estatal y no por un partido independentista, pero esto se puede corregir con las enmiendas. Y, para terminar, aunque vamos a apoyar la proposición de ley, además de corregir los errores en el ámbito competencial, nos parece necesario hacer un análisis de todos los proyectos de ley que existen en este Parlamento, en esta Cámara, para analizar de forma integral el reto de la vivienda y tomar medidas. De lo contrario, estaremos colocando un parche encima de otro y, si bien estaremos corrigiendo un aspecto, estaremos poniendo patas arriba otro. Muchas gracias.”
“Estas medidas son necesarias y alguna más, tanto de control como de incentivo en la oferta, también desde la colaboración público-privada, incentivando a los propietarios para que opten por el alquiler habitual, con medidas fiscales, ayudas a la rehabilitación que reduzcan el número de viviendas deshabitadas de manera permanente e igualmente con modificaciones legales que den seguridad. Y, evidentemente, se necesitan medios económicos que perduren en el tiempo. Dicho esto, voy terminando. Egia esan, EH Bilduk aurkeztu duen lege proposamenak nolabaiteko emendakina jartzen dio 2023an onartu Zuten Etxebizitza legeari. Agerian uzten duelako dituen gabeziak eta bere hutsuneak betetzera dator proposamen honek bilatzen duenarekin. Bestalde, legearen erredakzioan topatu ditugun zenbait terminologiak ere harridura sortu digu.”
“Los grupos que apoyan al Gobierno vasco ―el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista― han presentado una proposición de ley, que hoy está en tramitación en el Parlamento vasco, que articula medidas para contrarrestar la reducción de la oferta de vivienda habitual, como la suspensión de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, no solo su publicidad, como hace esta proposición, y lo hacemos tanto en el marco de la ley de vivienda como en el de la ley de turismo. Pero ahí donde tienen que colaborar, señor Matute, parece que tienen otros intereses. Asimismo, la proposición de ley de medidas urgentes de Euskadi propone la aplicación de un régimen sancionador y de control que refuerza la función social de la vivienda frente a usos especulativos.”
“-- 26 of 86 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 7 de octubre de 2025 En nuestro grupo interpretamos esta proposición como una enmienda de corrección a la ley de vivienda de 2023. Tal y como denunciamos cuando se aprobó dicha ley, el alquiler temporal y los pisos turísticos en particular eran puntos que dejaban una vía de escape a los propietarios que quisieran huir de su aplicación. Y esto no lo decía el Partido Nacionalista Vasco, lo dicen las personas expertas que vinieron a la comisión y los informes de la OCU. Por eso en el Partido Nacionalista Vasco hemos defendido siempre la necesidad de tomar medidas, también restrictivas, como en Bilbao y en Donosti. Y vamos más allá.”
“Es decir, que una inmobiliaria de Hernani también entraría en este objeto, lo cual consideramos que correspondería a Euskadi. Se le da pie al Estado a entrar donde no le corresponde. ¿Va a ser la unidad especializada estatal la encargada de las labores de inspección en todo caso? Debería, por lo tanto, si esta proposición iniciara su trámite, plantear una relación más cuidadosa con el ámbito competencial. De hecho, en su lectura, he creído reconocer más una propuesta del Grupo Parlamentario SUMAR, de ámbito estatal, que de un grupo independentista. Casi pareciera una ley del Ministerio de Consumo, sobre todo porque se les ha colado terminología como «territorio nacional» en referencia al Estado; un poco contradictorio para quien reivindica a la nación vasca.”
“El control de la información y la protección de los consumidores corresponde a la Administración autonómica, que puede sancionar, como ya lo está haciendo, a los operadores turísticos por publicidad engañosa o incumplimiento de la obligación de información. Y aunque esta proposición declara expresamente que no menoscaba estas competencias autonómicas y locales, limitando ―se dice― su actuación a la publicidad y contratación en plataformas como empresas prestadoras de servicios, no solo se habla de plataformas en línea, sino también de empresas prestadoras de servicios que publiciten, promocionen, publiquen o anuncien la contratación de viviendas turísticas y de corta duración mediante cualquier medio analógico o digital.”
“Puede considerarse, sin embargo, que esta iniciativa aporta una mayor clarificación en cuanto a las obligaciones y a su incumplimiento por parte de las plataformas, no por parte de los arrendadores o anfitriones, a los que no se les sanciona con esta proposición, sino con la normativa ya existente; en el caso de Euskadi, con la ley de turismo y las ordenanzas municipales. Lo más significativo, sin embargo, es el régimen sancionador, desproporcionado, a nuestro entender, pero esto merece otro debate. En relación con el ámbito competencial, en Euskadi ya están reguladas las viviendas de uso turístico en la ley vasca de turismo y en su decreto de desarrollo. Los pisos turísticos deben inscribirse de acuerdo con esta normativa.”
