Mikel Legarda Uriarte
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) · Spain
“Por eso, señorías, esta reforma del Reglamento de la Cámara busca flexibilizar, facilitar la constitución de grupo parlamentario propio, tanto a las formaciones políticas más pequeñas a nivel estatal con representación en la Cámara como a aquellas otras formaciones políticas que se presentan en ámbitos más reducidos al estatal, pero donde…”
“Por otra parte, señorías, el real decreto ley sobre el que debatimos también habilita ―ya se ha dicho― un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en las Illes Baleares a través de la negociación colectiva que permite hacer frente, por un lado, al coste efectivo de la residencia en las Illes Balears por parte…”
“En definitiva, y voy finalizando, presidente, con la reforma del Reglamento de la Cámara se pretende, por un lado, dar una mejor protección al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, tal y como propugna el artículo 1 de la Constitución, en una sociedad política, territorial, ideológica y lingüísticamente plural…”
“De hecho, desde la aplicación del Real Decreto Ley 11/2024 solo habían podido realizarse, según la memoria del real decreto ley, 1300 contrataciones de personal relevista laboral en la Administración General del Estado y tan solo 239 en el resto de las Administraciones públicas del Estado.”
“Ambos, sistema electoral a través de los partidos políticos y sistema parlamentario a través de los grupos parlamentarios, transforman en acción las ideologías políticas expresadas a través de la voluntad ciudadana y conectan al electorado con sus representantes, posibilitando una mejor valoración por la ciudadanía del sistema político y…”
“Eskerrik asko, presidente. Egun on, jaun-andreok. Señorías, ministro, tomo la palabra muy brevemente para manifestar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 19/2026.”
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“Tampoco es admisible —y voy finalizando, presidenta— que el injustificable bloqueo que se vive en la renovación del Consejo General del Poder Judicial se erija en criterio para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial al modo de una profecía autocumplida, cuando se afirma que algo no funciona al tiempo que se generan las condiciones para que no funcione, sin perjuicio, señoría —y finalizo—, de nuestra disposición a considerar los avances sobre esta cuestión a que pudiera llegarse fruto de los buenos oficios del comisario de Justicia de la Unión Europea, el señor Reynders. Nada más y muchas gracias.”
“Consideramos que mantener el nombramiento parlamentario no menoscaba la mejor garantía de independencia, según ha manifestado el mismo Tribunal Constitucional, y que, además, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de dimensión constitucional e indudable -- 23 of 73 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 27 de febrero de 2024 significación, por lo que no ha de considerarse incoherente, desde los contrapesos de todo modelo constitucional y del Estado social y democrático de derecho, compensar el poder que se entrega a los jueces, que son mayoría dentro del consejo, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria, que en nuestro modelo, además, es compartido con la carrera judicial a través de propuestas de vocales judiciales que elevan a la Cámara para su nombramiento.”
“Señorías, ya hemos señalado en múltiples ocasiones ante este Pleno que en los distintos modelos judiciales de nuestro entorno el poder político interviene o en los nombramientos judiciales o en los órganos que los nombran y gobiernan, es decir, el Poder Judicial. Ejemplo de lo primero son los Estados Unidos y el modelo continental europeo, y del segundo, es decir, ese en el que el poder político interviene en los órganos que nombran a los jueces y gobiernan el Poder Judicial, son los países con consejo de magistratura, en los que el Legislativo y el Ejecutivo están ausentes del proceso de elección de los jueces, si bien intervienen en la elección de estos consejos. Por ello, no compartimos, al menos inicialmente, volver al sistema de elección de los vocales de procedencia judicial de 1980.”
“Es una controversia que ha tenido y tiene continuación hasta nuestros días a través, singularmente, de las confrontaciones internas en el seno del consejo, que se deben a que las asociaciones judiciales y sus propuestos representan y se asocian en torno a las mismas tendencias y corrientes ideológicas existentes en la sociedad. Esta controversia en torno al modo de elección de los vocales de procedencia judicial tiene manifestación sistémica en los recurrentes bloqueos que en este Congreso y en el Senado se han sucedido cuando el Partido Popular se encuentra en la oposición, tal y como sucede hoy en día y desde hace ya más de cinco años, con las más variadas —tenemos que decirlo— y cambiantes motivaciones, aunque todas, a nuestro juicio espurias.”
