Mikel Legarda Uriarte
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) · Spain
“Por eso, señorías, esta reforma del Reglamento de la Cámara busca flexibilizar, facilitar la constitución de grupo parlamentario propio, tanto a las formaciones políticas más pequeñas a nivel estatal con representación en la Cámara como a aquellas otras formaciones políticas que se presentan en ámbitos más reducidos al estatal, pero donde…”
“Por otra parte, señorías, el real decreto ley sobre el que debatimos también habilita ―ya se ha dicho― un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en las Illes Baleares a través de la negociación colectiva que permite hacer frente, por un lado, al coste efectivo de la residencia en las Illes Balears por parte…”
“En definitiva, y voy finalizando, presidente, con la reforma del Reglamento de la Cámara se pretende, por un lado, dar una mejor protección al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, tal y como propugna el artículo 1 de la Constitución, en una sociedad política, territorial, ideológica y lingüísticamente plural…”
“De hecho, desde la aplicación del Real Decreto Ley 11/2024 solo habían podido realizarse, según la memoria del real decreto ley, 1300 contrataciones de personal relevista laboral en la Administración General del Estado y tan solo 239 en el resto de las Administraciones públicas del Estado.”
“Ambos, sistema electoral a través de los partidos políticos y sistema parlamentario a través de los grupos parlamentarios, transforman en acción las ideologías políticas expresadas a través de la voluntad ciudadana y conectan al electorado con sus representantes, posibilitando una mejor valoración por la ciudadanía del sistema político y…”
“Eskerrik asko, presidente. Egun on, jaun-andreok. Señorías, ministro, tomo la palabra muy brevemente para manifestar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 19/2026.”
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“En cuanto al que se dice colapso de juzgados locales y audiencias provinciales por falta de medios humanos y materiales para afrontar el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el tráfico de personas ampliando en estos delitos no asociados a la pluriprovincialidad la competencia de la Audiencia Nacional y, singularmente, con referencia al Campo de Gibraltar, quiero señalar que lo que se propone, en vez de consistir en solucionar la situación de la justicia más local, se desentiende de ella y se pasan funciones de instrucción y enjuiciamiento a la justicia más lejana y central, la Audiencia Nacional. Señorías, de lo que sufre la justicia en el Campo de Gibraltar y la costa andaluza es de falta de personal especializado, judicial, fiscal, LAJ y resto de personal, de falta de recursos materiales y también de falta de medios económicos.”
“Eso sí, sin cuestionar o matizar por parte del Grupo Parlamentario Popular los datos objetivos de aprehensiones, detenciones, operaciones, incremento de dotaciones de fuerzas y cuerpos en ese territorio o incluso de plantillas expuestos por el ministerio en este Plenario y en Comisión desde que el Plan OCON-Sur se integró en las estructuras orgánicas de la Policía Judicial de cada uno de sus territorios en el Campo de Gibraltar.”
“Y, señorías, me refería anteriormente a la utilización por el Partido Popular de la tragedia de Barbate porque de esta se sirve para justificar la ampliación de las causas competencia de la Audiencia Nacional señalando la falta de medios y preparación de la justicia en el Campo de Gibraltar, a la par que volviendo a criticar al Ministerio del Interior por lo mismo respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas en aquel territorio.”
“Nos preguntamos si no hubiera sido más fácil enmendar ese proyecto de ley que transformar esa posible enmienda en una iniciativa legislativa nueva como la que ahora se trae o si simplemente se trata de volver a utilizar los gravísimos hechos sucedidos en Barbate o, siendo menos malpensado, si simple y llanamente nos encontramos ante una desconcertante falta de coordinación entre el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado. En cualquier caso, y sea lo que sea, entraremos a valorar esta iniciativa repetida del Grupo Parlamentario Popular, que ya anticipamos que no contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.”
“Por otra parte, también nos preguntamos, como lo hizo el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado cuando se tramitó la iniciativa gemela a la presente, qué está buscando el Partido Popular, ¿efectividad mediática? Lo sugerimos porque en esta Cámara también se está tramitando la reforma de las competencias de la Audiencia Nacional, de este mismo artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través del Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que se encuentra también precisamente en este momento en periodo de enmiendas.”
“Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Tengo que manifestar nuestra sorpresa por esta iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular para reforzar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico, blanqueo de capitales anexo a estos delitos y trata de personas, y lo decimos porque esta misma iniciativa ya se encuentra en trámite de enmiendas en esta Cámara a través de la remisión por el Senado de una idéntica, aprobada por esa Cámara el pasado 29 de mayo, a propuesta también del Grupo Parlamentario Popular. Comprenderán ustedes, señorías, nuestra perplejidad de que el Grupo Parlamentario Popular nos presente a trámite de toma en consideración algo que ya se encuentra en la Cámara en trámite de enmiendas.”
“Señorías, presidenta —y voy finalizando—, los discursos de odio constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de Derecho. La prevención y lucha contra estos discursos contribuye, sin duda alguna, a mejorar la convivencia en sociedades plurales como la nuestra. Por ello, reclama enfoques transversales para mejorar la cooperación y también con el tercer sector, poniendo a la víctima en el centro de atención, no solo para asegurar su protección, sino también para restaurar su dignidad, su libertad o su libre desarrollo en igualdad de condiciones y oportunidades. Nada más y muchas gracias. -- 48 of 74 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 18 de junio de 2024”
“En definitiva, señorías, el discurso de odio, en cuanto supone un ataque al diferente como expresión de una intolerancia incompatible con la convivencia, con los elementos vertebradores del orden constitucional y con todo el sistema de derechos y libertades, supone una infracción a las normas más elementales de tolerancia y convivencia, que afecta a valores y principios comunes de convivencia, invadiendo la esfera de la dignidad inherente al ser humano, sin que ―también hay que decirlo― quepa justificación con la apelación a la libertad de expresión, que, aunque es un pilar básico de la democracia y por ello admite un amplio margen, incluso, para expresiones desabridas o injustas que puedan inquietar, molestar o disgustar a quien las recibe, queda limitada esta libertad de expresión por el respeto a los derechos reconocidos en el título I de la Constitución y no puede, por ello, ofrecer cobertura al discurso de odio contra colectivos minorizados o personas que se integran en el mismo, dejando de ser, por ello, una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto de intolerancia excluyente y no la formalización de una opinión pública que merezca el calificativo de libre, según, también, las sentencias constitucionales 136/99 y 171/2015.”
“Por su parte, el Tribunal Constitucional, singularmente en su sentencia 235/2007, los define como el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de todos los derechos fundamentales que nos identifican como seres humanos libres e iguales y que también nos permite y posibilita la convivencia en sociedad, y por ello se constituye en el fundamento del orden político y de la paz social, tal y como, literalmente, establece el artículo 10 de la Constitución.”
“Crecimiento de los discursos de odio que también se produce a la par que el incremento de la conciencia colectiva sobre la relevancia de estas conductas y consiguiente mayor atención desde sectores sociales y políticos. Por ello, consideramos la oportunidad de votar favorablemente la iniciativa, que persigue, en última instancia, la preservación de la igualdad y la no discriminación como expresión de la dignidad humana, entendida, como señala la Fiscalía General, en su circular para interpretar los delitos de odio tipificados en el 510 del Código Penal, como el respeto que se merece y el valor que debe otorgarse a cualquier ser humano por el hecho de serlo, y que se conforma como el presupuesto que posibilita el libre desarrollo de la personalidad.”
“Muchas gracias, presidenta. Se presenta a la toma en consideración de la Cámara el instar al Gobierno una serie de acciones para la prevención y lucha contra los llamados discursos de odio, que, como ustedes conocen, evolucionan año a año de manera incremental, en buena parte por el papel de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que cobran especial trascendencia en su propagación afectando no solo a la persona que recibe el discurso de odio, sino también al conjunto de la sociedad, al intensificar exponencialmente el daño respecto a épocas pasadas, perpetuando así el estigma y hostilidad contra colectivos minorizados que puede concretarse en una parte de un grupo o individuo por referencia al colectivo al que pertenece.”
