Mikel Legarda Uriarte
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) · Spain
“Por eso, señorías, esta reforma del Reglamento de la Cámara busca flexibilizar, facilitar la constitución de grupo parlamentario propio, tanto a las formaciones políticas más pequeñas a nivel estatal con representación en la Cámara como a aquellas otras formaciones políticas que se presentan en ámbitos más reducidos al estatal, pero donde…”
“Por otra parte, señorías, el real decreto ley sobre el que debatimos también habilita ―ya se ha dicho― un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en las Illes Baleares a través de la negociación colectiva que permite hacer frente, por un lado, al coste efectivo de la residencia en las Illes Balears por parte…”
“En definitiva, y voy finalizando, presidente, con la reforma del Reglamento de la Cámara se pretende, por un lado, dar una mejor protección al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, tal y como propugna el artículo 1 de la Constitución, en una sociedad política, territorial, ideológica y lingüísticamente plural…”
“De hecho, desde la aplicación del Real Decreto Ley 11/2024 solo habían podido realizarse, según la memoria del real decreto ley, 1300 contrataciones de personal relevista laboral en la Administración General del Estado y tan solo 239 en el resto de las Administraciones públicas del Estado.”
“Ambos, sistema electoral a través de los partidos políticos y sistema parlamentario a través de los grupos parlamentarios, transforman en acción las ideologías políticas expresadas a través de la voluntad ciudadana y conectan al electorado con sus representantes, posibilitando una mejor valoración por la ciudadanía del sistema político y…”
“Eskerrik asko, presidente. Egun on, jaun-andreok. Señorías, ministro, tomo la palabra muy brevemente para manifestar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 19/2026.”
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“Sin embargo, todo lo expuesto no quiere decir que el reconocimiento explícito de la condición de agentes de la autoridad no tenga otros efectos relevantes, tanto simbólicos como prácticos, como, por ejemplo, para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y también la propia estima de los funcionarios, a fin de su función de mantener la buena convivencia, preservar a las personas internas y facilitar el trabajo en pos de la reinserción y resocialización de las personas penadas como fin último de la pena, partiendo también de la confianza en la neutralidad de los funcionarios penitenciarios como garantes de la calidad y eficiencia de un servicio público, lo que claramente tendrá reflejo y reconocimiento en el valor probatorio de los informes que emitan respecto de los hechos presenciado o constatados, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de que aquellos deban aportar todos los elementos probatorios -- 20 of 73 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 19 de noviembre de 2024 disponibles, en línea precisamente con lo establecido en el artículo 77.5 de la ley de procedimiento administrativo, de la Ley 39/2015.”
“Ni siquiera el tipo básico de atentado contra la autoridad supondría una sensible mejor protección a la vista de la agravante específica contemplada en el artículo 551.4 del Código Penal, relativa a determinados hechos cometidos en el interior de los centros penitenciarios.”
“Todas ellas son medidas que, por sí solas, no parece que puedan determinar la reducción de la conflictividad de los centros penitenciarios, aunque sí coadyuvarán ―como decíamos― a una mayor protección jurídica de estos funcionarios, aunque también consideramos que a efectos penales no aportarán sustancialmente una mucho mayor protección a la vista de la definición de los tipos penales de atentado y resistencia grave de los artículos 550 a 556 del Código Penal por su ya condición de funcionarios públicos de los trabajadores de ejecución penitenciaria, así como de la derivada de agentes de la autoridad en la medida en que ejecutan las decisiones de los directores de los centros penitenciarios en cuanto que son autoridad para disponer y disponer de los atributos de mando y jurisdicción propia en sentido amplio, según se deriva de la normativa penitenciaria y de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.”
“Por lo que hace al fondo del asunto, la tan traída y llevada reforma del artículo 80, señalaré que se endereza, en líneas generales, a la mejora de la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios frente a agresiones de terceros, contemplando para ello cinco aspectos; a saber: primero, el reconocimiento legal de su condición de agentes de la autoridad ―reconocimiento formal―; segundo, la identificación en los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de su actividad profesional con el número profesional para reservar el anonimato de sus datos personales; tercero, el valor probatorio de sus informes; cuarto, la separación de otros detenidos e internos cuando sean privados de libertad, y, por último, el resarcimiento por la Administración de los daños que puedan sufrir en la prestación del servicio, lo que se llama el principio de indemnidad.”