“Sin embargo, se obvia que desde la entrada en vigor del registro único los controles han supuesto ya la retirada de más de 65 000 anuncios de viviendas turísticas por no incluir el número de licencia obligatorio. Además, son objeto de seguimiento más de 54 000 anuncios que no disponen de este número de registro oficial y se mantienen abiertos expedientes sancionadores contra gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares. Lo que nos lleva a preguntarnos si esta nueva iniciativa es necesaria y proporcional, ya que, sin haberla tramitado, la intensificación de los controles sobre los propios pisos turísticos ha hecho que se haya bloqueado la publicidad de buena parte de las viviendas que no cumplían los requisitos legales.”
“Por dar un dato: en Donosti, en 2015, al inicio del mandato de Eneko Goia, había 2200 viviendas de uso turístico y gracias a las medidas adoptadas por el ayuntamiento esa cifra ha bajado a 1300. En Europa, en 2024, también se aprobó el reglamento de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ya establece la obligación de la obtención del número de registro para las viviendas de uso turístico y que entró en vigor en el Estado mediante real decreto en diciembre de ese mismo año. Con esta iniciativa que debatimos hoy se propone intensificar el control de las plataformas o empresas que presten servicios de alquiler de alojamientos de corta duración sin cumplir los requisitos legales.”
“En el Congreso son numerosas también las iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, entre ellas una proposición como la ley del suelo, que se echó atrás por intereses partidistas. En lo referente a Euskadi, aunque el grupo proponente obvia este dato, se está tramitando una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista para suspender nuevas declaraciones responsables para viviendas turísticas en zonas de mercado tensionado, con sanciones para los alquileres que incumplan las obligaciones en dichas zonas, sin olvidar, además, la ley de turismo y las ordenanzas municipales allí donde se han desarrollado, como en Donostia.”
“Gracias, presidenta. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, aunque dudamos de la oportunidad temporal, sobre la que volveré más tarde, además de las carencias en su formulación, sobre todo de ámbito competencial, que de admitirse a trámite deberían ser corregidas, para lo cual mi grupo presentaría enmiendas. En relación con la oportunidad, en los tres ámbitos ―Estado, Euskadi y Europa― se han dado pasos para abordar esta realidad, aunque con diferentes resultados. En el ámbito estatal, existe en la actualidad una gran cantidad de iniciativas legislativas que siguen sin tramitarse. Por su dispersión, es difícil realizar una evaluación integral, tal y como demanda el reto de la vivienda, lo cual, además, está impidiendo obtener los resultados deseados.”
“Iniziatiba honen kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Si hay fraudes, habrá que perseguirlos, pero no podemos castigar a todos por los fallos de unos pocos. No necesitamos más trabas, sino aplicar lo que ya existe. No podemos olvidar que este permiso no es un privilegio, sino un derecho para facilitar la vida, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación familiar y la protección de hijos e hijas. Es un permiso que debe ser efectivo y real. No podemos basarnos en sospechas para crear un sistema social. Votaremos en contra. Gracias.”
“Creo que tenemos que defender un permiso de paternidad real, accesible y efectivo para todas las familias y, como hemos dicho antes, no podemos construir o reformar un sistema de protección social a base de sospechas o casos aislados. Iruzurrak badaude, jazarri edo esetsi daitezela, baina gehiengoa gutxi batzuen akatsetatik zigortu barik. Ez dugu traba berririk behar, aurreikusita dagoena ondo aplikatzea baizik. Ez dugu ahaztu behar aitatasun baimena familien bizitza errazteko sortu zela. Ez da pribilegio bat, eskubide bat baizik. Eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, familia kontziliazioa eta, batez ere, seme-alaben babesa bilatzen dituen eskubidea. Gurasotasun baimen erreala, eskuragarria eta eraginkorra defenda dezagun familia guztientzat. Ezin dugu susmoetan oinarritutako babes sozialeko sistema bat eraiki edo berriztu.”
“Se construye un relato de sospecha sobre un colectivo, y creemos que esto es injusto, puede ser incluso desproporcionado y puede generar desconfianza social. Si hay fraudes, que se persigan, evidentemente, pero sin castigar a la mayoría por -- 44 of 79 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 23 de septiembre de 2025 los errores de unos pocos. Ya existen mecanismos de control: la Seguridad Social puede verificar documentos, la Inspección de Trabajo puede sancionar, los tribunales pueden actuar… No necesitamos nuevas trabas, necesitamos aplicar bien lo que ya está previsto aplicar. No debemos olvidar, además, que el permiso de paternidad nació para facilitar la vida de las familias. No es un privilegio, es un derecho, un derecho que busca igualdad entre hombres y mujeres, conciliación familiar y, sobre todo, protección de las y los hijos.”