“Y lo mismo cabe decir respecto a las aguas de la zona exclusiva económica correspondientes el Sáhara Occidental y su posible acuerdo entre Marruecos y España, ya que cualquier acuerdo sobre las aguas saharauis requiere también con carácter previo el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pendiente de descolonización, porque las aguas saharauis también pertenecen a ese futuro Estado que se podría construir, no cupiendo, en definitiva, ninguna reivindicación de Marruecos por el momento sobre la soberanía del Sahara Occidental ni sobre sus aguas ni sobre su espacio aéreo. Muchas gracias.”
“-- 38 of 74 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 18 de junio de 2024 Voy finalizando, presidenta, llamando la atención, en su caso, sobre futuros compromisos para la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental y la delimitación de las zonas exclusivas económicas de España y Marruecos por lo que hace a la costa saharaui en la parte en que estas dos zonas se solapan. Hay que recordar que la gestión del espacio aéreo correspondiente al Sáhara Occidental fue y es mantenida bajo dominio de España por la OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, tras la ocupación del Sahara por Marruecos, y es, por cierto, controlada por el gestor español Enaire Canarias, y, a nuestro juicio, así debe seguir siendo hasta que se resuelva legalmente el problema saharaui, porque el espacio pertenece a ese futuro Estado que se podría construir.”
“Y en esta misma línea volvemos a manifestar nuestro apoyo a los trabajos de MINURSO y a las actividades y propuestas del enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, el mismo apoyo que manifestamos a la cooperación con los campamentos de población refugiada saharaui, debiéndose incrementar al menos en igual proporción a la que se desarrolla para la cooperación con Marruecos, además de pedir al Gobierno que cumpla sus compromisos presupuestarios, pues en el ejercicio 2023 se contemplaba una partida, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, de siete millones de euros complementaria a la cooperación con el pueblo saharaui que aún no ha sido ejecutada y cuya ejecución seguiremos reclamando, además de volverla a plantear en futuros ejercicios en la cuantía que consideremos adecuada, y, por otra parte y en lo referido a la reapertura de aduanas terrestres con Ceuta y Melilla, reclamar de Marruecos el cumplimiento de los acuerdos de hace más de un año, que abogaban por la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada, incluyendo dispositivos adecuados de control de aduanas y de personas a nivel terrestre, según un calendario —se dice— acordado, del que, por cierto, desconocemos su contenido e incluso si realmente existe.”
“Según nuestro criterio, así expresado en múltiples ocasiones, el presidente del Gobierno no debería haber dicho, y menos aún de manera unilateral, que la solución más razonable, creíble y seria es la propuesta con Marruecos en 2007, sino haberse mantenido en la posición histórica del Estado, que era coincidente con la más neutral aprobada por la ONU, es decir, el derecho del pueblo saharaui, como pueblo pendiente de descolonización, a decidir libremente su futuro a través de un referéndum de autodeterminación, sin condicionantes que pudieran limitar la opción que considere más conveniente para su futuro como pueblo.”
“Muchas gracias, presidenta. Señorías, ya hemos señalado en más de una ocasión, a raíz de iniciativas sobre la cuestión saharaui presentadas en la Cámara, que tenemos la impresión de que estas siempre tienen la función, más que de buscar una solución definitiva al contencioso, de ser utilizadas para ser arrojadas de unos a otros, en función del turnismo gubernamental o de oposición que corresponda a cada cual, y, por lo que hace a la parte dispositiva de la proposición no de ley debatida, conocen que nuestro grupo parlamentario propugna recuperar el consenso parlamentario en torno a este contencioso, alejado de la postura adoptada unilateralmente por el Gobierno; decisión tomada por unas razones aún no explicitadas aunque pudieran intuirse, que ya veremos si cuando el Partido Popular llegue al Gobierno cuestiona, y, señorías, algún día lo hará, en la medida en que la esencia de la democracia es la alternancia en las instituciones.”
“Votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, sin perjuicio de que en trámites sucesivos propongamos ajustes en su texto, singularmente en las indefiniciones que presenta, a la vista de las distintas administraciones penitenciarias existentes y sin que lo señalado suponga una objeción a que el artículo 80 contenga unas bases mínimas sobre el carácter funcionarial de los cuerpos y escalas penitenciarias, o, como se llaman, de ejecución penal de los tres ámbitos institucionales penitenciarios —Administración General del Estado, el catalán y el vasco—, y tampoco ponemos en cuestión su carácter de agente de la autoridad o la remisión al régimen contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas gracias.”