“Por nuestra parte, por parte del Grupo Vasco, señorías, adelantamos que daremos nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, lo mismo que lo hemos prestado a otras con la misma finalidad, sin perjuicio de los matices y observaciones que en el trámite de enmiendas hayamos de considerar.”
“Así, si tomáramos en consideración esta iniciativa, se sumaría a la del PSOE que ya tomamos en consideración en junio pasado, cuyo trámite de enmiendas se encuentra concluido y a la espera de iniciar los trabajos en ponencia y comisión. Sin embargo, señorías, y aun pareciendo que habrá una mayoría suficiente para aprobar esta reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, a la vista de los grupos parlamentarios que la propugnan, aun con distintas iniciativas, mucho nos tememos que esta correrá la misma suerte que en las pasadas legislaturas y que se quedará en nada.”
“Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Llevamos años considerando la conveniencia de reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, tanto en debates en el Pleno de esta Cámara como en la Comisión de Interior, bien como iniciativas legislativas, bien como proposiciones no de ley o bien como mociones; sin embargo, nunca ha llegado a culminarse esta reforma. Por no remontarnos a legislaturas muy pretéritas y referirnos exclusivamente a la pasada, recordaré que, solo en este Pleno, como proposición de ley, debatimos la reforma en cuatro ocasiones, tres monográficamente y una cuarta en el contexto más amplio del régimen estatutario del personal de Instituciones Penitenciarias, siendo tomadas en consideración dos de ellas. Ahora, en esta XV Legislatura, de nuevo se reproduce el patrón de otras anteriores.”
“Por último, y respecto a la previsión social de abogacía y procura, fue esta una cuestión sobrevenida durante la tramitación del proyecto respecto de la que nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha pedido y pide al Gobierno que dialogue y llegue a un acuerdo razonablemente transversal respecto al futuro rol de las mutualidades como sistema complementario y a la situación de los mutualistas en sus prestaciones, especialmente la de su jubilación y su pasarela hacia el RETA. Cuando llegue ese momento, cuando llegue ese acuerdo, no duden de que le daremos nuestro apoyo. Finalmente, y respecto al resto de enmiendas de nuestro grupo, denlas por defendidas. Nada más y muchas gracias.”
“Habría otros muchos aspectos en los que nos hubiera gustado detenernos, pero el tiempo de la intervención tiene reglas que respetar y, por ello, finalizaré, presidenta y señorías, con algunas referencias a las profesiones jurídicas involucradas en el Servicio Público de Justicia. Consideramos que, aun dándose un paso en la buena dirección, el proyecto no aprovecha en plenitud la existencia y potencial de la procura como auténtico colaborador de la Administración de Justicia, singularmente en la fase de ejecución. Una demora en esta, tal y como hoy acontece, especialmente en el orden civil, es una quiebra a la tutela judicial, que no olvidemos que arranca con la petición y acaba con la ejecución.”
“En otro orden de cosas, y en lo relativo a las reformas procesales, no me extenderé por falta de tiempo en el establecimiento de la obligatoriedad como requisito de procedibilidad en los órdenes civil y mercantil -- 18 of 41 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 14 de noviembre de 2024 de los MASC, de los medios alternativos de solución de controversias, y con compromiso en el futuro de implantación modulada con respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Confiamos en que esta reforma facilite otra forma menos contenciosa de solucionar los conflictos, pero no como algo que interpela a la ciudadanía para lograr una justicia más sostenible. También confiamos en que no acabe incurriendo en un ritualismo retardatario y costoso para el ciudadano.”
“Reconociendo que se da un paso relevante en la buena dirección respecto a la lengua propia en la Comunidad Autónoma de Euskadi en los puestos de trabajo singularizados por razón de esta a través de una transaccional respecto a la enmienda 659 de nuestro grupo parlamentario y otras, todavía quedan cuestiones pendientes, como el mismo rol de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas que siguen sin culminar en plenitud la organización judicial en el territorio de cada una de ellas a través de la resolución de los recursos de naturaleza extraordinaria, y sin que ello deba poner en cuestión la posición del Supremo respecto a todos los órdenes jurisdiccionales en su función de unificación de doctrina, o las cuestiones planteadas también por enmiendas de nuestro grupo y que mantenemos, como aquella respecto al carácter de determinados cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia, como la transferencia de los letrados de Administración de Justicia a comunidades autónomas como la de Euskadi, que tiene competencias en esta materia a través de las cláusulas subrogatorias, o respecto a la negociación colectiva del personal al servicio de la Administración de Justicia.”