“Nuestro grupo parlamentario, el grupo del Partido Nacionalista Vasco, votó en contra y, señorías de VOX, no ha cambiado ninguna circunstancia para que cambiemos nuestro sentido del voto. Por cierto, señorías, no es sostenible en modo alguno, a la luz de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto que debatimos, que, como se afirma de manera categórica en el apartado 2 de la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se ha repetido en la tribuna, sea evidente que el texto constitucional excluye para los vocales de origen judicial la forma parlamentaria de elección; sin desconocer la controversia surgida a partir de 1985, cuando se reformó el procedimiento de designación de los vocales de procedencia judicial, que tenía vigencia desde 1980, al convertirlos en vocales de plena designación de las Cortes, a propuesta de un número de electos por el propio Poder Judicial.”
“Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos una vez más en esta Cámara el procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, singularmente los de procedencia judicial. Esta vez, a la luz de una iniciativa de VOX y con un contenido que tampoco es novedad. El mismo, en buena medida, es el que ya debatimos en sesión plenaria la legislatura pasada, en mayo de 2021, con ocasión de una enmienda de totalidad con texto alternativo que presentó a una proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, de modificación del régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones. En esa enmienda, VOX pretendía básicamente volver al modelo de elección de 1980.”
“Señorías de VOX, dense por contestados respecto a su turno en contra. Nada más y muchas gracias.”
“En cualquier caso, el ministro compareciente volvió a manifestar el compromiso del Gobierno con una nueva ley, pero sin asumir compromiso alguno y sin ni siquiera manifestar que se incluiría en el calendario anual normativo de 2024. Finalizo, presidenta. En resumen, solicito de sus señorías el voto favorable a la toma en consideración de la iniciativa que presentamos para una nueva Ley de Secretos Oficiales. Consideramos que será un -- 6 of 73 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 27 de febrero de 2024 primer paso en la buena dirección para solventar una situación impropia de un Estado que se dice democrático. Entre todos los grupos parlamentarios podremos llevarla a buen puerto, con el trabajo en Ponencia y en Comisión, salvo VOX, que quizá siga encontrándose más cómodo con una ley franquista como lo es la vigente Ley de Secretos Oficiales.”
“A esto hay que sumar que en lo que llevamos legislatura, a pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre su compromiso con la ampliación de los derechos y libertades, no ha citado de oficio ni una sola vez la reforma del régimen jurídico de los secretos oficiales. Solo de manera rogada la semana pasada en la Comisión Constitucional, cuando se le inquirió al ministro compareciente sobre la cuestión, después de que anunciara la remisión en breve a esta Cámara del calendario anual normativo, enfatizó el eje de la ampliación de los derechos y libertades, aunque estando únicamente citada la ley del derecho de defensa en juicio, a la que, por cierto, el Gobierno puede ya no incluir, porque la semana que viene finaliza el plazo de enmiendas en esta Cámara.”
“Nuestra intención no es tanto plantear un documento cerrado, sino propiciar un debate que impulse un cambio del modo de proceder de un pasado autoritario en cuanto a los secretos oficiales, incompatible con un sistema democrático. Señorías, esos elementos o indicios a los que me refiero y que nos hacen sospechar que el Gobierno puede tener la tentación de dejar morir la modificación del régimen jurídico de los secretos oficiales en España se cifran en las severas críticas a elementos nucleares del anteproyecto del Gobierno emitido por los distintos consejos y plataformas que lo informaron, de los que se han hecho eco no solo distintos medios de comunicación, sino también distintos partidos políticos y grupos parlamentarios de esta Cámara.”