“Además, hay que señalar que estos informes no eclipsan la constitucional presunción de inocencia ni gozan de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos que haga innecesaria la formación de la convicción por la autoridad sancionadora, sea administrativa o judicial, de suerte que la falta de credibilidad de una denuncia, a la vista de otras circunstancias concurrentes, no permitiría sustentar una sanción. Por último, quiero recordar que en vía judicial las actas incorporadas a un expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en derecho, y por ello no han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas. Voy finalizando, señorías y presidenta.”
“En cuanto al valor probatorio de los informes de los funcionarios respecto de los hechos presenciados en los procedimientos sancionadores, que en otras ocasiones han suscitado críticas por parte de algunos grupos parlamentarios de la Cámara, quiero señalar que esta presunción, por ser iuris tantum, admite prueba en contrario, sin que exima a los funcionarios de aportar al expediente todos los elementos probatorios, en línea con lo ya establecido en el artículo 775 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo General.”
“Señorías, consideramos que es indispensable asegurar el principio de autoridad para el pleno funcionamiento de los centros penitenciarios, y para ello debe partirse de la confianza en el buen hacer y neutralidad de los funcionarios a la hora de desarrollar su actividad, pues sin esa confianza se contribuye a su desmotivación y se genera un sistema relacional basado en la confrontación o la queja, que no fomentan precisamente la responsabilización de las personas internas, de forma contraproducente para el tratamiento resocializador, y sin que todo ello haya de suponer menoscabo al modelo garantista que articula nuestro sistema penitenciario a través de múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante la administración penitenciaria, la intervención de las distintas defensorías del pueblo, la inspección penitenciaria, recursos ante la jurisdicción penal y otras tantas garantías.”
“Señorías, por lo que hace al contenido concreto de la iniciativa en sus dos aspectos fundamentales, como lo son la declaración como agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones y el dotar de relevancia probatoria a sus manifestaciones e informes sobre los hechos presenciados en procedimientos administrativos sancionadores, quisiera manifestar que, en nuestra opinión, aunque jurídicamente no sean tan relevantes por poderse derivar de otras disposiciones del ordenamiento jurídico aplicables, suponen un reconocimiento positivo simbólicamente para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y la actuación de sus funcionarios a la hora de desarrollar su trabajo, consistente en mantener la buena convivencia, preservar los derechos de las personas internas y facilitar su trabajo en pos de la reinserción y resocialización de las personas penadas.”
“Sin duda, señorías, tal y como dijimos en el pasado, la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria trata de medidas que merecen ser debatidas e implementadas pero que no parece que por sí solas puedan determinar la reducción de la conflictividad en los centros penitenciarios, que parece estar relacionada con otros factores, como las condiciones de vida y habitabilidad, el dimensionamiento de las plantillas del personal y otros instrumentos, como la evaluación y mejora de los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones e incluso el tratamiento del gravísimo problema de la salud mental dentro de las prisiones de una parte relevante de los presos y penados.”
“Con esta proposición de ley se pretende modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, subyaciendo la voluntad de mejorar la protección jurídica del personal funcionario penitenciario frente a agresiones de terceros a fin de atender a algunas de las reclamaciones que viene planteando desde hace tiempo ese personal como garantía laboral tanto en sus funciones de vigilancia y custodia, como de reeducación y reinserción o de atención sanitaria de presos y penados, para así garantizar con ellas el -- 7 of 74 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 18 de junio de 2024 orden y el régimen interior.”
“Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. En las últimas legislaturas hemos debatido sobre el objeto de esta proposición en repetidas ocasiones a iniciativa de distintos grupos parlamentarios de la Cámara, sin que finalmente y por distintos motivos hayan tenido acomodo en la Ley Orgánica General Penitenciaria. En todas las ocasiones el Grupo Parlamentario Vasco ha votado favorablemente su toma en consideración, al igual que hoy lo haremos con la debatida, que es prácticamente idéntica, como ya se ha dicho, a la que a instancias del Grupo Parlamentario Socialista debatimos en la pasada legislatura y que la Cámara tomó en consideración.”