“¿De verdad vamos a modificar una ley que protege a miles de familias por unos pocos expedientes aislados? Yo creo que eso es legislar no tanto con rigor, sino igual desde los prejuicios, y yo creo que esto no es proteger el sistema, sino debilitarlo. Exigir certificados consulares y trámites adicionales creemos que no va a resolver el fraude real en sí, si es que lo hay, y, sin embargo, sí puede imposibilitar el acceso al permiso a quienes tienen menos recursos o viven lejos de un consulado, generando seguramente una desigualdad real. Además, tampoco podemos ignorar el origen de esta propuesta porque, como también ha indicado la diputada que me ha precedido, se señala a los migrantes como los principales supuestos responsables del fraude para acabar imponiendo barreras a todos.”
“Gracias, presidente. El permiso de paternidad es hoy un derecho reconocido universal que garantiza la igualdad, la conciliación y la protección de los hijos e hijas, yo creo que nadie discute esto, pero lo que hoy se nos plantea es quizá llenar de burocracia un derecho para volverlo impracticable para muchos. Conviene ser claros: un derecho que existe solo en el papel, pero que se puede dificultar en la práctica, creo que deja de ser un derecho real y se puede convertir incluso en un privilegio para quienes pueden superar determinadas trabas administrativas, mientras que los demás se quedan fuera. Se justifica esta reforma diciendo que hay fraudes, pero los propios datos oficiales reconocen que los casos son mínimos. Creo que legislar desde la excepción es castigar a la mayoría por la conducta de unos pocos.”
“Un despido restaurativo y disuasorio, sí, pero también objetivo, previsible y seguro para todos, porque el despido no es un simple acto jurídico, es un hecho que altera la vida de las personas y debemos afrontarlo con rigor y con una mirada amplia que equilibre derechos, obligaciones, justicia y seguridad, protección y responsabilidad. Eskerrik asko.”
“el diálogo social no solo sirve para pactar equilibrios, sino que también puede aportar criterios que ayuden al legislador a tomar decisiones más acertadas con criterios objetivos, compartidos por las partes, que conocen de primera mano la realidad del mercado de trabajo, y que podrían convertirse en la base de una ley clara y más justa. Podemos entender que, dada la aritmética parlamentaria, SUMAR haya dejado esta propuesta abierta como estrategia política para conseguir los apoyos necesarios para que salga adelante, pero, para que los grupos podamos fijar una posición responsable, sería necesaria una propuesta mucho más concreta.”
“Lo que disuade a una gran multinacional puede ser irrelevante para una pyme y por eso necesitamos objetivizar esa disuasión en la ley, con -- 46 of 78 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 16 de septiembre de 2025 criterios claros y proporcionados que eviten arbitrariedades y garanticen que la norma sea justa y eficaz en cualquier contexto. Sorprende también que esta propuesta no haya pasado por la mesa de diálogo social, un espacio diseñado precisamente para que trabajadores y empresarios negocien y acuerden soluciones realistas y equilibradas, aunque no todos estemos representados en ese diálogo social. Pero sí quiero subrayar algo importante.”
“¿O preferimos un sistema en el que todos sepamos a qué atenernos y donde la compensación no dependa de factores subjetivos, sino del incumplimiento precisamente de los deberes de la empresa? Porque un sistema justo y predecible requiere confianza en que las reglas sean objetivas y equitativas, y esa confianza solo puede sostenerse si además estamos todas y todos convencidos de que todos estamos amparados por los mismos criterios, sin diferencias arbitrarias que generen o que puedan generar agravios comparativos. Por otro lado, y en cuanto a la disuasión, lo cierto es que estamos ante un concepto subjetivo y un tanto resbaladizo. Todos coincidimos en que las empresas deben pensárselo dos veces antes de despedir sin causa. Pero la disuasión, señorías, no es igual para todos.”
“Y esa falta de definición no es menor, porque si no somos claros y no establecemos reglas claras, volveremos a dejar en manos de los tribunales la interpretación de la norma, y todos sabemos lo que eso significa, que, a lo mejor, dos trabajadores en idénticas condiciones en el puesto de trabajo, pueden recibir indemnizaciones muy diferentes dependiendo del juez que les toque. Y, ante esto, también debemos hacernos una pregunta de fondo, a la que creo que tenemos que dar respuesta: ¿Estamos dispuestos a aceptar un sistema en el que algunos trabajadores reciban un poco más y otros un poco menos, según sus circunstancias personales, para acercarnos a un modelo más humano y más justo?”