“Sin embargo, señorías, consideramos que hay elementos, indicios o señales que nos hacen dudar de las intenciones del Gobierno en esta legislatura sobre la nueva ley de secretos oficiales. Y, por ello, hemos presentado de nuevo la iniciativa que ahora debatimos, para que sea precursora del cambio, para que el Gobierno no tenga la tentación de dejar morir el asunto, como tantas veces en el pasado, para que, como coloquialmente se dice, se pueda subir al carro con las enmiendas que tenga a bien presentar, a través del grupo parlamentario que le apoya, estando, como está nuestro grupo, abierto a modificaciones que puedan venir de otros grupos parlamentarios para mejorar el texto.”
“Ahora, señorías, en esta XV Legislatura, algún grupo parlamentario podría decirnos que nos hemos precipitado, que el Gobierno en la pasada legislatura —políticamente es el mismo que el de la presente— ya elaboró un anteproyecto de ley de secretos oficiales de información clasificada, que fue sometido a tramitación por el procedimiento de urgencia, a información pública —cierto es que con un raquítico plazo de días—, a informe del Ministerio Fiscal, del Consejo de Transparencia, del Consejo General del Poder Judicial —como citaba— y del Consejo de Estado, entre otros; que su tramitación decayó al disolverse las Cámaras por la convocatoria electoral anticipada, y que, por ello, lo lógico hubiera sido esperar a que el Gobierno remitiera en esta legislatura al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que inició en la pasada, tras concluir la segunda vuelta de tramitación.”
“Este escenario de bloqueo gubernamental propiciado desde la XI Legislatura hace que el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco presente la Proposición de ley de reforma de la ley franquista de secretos oficiales en cada una de las legislaturas, donde proponemos seguir un modelo de país homologable al de nuestro entorno en las cuestiones básicas, estando abierto a modificaciones por parte del resto de grupos parlamentarios en un trabajo conjunto.”
“Y la verdad, señorías, ante este escenario es tan patente el desajuste de la Ley de 1968 de Secretos Oficiales con la Constitución que llama la atención que no se haya reclamado, cuando ha habido ocasión, la aplicación de la disposición adicional tercera de la Constitución, que declara derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a lo establecido en ella, máxime cuando la oposición al Gobierno de turno, ante la pasividad de este, intentó, durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, desclasificar miles de documentos, no siendo posible lograr el objetivo, sucediendo lo mismo durante la tramitación de la ley de transparencia del año 2001. (Rumores).”
“Resulta paradójico —seguía señalando— -- 5 of 73 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 27 de febrero de 2024 que nos enteremos de cosas que pasaban aquí a través de información recabada en otros países. Con el accidente de Palomares —seguía señalando— ocurre algo parecido: investigadores españoles han logrado más información de los archivos de otro país que del suyo. No tiene —concluía— ninguna justificación. A nosotros nos parece lo mismo. Señorías, con estos comportamientos, gracias a la opacidad de la vigente Ley de Secretos Oficiales, se ponen en solfa convenios internacionales suscritos por España en materia archivística y documental, tanto la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre política europea en materia de comunicaciones archivísticas como el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a la información.”
“Es cierto también que el Gobierno ha autorizado en los últimos tiempos algunos legajos militares que se pueden consultar, pero seguimos en lo que los investigadores y archiveros denominan transición amnésica y paranoia secretista, lo que les obliga a recurrir en muchas ocasiones a archivos de terceros países para acceder a documentos que les den luz sobre lo que pasaba en España en el tiempo que estén investigando. La semana pasada, el periodista y escritor Carlos Fonseca señalaba, en relación con sus indagaciones sobre el 23F, que tuvo conocimiento por un documento desclasificado de Estados Unidos de que solo dos generales llamaron al rey para declarar su lealtad y que tenía la esperanza de que Estados Unidos desclasificara pronto información importante relativa al golpe.”