“En definitiva, señorías —concluyo, presidenta—, votaremos negativamente la enmienda de totalidad con texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario VOX. Muchas gracias.”
“-- 8 of 42 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 13 de junio de 2024 Señorías, como ya ha dicho en esta Cámara el último portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, la inmigración es una realidad que está ahí y ante la que no podemos cerrar los ojos, respecto a la que debemos actuar en el marco de la Unión y, a nuestro juicio, bajo los principios de solidaridad y dignidad de las personas, responsabilidad y reparto equitativo, sostenibilidad económica y social, con procesos ordenados, regulares y estables, eliminando precariedades y coadyuvando así a un desarrollo económico que también sea inclusivo; en definitiva, afrontando un fenómeno global que no tiene marcha atrás, entre otros muchos motivos, mientras las desigualdades, la pobreza y los ataques a los derechos humanos prosigan en el mundo, y que hemos de afrontar con sensibilidad, inteligencia y en beneficio común de nuestra sociedad y de los inmigrantes, y no con medidas tan destempladas como las que nos propone VOX, que solo tienen explicación como corolario de una visión tan apocalíptica como irreal de los fenómenos migratorios, que no solo es que no compartamos, sino que nos oponemos radicalmente a ella.”
“Señorías, es evidente que nuestro grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con este planteamiento; así lo hemos expuesto en numerosas ocasiones en esta Cámara y también lo hacemos ahora respecto a esta enmienda a la totalidad, como hemos hecho en tantas ocasiones cuando VOX ha embestido en esta Cámara con iniciativas sobre la inmigración con un discurso y argumentario disparatado, con unos planteamientos rayanos o más bien diría que incursos en la xenofobia, derivados del odio a los movimientos migratorios, la mesofobia, el odio a la mezcla, y la aporofobia, que, en definitiva, es el odio al pobre.”
“Sin embargo, señorías, en ningún momento esa reorientación que propugnamos nos puede siquiera hacer tomar en consideración la enmienda a la totalidad con texto alternativo que nos presenta VOX. En esta enmienda de totalidad VOX da rienda suelta a todas sus obsesiones y prejuicios sobre la inmigración, como saco ―según dicen― de buena parte de los males que —según ellos— asolan el país, con la complicidad ―también según se dice― de las autoridades gubernamentales. La inmigración —según se sostiene— roba la identidad de España y de los españoles y esta iniciativa legislativa popular acelera este proceso por su efecto llamada y las autoridades gubernamentales son cooperadoras necesarias de esta evisceración de la identidad de España, concluyendo de ello la ilegitimidad de este Gobierno.”
“Muchas gracias, presidenta. En el debate sobre la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria de migrantes en España sostuvimos que en su paso por la Comisión de Justicia la iniciativa debiera reorientarse, a nuestro juicio, hacia una regularización extraordinaria caso a caso por motivos humanitarios, como, por ejemplo, entre otros, la reagrupación familiar o los vinculados ―también lo dijimos― a razones económicas y demográficas, en concurrencia con los derechos de los inmigrantes, para así eliminar la precariedad en sus contratos de trabajo, levantando el velo de los hoy abusivos y opacos, y coadyuvando así a la mejora de su dignidad y condiciones de vida.”
“Por lo señalado, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa a fin de que podamos debatirla en la Comisión de Justicia, posicionamiento similar ―también tengo que repetirlo o recordarlo― al que hicimos en la pasada legislatura con una iniciativa política y prácticamente idéntica a esta del Grupo Parlamentario Popular, aunque también señalando que en su debate en Comisión habrá de velarse por el principio de proporcionalidad, que impide agravar con desproporción punitiva cuando todos los delitos que concurran sean leves, y también por las modulaciones precisas en la suspensión de la ejecución de la pena respecto al multirreincidente por delitos leves cuando en su conjunto tampoco superen la cifra de los 400 euros. Nada más y muchas gracias.”