“También en este ámbito organizativo es destacable el compromiso de abordar, en tres meses desde la publicación de la ley, la situación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, que representan el 20 % de la plantilla total de jueces y magistrados y se encuentran en una injustificable situación precaria e injusta cuando se les aplica la misma disponibilidad e incompatibilidades que a jueces y magistrados. Sin embargo, señorías, y respecto a la adecuación de la organización de la Administración de Justicia a la estructura territorial del Estado, consideramos una oportunidad perdida no haber sacado las debidas consecuencias a las cláusulas subrogatorias estatutarias en materia de justicia, adaptando al menos la Administración de Justicia a la cuestión territorial.”
“Señorías, más allá de este encuadre del proyecto que tramitamos, y entrando en algunas de sus cuestiones concretas, querría destacar en lo organizativo la implantación de los tribunales de Instancia, las oficinas de justicia municipales y la no desaparición de los jueces de Paz, lo que en su conjunto supondrá, además de un acercamiento de la Administración de Justicia al justiciable, una mejora de la planta judicial, sobre todo en la primera instancia y los juzgados unipersonales con previsión de comarcalización y una singular colegialidad a la que se apunta, pero sin privar a cada juez de su responsabilidad exclusiva, con mejor capacidad que la actual Primera Instancia para responder a las nuevas necesidades de la sociedad y cuya implantación facilitará también la creación de nuevas plazas de juez sin necesidad de crear oficinas judiciales específicas para cada uno de ellos.”
“Señorías, como ya manifestamos en esta Cámara, llevamos desde la legislatura pasada tramitando tres ámbitos del Servicio Público de Justicia para su mejor eficiencia: el digital, el organizativo y el procesal, que, como consecuencia de su decaimiento por la convocatoria anticipada electoral, se han retomado en esta legislatura en dos textos: el Real Decreto Ley 6/2023, que ha recogido con carácter de urgencia, para no perder fondos europeos, la transformación digital y parte de la procesal, y que esta Cámara convalidó y que se encuentra pendiente de tramitación como proyecto de ley una vez finalizado su periodo de enmiendas, y este proyecto de ley, cuyo dictamen de comisión hoy debatimos en esta sesión plenaria y que acoge lo referido a la reforma organizativa y a aquella parte de la procesal no contenida en el decreto ley citado.”
“Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok. Intervendré de manera breve para mostrar nuestra opinión favorable en general al dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin perjuicio de que mantengamos algunas de nuestras enmiendas en un proyecto amplio y complejo y del que dan buena muestra las casi 1100 enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios.”
“Y, ministro, el principio de proporcionalidad en la acción de los poderes públicos debe ser principio rector, máxime cuando se afecta tan gravemente a una comunidad transfronteriza precisamente construida como espacio para su desarrollo a través del reforzamiento de su cohesión económica social y territorial. Por eso, ministro, le preguntamos: ¿qué instrumentos de cooperación, incluida la policial y contando con la Ertzaintza, van a ofertar al Gobierno francés para que su actuación policial en la frontera, en la comarca del Bidasoa, se adecue al principio de proporcionalidad y no perjudique tan gravemente la vida socioeconómica de la comunidad transfronteriza del Bidasoa.”
“Muchas gracias, señor ministro, por su respuesta, pero quiero volver a recordarle que sin una razón objetiva de gravísima entidad para el orden público y la seguridad interna no cabe perturbar la libertad de circulación de las personas, y esta justificación no la hemos encontrado en sus explicaciones. Ministro, miles de personas desarrollan su vida indistintamente a ambos lados del Bidasoa, como usted conoce. Los controles policiales franceses en la frontera afectan a la vida socioeconómica de la zona y a los tránsitos diarios laborales, educativos, residenciales, de ocio y de todo tipo, como usted conoce.”
“Señor ministro, por eso le preguntamos: ¿Cuáles son esas graves amenazas y actividades terroristas que han llevado al Gobierno francés a erosionar tan gravemente el concepto de ciudadanía en la Unión?”
“Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on, ministro. Como usted conoce, entre los elementos estructurales de la Unión se encuentra la libertad de circulación de mercancías y servicios en que se basa el mercado único y las de circulación y residencia de las personas como productos del concepto de ciudadanía en la Unión y que tienen pieza clave en el Tratado de Schengen con la suspensión de los controles fronterizos internos. Sin embargo, como usted conoce, ministro, en fechas recientes el Gobierno francés comunicó a la Comisión la reimplantación de controles policiales entre el 1 de noviembre pasado y el 30 de abril del próximo año en sus dos pasos fronterizos con Irún y en el servicio marítimo entre Hendaya y Hondarribia, alegando para ello graves amenazas y actividades terroristas de alto nivel.”
“El Código Penal no se construye olvidando su dolor, pero al construirlo lo trascendemos al ponerlo en relación con otros valores y principios en aras de una mejor tutela del interés general. Sin embargo, señorías, quiero señalar que, a pesar de las graves dudas que nos suscita la iniciativa, tal y como sucintamente les he expuesto, no votaremos en contra de su toma en consideración, a la espera de que en su tramitación y escuchando a expertos de diversas ramas podamos pronunciarnos con mejor criterio. Nada más y muchas gracias.”
“¿Hay razón para equiparar la perseguibilidad de estos graves delitos a los de derecho internacional, como los de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o a los de terrorismo en el caso español, cuya razón de ser derivada de acuerdos internacionales uno y de socavar los otros los mismos pilares estructurales en que se fundamenta la sociedad? Y por qué no hablar ―si aprobáramos esta norma― del principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos que recoge el artículo 93 de la Constitución. En ningún caso podríamos aplicar in malam partem esta reforma, sino simplemente sería a partir de los delitos que se cometieran desde la fecha de su publicación, nunca con efectos retroactivos. Finalizo, presidenta. Señorías, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas.”
“Y, desde el punto de vista del principio constitucional de proporcionalidad y del de seguridad jurídica, cabría también cuestionarse la iniciativa, pues superados -- 23 of 37 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 12 de noviembre de 2024 los ya amplios plazos hoy en día vigentes para denunciar, como señala alguna doctrina, ¿será posible practicar diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos o recabar material probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al hipotético responsable de los hechos? En definitiva, señorías, ¿sería la imprescriptibilidad una medida idónea para la consecución de lo que se dice, combatir la impunidad, cuando esta procesalmente es directamente proporcional al paso del tiempo?”
“Por otro lado, en el ámbito de las organizaciones internacionales, en la Asamblea del Consejo de Europa, así como en el Convenio de Lanzarote, se reclaman para este tipo de delitos contra menores plazos de prescripción proporcionales a la gravedad de los hechos, que tengan una duración suficiente para iniciar la acción penal después de alcanzada la mayoría de edad y nunca inferiores a los 30 años cumplidos, cosa que en el caso del Código Penal español se supera con creces al estar establecidos estos plazos, como les decía, en 40, 45, 50 y 55 años desde la mayoría de edad, en función de la gravedad del hecho delictivo sufrido. Asimismo, en países de nuestro entorno cultural, como Alemania, Austria o Suiza, oscilan entre los 30 y los 25 años cumplidos.”
“Ahora, señorías, por el Parlamento de Cataluña se nos presenta una iniciativa que retoma aquella reclamación de imprescriptibilidad en los delitos contra la libertad sexual de los menores, apenas ―tengo que recordar― pasados tres años desde la entrada en vigor de la Ley 8/21 y que en este aspecto lo fue casi por unanimidad.”
“Tengo que recordarles, señorías, que en el debate, durante la tramitación en el año 2021 en esta Cámara de la Ley Orgánica 8/21, se llegó a la solución transaccional de los 35 años cumplidos para iniciar el cómputo de los correspondientes plazos de prescripción, casi con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, a pesar de que el proyecto de ley proponía 30 años y de que diversas organizaciones y plataformas de protección del derecho del menor reclamaban desde los 40 años hasta la misma imprescriptibilidad.”
“Ello, sumado a los distintos plazos de prescripción de estos delitos contra la libertad sexual, que oscilan entre los cinco y veinte años, arroja como resultado hoy en día que aquellos prescriben cuando la víctima tenga 40, 45, 50 o 55 años, en función de la gravedad del hecho delictivo del que hayan sido objeto. De este modo se evitan, como señala la exposición de motivos de la Ley 8/21, espacios de impunidad en delitos contra menores que estadísticamente se ha probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico y, muchas veces, de tardía denuncia.”