“Como botón de muestra de esto que les señalo es el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que afecta a las relaciones diplomáticas, donde se clasifica todo, y cuando digo todo no son solo las relaciones diplomáticas en curso, sino también los fondos históricos de su archivo. Estamos hablando de documentos del siglo XV al siglo XX. Señorías, hoy día están clasificados como secretos la mayoría de los documentos militares, relaciones diplomáticas, lucha antiterrorista pasada, el Franquismo y la Guerra Civil, la Transición, el golpe de Estado del 23F y un largo etcétera.”
“Han pasado más de cuarenta y cinco años desde la publicación de la Constitución y aún no se ha modificado la ley franquista de secretos oficiales, que vulnera principios de actuación de los poderes públicos, indispensables y consustanciales a un régimen democrático al formar parte del sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, y que también afecta al principio de participación ciudadana, al sustraer sin moderación, sin restricción y sin límite temporal alguno cuantos asuntos consideren el Gobierno y la Administración central, impidiendo a los ciudadanos formar opinión política de los asuntos sustraídos a su conocimiento.”
“Señorías, con estas consideraciones generales sobre el asunto que debatimos, los secretos oficiales, abría de manera certera el Consejo General del Poder Judicial su informe sobre el anteproyecto de ley que sobre la materia remitió el Gobierno a finales de la pasada legislatura. A la vista de este, lo primero que constatamos de manera palmaria, flagrante, es que la legislación actualmente en vigor sobre secretos oficiales no es ni lejanamente homologable con el canon constitucional expuesto. España sigue rigiéndose en esta materia que afecta al corazón de la democracia por una ley de 1968 que responde a la lógica de un régimen autoritario como lo era el franquista, con un ligero toque, también tengo que decirlo, preconstitucional en 1978.”
“Además, la democracia como sistema político es en sí misma la participación de los ciudadanos, que no resulta posible si no hay un previo conocimiento de los asuntos públicos, sin perjuicio, claro está, de que también la Constitución, en su artículo 105, establece la posibilidad de separar del conocimiento público ciertas informaciones vedadas al acceso de los ciudadanos, a los archivos y registros que contengan datos o documentos que puedan perjudicar la seguridad y la defensa del Estado, pero no de cualquier Estado, sino de uno constituido en Estado social y democrático de derecho, sometido a límites jurídicos, en el que esa seguridad y defensa del Estado no se erige como valor absoluto, sino que esos conceptos, como títulos idóneos para justificar modulaciones al ejercicio de algunos derechos fundamentales, han de interpretarse, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con moderación, restrictivamente y entrando en juego solo cuando se haya demostrado y motivado que es necesario suprimir la divulgación de la información con el fin de proteger esos bienes constitucionales de seguridad y defensa.”
“Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jauna andrea. Señorías, en un Estado social y democrático de Derecho, como en el que se constituye España a tenor del artículo 1 de la Constitución, los principios de publicidad, acceso a la información pública y transparencia en la actuación de los poderes públicos resultan indispensables y consustanciales al régimen democrático, ya que forman parte del sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.”
“Y todo ello en relación con lo que conocemos como procés, con una posición que ustedes conocen y que es diametralmente opuesta a la de nuestro partido político y grupo parlamentario, tal y como nos hemos venido pronunciando en múltiples debates en esta Cámara y votando en los distintos proyectos y proposiciones de ley. En conclusión, señorías del Partido Popular, y como es esperable, no votaremos a favor de su iniciativa. Nada más y muchas gracias.”
“Muchas gracias, presidenta. Si me lo permite, intervendré desde el escaño porque lo haré de manera breve. Nos presenta el Partido Popular una moción para volver a tipificar el delito de sedición, para recuperar la redacción del delito de malversación previo a la reforma de diciembre pasado, para que se desista de la pretensión de amnistiar a los responsables de primer nivel y otros niveles de responsabilidad del procés, y alguna que otra consideración más sobre actuaciones en relación con jueces, magistrados y el ministerio fiscal.”