“También, iniciativa del Partido Popular que, en general ―tenemos que decirlo―, encuentra puntos de contacto con el programa electoral de nuestro partido político cuando señala que la seguridad es un aspecto fundamental del bienestar, de la estabilidad y del progreso de cualquier sociedad, y refiriéndonos, entre otras cuestiones, a que evaluaríamos los resultados de la reforma que apoyamos en 2022 respecto a los casos de multirreincidencia de los delitos leves de hurto y estafa en caso de que siga siendo insuficiente la reforma de dicho año, insuficiencia que consideramos -- 23 of 70 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 11 de junio de 2024 palpable pues esa multirreincidencia parece no disminuir, sino que, por el contrario, sigue creciendo, lo que a nuestro juicio recomienda la mejora tanto de la prevención general como de la especial a través del endurecimiento de las penas previstas actualmente, sin desconocer ―y también tenemos que decirlo― otras medidas sociales de acompañamiento que quizá pudieran ser necesarias a fin de que en algunos casos se desista en la repetida actividad delictiva.”
“Se trata de una reforma, por cierto, en parte, coincidente, tengo que señalarlo, con la también registrada en esta XV Legislatura por el Grupo Parlamentario Junts, aunque aún no debatida en su toma en consideración, y superada por esta en lo que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para posibilitar la acción penal de los entes locales en los delitos de hurto o modificar el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia para conocer el histórico penal del acusado. Es una iniciativa de Junts a la que nuestro grupo parlamentario se refirió en la sesión plenaria de esta Cámara de 23 de abril pasado, manifestando su anuencia tácita a que pudiera ser debatida en la Comisión de Justicia tras su previa toma en consideración por este Pleno.”
“Ahora, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa dando una vuelta más a la reforma del Código Penal de 2022, abordando las cuestiones señaladas respecto al libro I del Código Penal, que buena parte de la doctrina considera oportunas para evitar dudas interpretativas respecto a la penalidad de la reincidencia en los delitos leves de hurto, y también nos trae de los de estafa de la misma naturaleza, además de, respecto a estos últimos, modificar el artículo 250 del Código Penal.”
“Dio lugar también, quiero recordar, a la Circular de la Fiscalía General del Estado, 1/2022, dando criterios al conjunto de las fiscalías para interpretar esta reforma. Ciertamente, señorías, ya se ha señalado, en esta reforma del 2022 no se abordó la modificación de la reincidencia en los delitos leves de estafa, artículos 249 y 250, ni las disposiciones generales del Código Penal contenidos en su libro I en lo relativo a la multirreincidencia en los delitos leves a efecto de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal o a las reglas para la aplicación de la pena o por lo que hace a la suspensión de la ejecución.”
“Todo ello, con el consiguiente desánimo para las fuerzas y cuerpos de seguridad y graves daños, principalmente, en la actividad económica y comercial. Para afrontar esta situación, en julio del 2022, como ya se ha comentado, se modificó el Código Penal, a través de la Ley Orgánica 9/2022, para endurecer la respuesta penal para los delincuentes multirreincidentes de hurtos leves; aunque, eso sí, con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y con la abstención del Partido Popular, y se modificó el Código Penal para aquellos condenados ejecutoriamente por tres delitos leves de hurto cuyo objeto de enjuiciamiento fuera también un delito leve de hurto y siempre que el montante acumulado de las infracciones fuera superior a 400 euros, a las que ya no corresponderá la pena de multa del tipo atenuado de multa de uno a tres meses, sino el correspondiente al tipo básico de prisión de seis a dieciocho meses para los hurtos de cosas muebles con valor superior a 400 euros.”
“Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on jaun-andreok. Desde la reforma del Código Penal de 2015 para abordar la creciente multirreincidencia en los delitos leves de hurto y estafa y las sentencias de la Sala segunda del Tribunal Supremo, ya citadas, de 2017 y 2019, que dejaron en papel mojado aquella reforma de 2015, hemos debatido en numerosas ocasiones, tanto en Pleno como en Comisión, cómo abordar esta cuestión de la multirreincidencia en estos delitos que, como se ha dicho, erosionan la percepción de la seguridad en la ciudadanía; que propicia, de hecho, la impunidad de sus autores por el tratamiento penal de multa que se les impone; y se instala también en la sociedad una sensación de impunidad que se refleja en ciertos comentarios que todos conocemos y que ya se han expresado aquí.”