“Y en esta evolución del Código Penal que les comento, señorías, fueron hitos relevantes la Ley 11/99, al establecer para ciertos delitos ―cuando la víctima, como les decía, sea menor― el inicio del cómputo del plazo a partir del día de su mayoría de edad, y la posterior Ley Orgánica 8/21, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que dividió aquellos delitos de la Ley 11/99 en dos grupos para el cómputo del dies a quo, la mayoría edad para unos y los 35 años cumplidos para, entre otros, como les decía, los delitos contra la libertad sexual.”
“Y a las reglas generales de prescripción de los delitos, que lo son en función de la gravedad de la pena asignada y cuyos plazos empiezan a correr desde el momento de la consumación del hecho delictivo y finalizan cuando acaba el cómputo de su prescripción, se añaden reglas especiales cuando la víctima es un menor, que consisten en que el cómputo de la prescripción no comienza hasta que el menor cumpla una determinada edad, bien la mayoría de edad para una serie de delitos, u, hoy en día, los 35 años para otros, entre los que se encuentran los cometidos contra su libertad e indemnidad sexuales recogidos en el título VIII del libro segundo del Código Penal.”
“Por ello, nuestra legislación penal ha ido evolucionando y estableciendo a lo largo del tiempo reglas especiales en relación con la prescripción de los delitos contra la libertad sexual de los menores.”
“Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on, jaun-andreak. Buenas tardes también para las asociaciones de víctimas que nos acompañan. La doctrina científica y forense muestra que las víctimas de delitos contra la libertad sexual de menores tardan un considerable tiempo en denunciar, bien por la relación de dependencia emocional o económica con la persona autora del delito, bien como consecuencia del bloqueo psicológico por la experiencia traumática sufrida; incluso hay un tanto por ciento que nunca llega a revelar la agresión sufrida. La doctrina asigna o categoriza estos procesos de bloqueo como barreras de tres clases: las interpersonales, las socioculturales y las intrapersonales.”
“-- 70 of 75 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 29 de octubre de 2024”
“Hay indicios, por lo menos en el caso del señor Ábalos, de que pueden haberse cometido hechos delictivos, pero faltan por determinar los hechos, las circunstancias y las autorías. Y, en el caso de la mujer del presidente, también. Y hablar, como llevamos hablando bastantes sesiones y casi de manera monográfica, de casos de corrupción que asolan al Gobierno, al partido y al presidente nos parece una exageración. Por eso, no vamos a apoyar esta moción. Es una exageración que, como decía la portavoz que me precedía en el uso de la palabra, puede estar fundada en bulos o en sesgos cognitivos que nosotros no compartimos porque no tenemos los mismos. En definitiva, señorías, simplemente quería justificar nuestro voto negativo mañana a cada uno de los puntos de la moción. Nada más y muchas gracias.”
“Muchas gracias, presidenta. Lo haré desde el escaño porque intervendré de manera muy breve, simplemente para manifestar que no apoyaremos esta moción del Grupo Parlamentario Popular, que lleva ya bastantes sesiones desde la vuelta de las vacaciones de verano y desde que abandonó aquello que llamó el giro social, hablando de casos de corrupción que asolan o rodean al presidente, como si fuera un aluvión de casos invasivos. Que nosotros sepamos hay un caso, efectivamente, que está en fase de instrucción, y es todo lo atinente al señor Ábalos; y hay otro caso que está en instrucción también, que es el de la mujer del presidente. En estos dos casos no se puede hablar todavía de corrupción.”
“Sin embargo, todos sabemos que es muy difícil determinar su autoría, ni siquiera si provienen de órganos judiciales, ya que los medios de comunicación están amparados por el derecho constitucional al comunicar la información que reciban y al guardar secreto profesional de la identidad de sus fuentes. Todo ello sabemos que dificulta la atribución de responsabilidad penal a los autores de las filtraciones, más cuando hay un número amplio de personas con acceso a esa información filtrada. Señorías, entonces, nos preguntamos por qué el Supremo señala al fiscal general cuando muy posiblemente este caso quede en nada, salvo, eso sí, que la finalidad sea llevarse al fiscal general ―como estos días he oído― «p’alante». Nada más. Muchas gracias.”