“Y tampoco puede desconocerse con carácter general respecto del desarrollo y ejecución de la Ley de Memoria Democrática que entre su aprobación y el día de hoy han mediado dos procesos electorales y un periodo de Gobierno en funciones; que bastantes actuaciones de la ley reclaman, para su mejor cumplimiento, la colaboración de las administraciones autonómicas y locales y que el vuelco electoral en estos ámbitos territoriales del poder público en favor del Partido Popular y de VOX no auguran su eficaz y eficiente colaboración. En cualquier caso —y finalizo—, felicitamos la iniciativa del Grupo Parlamentario Republicano e instamos al Gobierno al más pronto y eficaz desarrollo y cumplimiento de la ley. Nada más y muchas gracias.”
“Sea como hubiera sido en el pasado, como les decía, señorías, nuestro grupo parlamentario dará su apoyo a la iniciativa de Esquerra Republicana como testimonio de la importancia política y ética de hacer realidad con inmediatez los principios ya señalados de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, y para una mejor preservación de la memoria colectiva, sin perjuicio de los no siempre realistas plazos a los que se insta al Gobierno para completar algunas de sus actuaciones, porque en algunos casos se necesita la mediación previa de un desarrollo reglamentario, como sucede en los puntos 1, 2, 5 y 7 de la moción; porque en otros, como el punto 3, se reclama con carácter previo la realización de un inventario antes de tomar medidas para reparar a las personas afectadas; o porque en otros la actuación no corresponde al Gobierno, sino a una comisión técnica, a la que precisamente y además la ley no pone plazo alguno.”
“Son exigencias de las que se hizo eco el Grupo Parlamentario Republicano, precisamente el que ahora nos propone la ejecución diligente de la ley, llevándole a presentar una enmienda de totalidad y a abstenerse en la votación final, actitud con la que, si el resto de grupos parlamentarios la hubiéramos seguido, hoy no tendríamos la Ley de Memoria Democrática.”
“De ahí lo necesario de las políticas públicas de memoria de hechos del pasado que nos conmovieron, y de ahí también el necesario cumplimiento adecuado y diligente de la Ley de Memoria Democrática, en la que se recogen esas políticas públicas memorialistas y reparadoras. Por eso, señorías, ya adelanto que daremos nuestro apoyo a la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Republicano, no sin antes referirme, siquiera incidentalmente, al valor de las políticas útiles alejadas de las del todo o nada, alejadas del maximalismo, que permitieron tener en la Ley de Memoria Democrática todo lo máximo que se podía tener en atención al acuerdo plural necesario para su aprobación, sin poder atender —ya se ha señalado— el carácter más amplio y completo exigido por organizaciones memorialistas o internacionales de defensa de los derechos humanos.”
“Muchas gracias, presidenta. Consideramos la Ley de Memoria Democrática como una ley necesaria para preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista y también una memoria colectiva de unos dolorosos y trágicos hechos. Es una ley imprescindible para conocer la verdad, para restablecer la justicia, para fomentar la reparación y para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitaria. Es una ley ineludible, porque en Europa, después de Auschwitz, ya no puede haber reconciliación a través del olvido, sino solo a través de la verdad y de la memoria, que coadyuven a la generación de sociedades ética y moralmente mejores.”
“Sin perjuicio de que nuestro grupo parlamentario no apoyará la iniciativa debatida, sí queremos mostrar nuestro apoyo a las recomendaciones 6, 7, 13, 14 y 15 que la Comisión de Peticiones realiza a las autoridades españolas. Y también aprovecho el momento para mostrar nuestra solidaridad a todas las víctimas, y, singularmente, a las del terrorismo, y volver a recordar que las consecuencias de la violencia injustificada de ETA durante cinco décadas hacen necesaria una memoria que conlleve una pedagogía compartida de la convivencia y una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo y vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias.”