“Señorías, esta proposición de ley es una iniciativa política con la que se puede estar en desacuerdo por su misma naturaleza política o por considerarla inconveniente o ineficaz al fin pretendido, pero no por poner en riesgo el Estado de derecho ni la separación de poderes ni los derechos fundamentales ni por no caber en la Constitución, sin perjuicio, obviamente, de lo que finalmente pueda decidir el Tribunal Constitucional. En definitiva, señorías —y termino—, pediría menos sal gruesa por aquellos que no la han esparcido en la campaña electoral en Cataluña y más consentir, allanar un camino —aunque sea tácitamente—, que les posibilite recorrerlo en el futuro. Supongo, señorías, que esto es pedir peras al olmo, pero por pedir que no quede. Muchas gracias. (Aplausos).”
“Señorías, con la amnistía se pretende mejorar la convivencia en Cataluña, lo que constituye el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales, propiciando que la irresuelta cuestión territorial en Cataluña y también en el País Vasco sea abordada a través de políticas de diálogo y negociación desde el principio de legalidad, pero también desde el consentimiento ciudadano, pues no se conciben el uno sin el otro en una democracia liberal.”
“Y respecto al principio de igualdad, señalo que es la ley, y también la ley de amnistía, la que determina la peculiaridad de cada situación, cuya concreción corresponde al Legislativo, sin haberse establecido, en este caso, discriminación normativa en la delimitación de su ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y temporal, atemperándose así al principio de seguridad jurídica, al quedar este específicamente delimitado. Lo que es justificación suficiente y razonable para enervar las críticas de arbitrariedad también vertidas por la amplitud del marco de la amnistía proyectada, lo que no es irrazonable ni arbitrario, teniendo en cuenta que en el procés estuvo involucrada una parte muy importante de la sociedad catalana y, en ocasiones, de forma mayoritaria. Voy finalizando, presidenta.”
“Iniciativa política, la amnistía, que tampoco supone, a nuestro juicio, quiebra de la separación de poderes ni de mérito judicial, ya que la amnistía como instrumento de la política valora la conveniencia pública o el interés general a tutelar, lo que corresponde al Poder Legislativo a través de la ley, y que comporta elementos no asequibles al derecho, desbordando por ello la esencia del Poder Judicial, cuya función es aplicar la normativa vigente y no valorar la conveniencia del interés general que se atiende con la ley, que es, como les decía, política pura, y cuyo único límite es el mismo marco constitucional, y su intérprete supremo, el Tribunal Constitucional.”
“Una iniciativa política en forma de amnistía que la Constitución —consideramos— no proscribe de manera absoluta, y sin que además suponga dogmáticamente una quiebra del principio de seguridad jurídica que atente contra la independencia judicial y vulnere la igualdad ante la ley. Ni que esta que ahora tratamos perjudique esos valores y principios constitucionales, al ser respetuosa con el Estado de derecho y la democracia, ya que se aborda legislativamente con un procedimiento parlamentario predeterminado, transparente y políticamente responsable, lo que no deslegitima la democracia, y que podrá tener acceso a los tribunales, así como a la justicia europea.”
“Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, en el contexto señalado, considera que ha llegado el momento en el que en el Estado se afronte la situación descrita con un nuevo punto de vista, distinto al penal y al del orden público. Consideramos que es preciso cerrar un ciclo político traumático y abrir otro con una decisión política en forma de amnistía, dirigida a desjudicializar el procés, coadyuvando con ello a consolidar la normalización institucional social y política en Cataluña, como ya se viene apreciando de manera palmaria con la concesión de los indultos y las modificaciones del Código Penal en delitos como el de sedición y la malversación, y evitando que en un futuro próximo pueda agravarse la situación por previsibles condenas y sanciones a buen número de personas en procedimientos penales, administrativos y contables.”
“En definitiva, señorías, como les decía, se trata de una grave crisis constitucional en torno al derecho a decidir, con un trasfondo de enfrentamiento entre legitimidades de distintos sentimientos nacionales de pertenencia, tratada desde las instituciones y poderes del Estado como un mero problema de orden -- 5 of 32 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 30 de mayo de 2024 público, cuya solución y tratamiento fue encomendado a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Poder Judicial, y que, aún hoy, por algunos partidos políticos, que se oponen a la aprobación de esta ley de amnistía, se sigue describiendo como un golpe de Estado.”