“No se establecen topes mínimos ni máximos para garantizar un equilibrio entre la justicia para el trabajador o la trabajadora y la sostenibilidad para las pymes o autónomos que tienen empleados a su cargo, no se definen supuestos agravantes para las empresas, no se fijan coeficientes de disuasión, no aclaran los procedimientos ni tampoco se tiene en cuenta que en el sistema laboral es la empresa quien decide en última instancia si readmite al trabajador o lo indemniza, salvo algunos casos excepcionales, algo que también limita o puede limitar la efectividad práctica de una indemnización restaurativa. En definitiva, hoy se nos pide votar sobre algo que suena bien en lo conceptual, pero que en lo concreto resulta un tanto difuso y abstracto. Es como una melodía agradable de la que todavía desconocemos la partitura.”
“En este escenario, hoy el Grupo SUMAR nos presenta una iniciativa inspirada en la resolución del CEDS para un despido restaurativo y disuasorio, una idea atractiva y justa en su finalidad. Hasta aquí, desde luego que estamos de acuerdo, pero el problema está en que estamos ante una iniciativa que carece de concreción. No se nos dice cómo se calcularán esas indemnizaciones, si en función de la antigüedad, salario, edad del trabajador o cualquier otra circunstancia; en definitiva, desconocemos qué criterios plantean para su cálculo.”
“Y conviene también recordar, señorías, que en diciembre de 2024 el Tribunal Supremo dejó claro que los jueces no pueden aumentar la indemnización legal por su cuenta, aunque existan circunstancias particulares o especiales. ¿Por qué? Porque dice que hacerlo vulneraría la seguridad jurídica y pondría en riesgo la igualdad de trato frente a la variabilidad de caso por caso. Además, añade que no se vulneran ni el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, que la indemnización legal se considera adecuada y que solo el Parlamento es quien puede cambiar la ley e introducir cambios que contemplen agravantes o reparaciones adicionales.”
“Gracias, presidente. Hoy hablamos de un tema crucial, la reconfiguración del despido improcedente y su indemnización, proponiendo un modelo restaurativo y disuasorio, que busca reparar al trabajador afectado o trabajadora afectada y, al mismo tiempo, hacer que las empresas se lo piensen dos veces antes de despedir sin motivo. Por tanto, estamos hablando de algo que afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores en nuestro país, pero también a las empresas, a la competitividad, a la cohesión social y, en última instancia, creo que también a la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones. Como bien se ha dicho aquí, el Comité Europeo de Derechos Sociales recomienda que las medidas frente al despido injustificado deban ser eficaces, adecuadas y disuasorias.”
“También esto es vender la piel del oso antes de cazarlo, se adelantan acontecimientos sin fundamento real, puesto que supone, a nuestro juicio, asumir posiciones precipitadas que podrían derivar en un nuevo bloqueo de la reducción de jornada si se trae nuevamente cuando lo que realmente se necesita es prudencia, ganas y arremangarse para trabajar en las enmiendas si de verdad se quiere sacar la misma. No se trata de plantear la negociación en términos de vencedores y vencidos, sino de alcanzar un equilibrio justo que permita abordar esta reducción de jornada sin dejar a nadie atrás, ni a las trabajadoras ni a los trabajadores, que reclaman mejores condiciones, ni al sector empresarial, que también forma parte de esta ecuación.”
“Votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad, no para negar los problemas, sino para resolverlos con diálogo social, con medidas transitorias, con apoyo a las pymes y con políticas de productividad, no para imponer, sino para construir consensos. En este sentido, también me gustaría hacer alusión a las advertencias de algunos grupos que presuponen, antes incluso de este debate, que una modificación de esta reforma que hoy debatimos puede suponer un recorte a los derechos de las y los trabajadores.”
“La norma debe permitir fórmulas adaptadas y flexibles que protejan los derechos laborales, por supuesto, y a su vez no asfixien con cargas imposibles o pongan en riesgo la viabilidad de sectores con características muy específicas. Concluyo. Reducir la jornada no es una panacea que va a resolver todas estas dificultades de forma automática, pero sí creemos que puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fomentar la salud laboral y avanzar hacia un modelo más sostenible y productivo, como ya he adelantado, con medidas de acompañamiento focalizadas, que se podrían plantear, como he dicho, vía enmiendas parciales.”