“Por lo que hace a la normativa penal en cuanto a la modificación de su artículo 90.8, para ampliar los requisitos y autoridades encargadas de su acreditación para disponer la libertad condicional, y a la normativa penitenciaria y la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con idéntica finalidad que la anterior a los efectos de clasificación, modelo flexible de ejecución y progresión de grado — singularmente, el tercero—, quiero señalar que tampoco compartimos el contenido de la iniciativa del Partido Popular por la notoria desconfianza que trasluce hacia la actuación de los juzgados de vigilancia penitenciaria, las autoridades penitenciarias y los empleados públicos de prisiones, equipos técnicos y juntas de tratamiento, así como por la desconfianza hacia el modelo de individualización científica y flexibilidad del tratamiento penitenciario en el seguimiento y la evolución penitenciaria de los reclusos, ambos con afección al correcto despliegue del principio penal orientado hacia la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.”
“Por añadidura, los tribunales de justicia, y, singularmente, la Audiencia Nacional, en lo que pudiera suponer enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, ya han sentado abundante y reiterada jurisprudencia, atendiendo tanto a los derechos de las víctimas como, en su caso, al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación. Y tampoco compartimos, entre otras cosas, el desplazamiento hacia los delegados del Gobierno en la consideración de autoridad gubernativa, a los efectos de las leyes de seguridad ciudadana y de derecho de reunión.”
“Y tampoco consideramos procedente ampliar el perímetro del artículo 578 del Código Penal y, por mimetismo, de la ley de seguridad ciudadana, de la ley orgánica del derecho de reunión y de la Ley 29/2011, de protección de las víctimas del terrorismo, además de por describir en todas ellas la conducta atípica infractora y, de igual manera, por estimar que el Código Penal se adecúa a los estándares regulatorios europeos sobre la prevención del terrorismo y defensa de las víctimas, en atención a la Directiva 541/2017.”
“-- 31 of 89 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 6 de febrero de 2024 Así, telegráficamente, no tiene sentido tratar los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, según caracterización del Estatuto de la Corte Penal Internacional y de la misma jurisprudencia española en torno al artículo 607 bis del Código Penal, cuyo tipo requiere acumulativamente masividad de víctimas, ataque generalizado y sistemático a la población civil y que sea promovido por políticas de un gobierno u organización con poder político de facto.”
“Y no es que estemos negando la legitimación democrática del Parlamento Europeo, que no lo hacemos, pero es que buena parte de las recomendaciones se formulan al amparo formal de los derechos y la protección de las víctimas del terrorismo, pero, materialmente, se refiere a la gestión de los sistemas de seguridad ciudadana, orden público y justicia penal del Estado, de los que únicamente son responsables los Estados miembros, a tenor de lo señalado en el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, sin perjuicio, más allá de lo señalado, de que tampoco compartimos el contenido de las iniciativas del Partido Popular, y no solo por considerar adecuada la legislación vigente, sino también por no participar de la orientación que se le quiere imprimir, tal y como nos hemos venido pronunciando reiteradamente en esta Cámara.”
“En definitiva, señorías, podemos colegir, sin fabular, que, al no ser tomadas en consideración en esta Cámara las iniciativas del Partido Popular y Ciudadanos, estos la retomaron, en lo sustancial, en la Comisión de Peticiones a través de su presencia mayoritaria en la misma y de sus grupos parlamentarios y ahora vuelve el Partido Popular a presentarlas en este este Congreso bajo el ropaje de Parlamento Europeo.”
“Pero, volviendo al debate que ahora tiene lugar, como les decía, señorías, el contenido de las iniciativas de la legislatura pasada del Partido Popular y Ciudadanos vuelve en buena medida a esta Cámara, ahora de la mano del Partido Popular, bajo la forma de cumplimiento de unas recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, lo cual, por cierto, no es de extrañar si tenemos en cuenta que la misión que vino a España la conformaron mayoritariamente destacados militantes del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, a los que se unieron sus respectivos grupos parlamentarios, y la visita tuvo lugar coetáneamente al debate de las proposiciones de ley que les he referido de la legislatura pasada del Partido Popular y Ciudadanos y la votación final de las recomendaciones en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contaba con mayoría absoluta de los parlamentarios de los grupos en los que se adscriben el Partido Popular, Ciudadanos y VOX.”