“Esto, unido a la crisis económica de aquellos años, con demandas insatisfechas de las instituciones catalanas, desembocó en un movimiento político y social, que fue creciendo en torno al derecho a decidir del pueblo de Cataluña, y que se manifestó en distintos momentos y actuaciones en lo que, en su conjunto, conocemos como el procés. Y tuvo como respuesta de las instituciones y poderes del Estado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con intervención de la Generalitat; la suspensión de cargos electos con imputaciones forzadas, condenas penales, administrativas y contables ejemplarizantes; con procedimientos aún pendientes y, en general —nos parece—, con una persecución obsesiva de una parte de la judicatura y con actuaciones controvertidas en torno al Tsunami Democràtic y los CDR.”
“Para el Grupo Parlamentario Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco, lo sucedido en Cataluña fue una grave crisis constitucional en torno al modo de ejercer el derecho a decidir, consecuencia mediata del inconcluso encaje de territorios como Cataluña y el mismo País Vasco en la Constitución, con fuertes sentimientos nacionales de pertenencia distintos a los del resto del Estado, con aspiraciones históricas de autogobierno y relevantes sectores soberanistas, y que de manera inmediata eclosionó en Cataluña tras la malograda reforma de su estatut, generando un choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo de Cataluña.”
“Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok. Llevamos cerca de medio año debatiendo sobre la proposición de ley de amnistía sin que la confrontación política abierta en todo este tiempo haya amainado, y no solo por el elemento superpuesto de discordia en cuanto a que la iniciativa legislativa vino acomodada a la negociación de investidura, sino también porque, más allá de las instituciones jurídicas utilizadas, lo decisivo sobre el asunto es cómo se vea globalmente lo sucedido en el procés.”
“En definitiva, señorías, en este contexto —y voy finalizando, presidente— consideramos oportuno dar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista a fin de seguir desarrollando, aplicando y garantizando la aplicación de políticas memorialistas en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas y del principio de irregresividad de la aplicación de los derechos humanos. Y, además, porque esta tarea de desarrollo de una cultura democrática y de respeto de los derechos humanos, tal como ya ha señalado uno de los relatores, permite también reflexionar sobre el presente e identificar problemas contemporáneos relacionados con la exclusión, la discriminación, la marginación y el abuso de poder. Nada más y muchas gracias. -- 52 of 71 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 21 de mayo de 2024”
“Nos referimos al informe conjunto, de 30 de abril pasado, del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; de la relatora del grupo de trabajo de desapariciones forzadas y del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, donde señalan que esas llamadas normas de concordia podrían trasgredir las obligaciones del Estado en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, desvirtuando a su vez el objetivo de las leyes de memoria de atender las necesidades y derechos de centenares de miles de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil.”
“Obligaciones de protección internacional que, además, no admiten retrocesos en los niveles de cumplimiento alcanzados una vez que una instancia pública en sentido amplio los ha reconocido, bien a través de una normativa propia o bien mediante la firma de un tratado internacional, pues la irreversibilidad es una de las características fundamentales de los derechos humanos, por su inherencia a la dignidad de la condición humana, junto a otros principios como universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por todo ello compartimos la inquietud manifestada en el informe de tres mandatos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras analizar iniciativas normativas llamadas de conciliación o concordia, de Aragón, de Castilla y León y de Valencia, y la consiguiente derogación de sus leyes de memoria.”
“Son políticas memorialistas que se han ido implantando no solo por una creciente cultura e imperativo moral, sino también por derivarse del respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, estándares a los que el Estado español se ve obligado jurídicamente por su pasado traumático y acumulación de deudas con los represaliados y sus familias y desde la firme ratificación de tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, constituyendo todos ellos un acervo internacional de derechos humanos que se concreta, entre otros aspectos, en el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, así como en la garantía de la preservación histórica de la memoria de esas graves violaciones de derechos humanos como la llave para su no repetición en el futuro, siendo estas unas obligaciones de protección de los derechos humanos en el Estado español en su conjunto —ya se ha dicho—, de todos los poderes del Estado y de todas las entidades de gobierno, cualquiera que sea su nivel, general, autonómico o local.”