“¿Qué daño se hace con la revelación de los correos al derecho de defensa del señor González Amador si su propia relevancia, por sus relaciones afectivas, pone su caso en el escaparate público con todos los detalles? A pesar de todo, el Supremo pide que se abra causa y, además, señalando exclusivamente a dos fiscales: el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid, en vez de dejar ―que hubiera sido lo razonable― que sea el instructor del caso -- 58 of 75 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 29 de octubre de 2024 quien determine, con su investigación, la naturaleza y circunstancias de la filtración y, en su caso, sus autores. Por último, señorías ―y voy finalizando, presidente―, las filtraciones a los medios de comunicación son continuas, incluso con causas judiciales abiertas.”
“Señorías, ¿por qué señala exclusivamente al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid como potenciales filtradores cuando esos correos los conocieron más de una docena de funcionarios públicos antes de su filtración? ¿Por qué solo se señala al fiscal general del Estado cuando sabe las consecuencias políticas de ese señalamiento, la petición de su cese, como hoy comprobamos? ¿Por qué la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin poder hacer un deslinde claro del carácter dañino de la filtración para el imputado por fraude fiscal y falsificación documental ―el carácter dañino de la filtración es el elemento del tipo―, reclama que se abra causa como si se hubiera producido ese carácter dañino de la filtración?”
“Señorías, de este encausamiento del fiscal general el Partido Popular también nos insta a que reclamemos al Gobierno su cese; es decir, que un auto del Tribunal Supremo tenga consecuencias políticas y que nosotros seamos sus agentes mediatos. Esto nos lleva, a nuestro juicio, a otra cuestión previa: el análisis del auto del Supremo para determinar si del mismo es razonable sacar las conclusiones políticas que se nos piden. Y, señorías, nuestro grupo parlamentario, por el momento, no ve la suficiente densidad en el auto del Supremo para encausar al fiscal general del Estado por la filtración a los medios de comunicación de correos confidenciales.”
“Muchas gracias, presidente. Se nos presenta una iniciativa que reclama el cese del fiscal general del Estado haciéndose un recopilatorio de los motivos e iniciativas que en distintos momentos y órganos de la Cámara nos ha ido presentando el Partido Popular. A ninguna de estas iniciativas debatidas en esta legislatura relativas al fiscal general nuestro grupo ha dado su voto favorable y ahora tampoco lo hará. Tampoco con ocasión del auto del Supremo que abre causa al fiscal general por presunta revelación de secretos consistente en difundir correos electrónicos entre el abogado del señor González Amador y el fiscal del caso por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.”
“-- 14 of 75 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 29 de octubre de 2024”
“Voy finalizando, presidenta, citando a la magistrada del Tribunal Constitucional, la señora Balaguer, que en su voto particular en una de las sentencias que resolvía uno de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de seguridad ciudadana manifestaba: La ley de seguridad ciudadana no debería ser una ley de control de la ciudadanía, sino una norma de control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía. Y más tarde afirmaba: La libertad debe ser la regla, y la restricción, la excepción. Señorías, por estas mismas razones seguiremos trabajando en esta legislatura por la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana a fin de que esté más atenta a la garantía de los derechos y libertades públicas que regida o dominada por la idea de policía de seguridad en sentido estricto. Nada más y muchas gracias.”
“En estas cuestiones y en otras muchas no se pone en la debida relación la seguridad con las libertades civiles y los derechos fundamentales a través de la interpretación más favorable al ejercicio de estos últimos frente a la primacía de aquella, la seguridad, desconociendo que, en la relación entre estos dos bienes jurídicos, la seguridad es un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y nunca un fin en sí mismo.”
“Señorías, ya dijimos en legislaturas pasadas ante esta misma Cámara que la valoración negativa de la ley de seguridad ciudadana como norma de control social desincentivadora de la protección de la ciudadanía tiene expresión concreta en su articulado, sin alargarme mucho, en lo referido al derecho de huelga, al de manifestación y reunión, a la libertad de expresión, comunicación e información, a la libertad de circulación, a las potestades de policía de seguridad o al mismo régimen sancionador.”
“En fin, señorías, las mutaciones descritas y la propia ley de seguridad ciudadana configuran un binomio entre el llamado derecho penal de la peligrosidad y el derecho administrativo de la peligrosidad, en los que la seguridad se convierte en una categoría prioritaria de la política, en un bien jurídico que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance, intensificando para ello la acción preventiva contra los ilícitos penales y/o administrativos, tipificando conductas que pudieran conducir a presumirlos, incrementando e intensificando también las conductas infractoras y sus sanciones y, como tercer efecto, generando un conflicto con el principio de proporcionalidad en sus tres dimensiones en cuanto a manifestación jurídica más relevante de la idea de equilibrio justo en la dicotomía entre la libertad y la seguridad.”