“De hecho, las más relevantes, por los cambios normativos que suponen, ya han sido debatidas en este Congreso de la mano de sendas iniciativas: la primera, de Ciudadanos, debatida y rechazada el 30 de noviembre de 2021, bajo el título Proposición de ley de memoria, dignidad y reparación de las víctimas del terrorismo, y la segunda, del Partido Popular, también debatida y rechazada dos meses y medio después de la de Ciudadanos, bajo el título Proposición de ley orgánica de víctimas del terrorismo. Abro un paréntesis, señorías, para recordar que nuestro grupo parlamentario votó en contra de su toma en consideración.”
“Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Presenta el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa de reforma de cinco leyes, cuatro de ellas orgánicas, para el cumplimiento ―se nos dice― de un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras visita informativa a España del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con los asesinatos de ETA sin resolver y cuyo origen fue una petición de dignidad y justicia en 2016 para que la Comisión de Peticiones examinara el asunto y, en su caso, realizara recomendaciones. Señorías, el contenido de las recomendaciones no es nuevo para esta Cámara.”
“Consideramos que es hora de afrontar las cosas de otra manera, desde el principio de legalidad y el consentimiento ciudadano; el uno sin el otro no se conciben en una sociedad democrática avanzada. (Rumores). Nada más y muchas gracias.”
“Poder Judicial al que tampoco corresponde banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo al hacer un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial, al que ―tenemos que recordar― abrió la puerta con un concepto jurídico distorsionado del terrorismo con la reforma del artículo 273 del Código Penal en 2015, que, por eso mismo, nuestro grupo parlamentario no suscribió. (Rumores). Finalizo, presidenta. Consideramos que con este acto político que es la amnistía coadyuvamos al interés general a través de la restauración de la concordia y de la convivencia política y social, quebrada de manera grave por la incorrecta gestión de una crisis constitucional gestionada con una mezcla de impaciencias e intransigencias, cometiéndose errores básicos y generando situaciones que nunca debieron haberse producido.”
“Y respecto a la que se dice afección al Poder Judicial, tenemos que volver a recordar que la amnistía como instrumento de la política que valora la conveniencia pública del interés general que persigue desborda la esencia del Poder Judicial, cuya función es aplicar la normativa vigente y no valorar la conveniencia del interés general que se atiende con las leyes, que es política pura, y cuyo único límite es el mismo marco constitucional, que en exclusiva corresponde valorar en su caso a la jurisdicción constitucional y no al Poder Judicial.”
“Desde otro punto de vista, ¿la amnistía supone también una regresión democrática y una afección a la separación de poderes, como dice el Partido Popular? La proposición ―tenemos que señalar― se está tramitando conforme a los estándares de la Comisión de Venecia, con un procedimiento parlamentario predeterminado, transparente y políticamente responsable, lo que precisamente no deslegitima la democracia, pudiendo tener la futura norma acceso a los tribunales ordinarios, a la justicia europea y al mismo Tribunal Constitucional.”
“Señorías, con la amnistía ponemos en pie una operación política de largo alcance, que coadyuva en términos de previsión y racionalidad a la mejora de la convivencia y de la paz social, como venimos apreciando de manera palmaria con la concesión de los indultos y la modificación del Código Penal, y ese -- 4 of 29 -- PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE 30 de enero de 2024 es precisamente el interés general que legitima a la ley de amnistía en términos de principios y valores constitucionales, sin perjudicar al de igualdad, ya que su finalidad, el interés general que tutela, definido por el legislador, es el que determina la aplicabilidad o no a cada situación, sin dispensar, además, un trato discriminatorio entre los distintos sujetos implicados en el conflicto, indistintamente de la posición adoptada en el mismo al que se quiere dar punto y final.”
“Por otra parte, el Partido Popular cuestiona el interés general que se tutela con la amnistía que debatimos, preguntándose además qué leyes han de cuestionarse ilegítimas para justificarla, como si solo cupieran las amnistías en tránsitos de régimen o en procesos de paz, desconociendo las que se llaman amnistías correctivas, diseñadas para situaciones en que las leyes penales, aunque siguen vigentes y legítimas, pueden devenir poco útiles para casos concretos, como cuando se aplican a delitos contra el Estado cuando el entorno social y político sobre cómo tratar esas situaciones ha cambiado, como sucede en este momento, en el que se hace preciso cerrar un ciclo político traumático con una decisión política en forma de amnistía para volver a recuperar el diálogo y la negociación, para afrontar un conflicto constitucional irresuelto que hizo crisis en Cataluña desde el recurso y sentencia constitucional con relación a su nuevo estatuto de autonomía, y que acabó llevando al conocido procés.”
“Y por la misma razón, tuvo cabida la adición, en los años ochenta, de un artículo nuevo a la Ley de Amnistía de la Transición, que el Tribunal Constitucional no declaró como una operación sin objeto precisamente por no haber quedado derogada la Ley de Amnistía a la entrada en vigor de la Constitución, en virtud de su derogatoria tercera. Señorías, la amnistía es una de las manifestaciones del derecho de gracia al que se refiere el artículo 62.i) de la Constitución, y sin restricciones constitucionales directas, como sí las tiene el indulto general.”
“Y si la amnistía, como dice el Partido Popular, no cabe en la Constitución, también cabría preguntarse por qué ningún tribunal ni tampoco el Constitucional la ha considerado derogada en aplicación de la disposición adicional tercera, que establece la derogación de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Es más, siguen aplicando la Ley de Amnistía de la Transición ante denuncias por crímenes cometidos por personas vinculadas al franquismo, que las archivan precisamente en aplicación de la Ley de Amnistía de la Transición, y la razón, señorías del Partido Popular, es sencilla: porque la amnistía cabe en la Constitución.”
“Sin embargo, entonces nos preguntamos por qué se incluyó en la misma el derecho de gracia, que en la tradición constitucional y legal española siempre ha incluido las especies de la amnistía y el indulto, pudiendo por contra haber sido taxativa si lo que se quería era haber permitido solo el indulto singular; cuando además, al tiempo que se redactaba la Constitución, las exposiciones de motivos del Decreto 338/1977, sobre el indulto, y el Decreto Ley 19/1977, sobre la amnistía, explicitan que amnistía e indulto integran el derecho de gracia.”
“Siempre hemos criticado que en el procés se trasladara a la vía judicial un conflicto político y constitucional. Ahora, la amnistía permite salir a la cuestión territorial de la vía muerta jurisdiccional y devolverla a la política, de donde nunca debió haber salido, atenuando de este modo un grave conflicto constitucional y social en torno a distintos sentimientos nacionales de pertenencia existentes en el Estado. En segundo lugar, se nos dice por el Partido Popular que la amnistía no está permitida en la Constitución.”
“En primer lugar, y como cuestión previa, quiero volver a recordar al Partido Popular que la frustración de sus expectativas para alcanzar el Gobierno central deriva de su incapacidad para alcanzar las mayorías suficientes, necesarias, en que se basan los sistemas parlamentarios proporcionales; la misma lógica que, por el contrario, le ha permitido alcanzar el Gobierno en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos. (Rumores.—Varios señores diputados: No se oye bien). Y por lo que hace a la crítica de la amnistía como mercancía política, he de señalar que el proceso de investidura operado como precursor de la amnistía, para nuestro partido y para nuestro Grupo Parlamentario, no la desvirtúa ni en su oportunidad ni en su conveniencia.”
“Muchas gracias, presidenta. Tramitamos una de las iniciativas legislativas más discutidas de los últimos tiempos, con argumentos políticos y jurídicos que vienen repitiéndose desde su misma toma en consideración, con acompañamiento de una retórica exaltada y con apelación a sentimientos de agravio por quienes se oponen a la misma. Así, se nos dice por el Partido Popular que la ley de amnistía es un pago político a una investidura a costa de la deslegitimación del Estado de derecho para evitar la alternativa política.”