“En el procedimiento administrativo sancionador, las declaraciones de los agentes policiales gozan de un poder probatorio muy superior al del orden penal; la capacidad económica del infractor se toma en mucha mayor consideración en el Código Penal, artículo 53, que en el derecho administrativo sancionador; la sanción administrativa firme se inscribe en un registro, mientras que las condenas por faltas no eran inscribibles en registro alguno, y el pago de las multas administrativas ha de realizarse con carácter general, sin esperar a la resolución judicial, caso de ser recurridas, mientras que las sanciones penales solo se abonan tras la sentencia firme.”
“Esta visión autoritaria de la ley de seguridad ciudadana es hija no solo de actitudes de control social, sino también de cambios en el derecho punitivo del Estado, que no solo agravó penalmente ciertas conductas, como los delitos de opinión o la participación de los sindicatos en piquetes informativos, sino que trasladó al derecho administrativo, a la ley de seguridad ciudadana, una parte del contenido del derecho penal: las faltas con graves consecuencias para la ciudadanía. Así, la sanción ya no la impone un juez penal, sino la administración de seguridad, sin perjuicio de su revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa, ciertamente menos garantista que la penal.”
“Señorías ―como les decía, y volviendo al fondo de la cuestión―, nuestro grupo parlamentario sigue considerando la ley de seguridad ciudadana una mala ley, gestada no específicamente para proteger a la ciudadanía, sino como respuesta autoritaria y de control ante expresiones ciudadanas de malestar social cuando una sociedad democrática avanzada no puede tener la respuesta policial como la fundamental ante la conflictividad social y las distintas expresiones ciudadanas de confrontación política o ideológica. En resumen, la ley de seguridad ciudadana es una norma donde se hace prevalecer un concepto extensivo de la seguridad, de las instituciones, de las autoridades y de sus agentes sobre la protección del ejercicio de los derechos ciudadanos y las libertades civiles.”
“Consideramos que, para lograrla, antes de presentar cualquier -- 13 of 75 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 29 de octubre de 2024 iniciativa debería haberse continuado con la dinámica de negociaciones discretas, como en la pasada legislatura, a fin de ir limando diferencias, sin dejarlas al escrutinio de aquellas formaciones políticas que solo buscan socavar la estabilidad política de la legislatura por cualquier medio. No obstante lo indicado, nuestro grupo sigue considerando un objetivo político la modificación de la ley de seguridad ciudadana, sin perjuicio de que nos reservemos el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada fruto del equilibrio de cesiones mutuas y a no dar por cerrados acuerdos en los que no hayamos participado previamente.”
“Ahora, señorías, debatimos de nuevo la toma en consideración de una iniciativa de reforma de esta ley sobre un texto que acuerdan el PSOE y Bildu y que fue presentado a la firma de los otros grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, el Grupo Vasco; texto que recoge los acuerdos de la pasada legislatura y que da redacción consensuada, solo entre el Partido Socialista y Bildu, a las cuatro discrepancias que se produjeron la pasada legislatura y que impidieron llevar la reforma al Boletín Oficial del Estado. Ciertamente, señorías ―y es preciso señalarlo―, este modo de proceder no nos parece el más propicio para la promoción de la confianza.”
“Como es conocido, en la sesión de comisión de 14 de marzo de 2023 se presentaron transacciones sobre estos aspectos que fueron rechazadas mutuamente, siendo determinante para que aquella iniciativa decayera el voto en contra de Bildu, ERC y Junts. Esta es, resumidamente, la historia de los distintos intentos de reforma de la ley orgánica de seguridad ciudadana habidos desde su aprobación en 2015.”
“Finalmente no se aprobó por diferencias en cuatro aspectos ―ya se han citado― entre los impulsores de la reforma: la prohibición expresa de las pelotas de goma; el rechazo en la frontera de Ceuta y Melilla de aquellas personas que la crucen irregularmente, intentando superar los elementos de contención fronteriza; los tipos sancionadores ―ya se ha dicho, desobediencia, resistencia negativa a identificarse ante una autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones―, y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que desacreditan la función pública encomendada.”